El triunfo amazónico fue una de las batallas más duras para el pueblo waorani quienes después de pleitos con el Estado celebraron el fallo de la Corte de Justicia de la provincia de Pastaza, ubicada en la Amazonía ecuatoriana.
Servindi, 18 de julio, 2019.- La Justicia ecuatoriana ratificó el fallo que prohíbe la explotación de petróleo en una región amazónica de la provincia de Pastaza, perteneciente al pueblo indígena waorani.
De acuerdo con la resolución de primera instancia del pasado abril, el Estado ecuatoriano no había cumplido con la legislación internacional y por tanto no estaba autorizado para utilizar la zona.
A pesar de ello, en los primeros días de julio, el Ministerio de Ambiente y la Fiscalía presentaron una apelación con el fin de explotar los terrenos, la cual fue rechazada por la Justicia.
Según estos organismos, la consulta previa, libre e informada, fijada por la Organización Internacional del Trabajo para intervenir territorios de pueblos originarios, se realizó en 2012.
"Consideramos que los argumentos de la Corte ayudan a entender que lo que pasó con los Waorani también le ocurrió a otras siete nacionalidades indígenas que estuvieron inmersas en lo que el Estado llamó la 11° ronda petrolera", declaró Lina María Espinosa, abogada de la causa para programa Órbita.
Dicha ronda petrolera se refiere a la apertura de la licitación en 2012 para la explotación de 13 bloques petroleros en el suroriente de la Amazonía Ecuatoriana.
Sin embargo, el nuevo fallo en última instancia es inapelable y protege 188.000 hectáreas de territorio.
Con ello, los Waorani esperan que este veto sirva de antecedente legal para proteger otros 3.000.000 de hectáreas.
Así también esperan que muchos pueblos y naciones amazónicas lo tomen de ejemplo y se mantengan en pie la lucha contra todo lo que dañe los territorios y perjudiquen la vida de las comunidades indígenas.
Vulneración del derecho constitucional
La decisión fue beneficiosa para los waorani gracias a que argumentaron que se vulneró su derecho constitucional a la consulta previa durante la licitación.
En respuesta el gobierno explicó que fue hecha de manera correcta y propusieron hacer una nueva. Pero la comunidad denunció que en ese momento los funcionarios del gobierno visitaron el lugar y obtuvieron su aprobación por medio de engaños y regalos, pero nunca informaron que se pretendía explotar petróleo en la zona.
"Es obligación hacer una consulta, porque la de 2012 no fue. Más bien fue una socialización que terminó siendo un engaño para las comunidades indígenas. El Gobierno quiso hacer un trámite y solo generó confusión y vulneración de derechos", agregó la abogada.
Finalmente, Espinosa aseguró que si bien hay una reglamentación nacional que establece un límite de 30 días para realizar la consulta, no condice con estándares internacionales.
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