Servindi, 18 de octubre, 2018.- Mar Pérez, abogada que lleva la defensa de los afectados y heridos por la represion de la Policia Nacional del Perú (PNP), durante el conflicto por el proyecto minero Conga en 2011, informó que el proceso penal en torno a este caso se retomó el pasado 16 de octubre.
La abogada de la Coordinara Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) detalló que, si bien la audiencia de control de acusación fue reprogramada para el jueves 8 de noviembre por un problema de trámite, tanto ella como los familiares de los afectados seguirán apoyando el correcto desarrollo del proceso.
"Esa audiencia es muy importante porque allí se va a decidir de una vez por todas si pasamos por el juicio oral, es decir, la última etapa del proceso", explicó Pérez a Celendín Libre.
"Por ello, tenemos que asegurarnos de avanzar cumpliendo con todos los requisitos que establece la Ley porque después todo el proceso se puede venir abajo", acotó.
Yanacocha, actor clave
Mar Pérez indicó que la importancia de este proceso penal no solo está en exigir justicia para los manifestantes heridos por el impacto de balas y bombas lacrimógenas, sino también por ser "la primera vez que una empresa minera responde por los abusos de la policía".
Si bien este proceso es en contra de los integrantes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la PNP, la minera Yanacocha está incluída como tercer civil responsable por los abatidos en conflicto Conga.
"Hemos demostrado que los policías de ese día estaban utilizando sus armas de guerra —ametralladoras, contra los campesinos—, que estaban trabajando para Yanacocha", agregó.
"Los policías llevaban su uniforme, llevaban las armas entregadas por el Estado, pero recibían instrucciones y una paga de la minera Yanacocha. Con eso hemos logrado que Yanacocha sea incluído", aclaró.
De lograr un resultado favorable, Yanacocha responderá económicamente por los daños causados a las personas, sostuvo la representante legal.
"Además hemos pedido que Yanacocha y la policía le pidan perdón por lo sucedido al pueblo de Cajamarca. También solicitamos las garantías de no repetición", anotó.
Según comentó Pérez, ese último requerimiento del caso consiste en demandar la reforma de la policía. Asegurar que las manifestaciones sean tratadas como el ejercicio de un derecho ciudadano y no como un delito. Por lo tanto, la policía debe actuar con equipos adecuados y no con armas de guerra", concluyó.
El hecho investigado en el proceso penal ocurrió la madrugada del 29 de noviembre de 2011, fecha en que unos efectivos policiales reprimieron con armas letales una manifestación en las instalaciones del megaproyecto Conga.
Durante esta concentración 15 personas resultaron heridas, algunas de suma gravedad como Elmer Campos Álvarez. Este bambamarquino recibió un impacto de bala en la columna vertebral que lo dejó inmovilizado de por vida.
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