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Indígenas logran aprobación de plan sobre empresas y DD.HH.

Foto: El plan tiene como objetivo promover el diálogo entre las empresas y los pueblos indígenas - Andina

El plan conducido por el Ministerio de Justicia contó con participación de pueblos indígenas, instituciones estatales y sociedad civil para su elaboración.

Servindi, 19 de junio, 2021.- El Plan Nacional de Acción sobre empresas y Derechos Humanos 2021-2025 que busca garantizar el respeto a la dignidad humana en acciones empresariales fue aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2021-JUS el 11 de junio, 

En su proceso de creación participaron 132 instituciones estatales, empresariales, de pueblos indígenas, sindicatos y sociedad civil, con el fin de llegar a consensos a partir de un diálogo multiactor, inclusivo y descentralizado.

La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) expresó que el logro se debe en gran medida al esfuerzo de dirigentes indígenas que informaron sobre el plan en sus comunidades.

Orpio fue parte de la Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos, donde participaron la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y cinco organizaciones indígenas regionales.

Foto: DAR

Entre las organizaciones civiles, intervino Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la cual expresó que se trata de un paso en medio de una serie de acciones urgentes para garantizar los derechos humanos.

La asociación civil brindó asistencia técnica a las comunidades indígenas en el marco de su proyecto “Empoderamiento de Pueblos Indígenas”, que viene ejecutando desde 2018 con apoyo de la Unión Europea.

El plan es una iniciativa conducida por el Ministerio de Justicia, que lo implementará con ministerios y organismos públicos en el ámbito de sus competencias y las medidas para cumplir con sus metas.

Proceso de creación inclusivo

Fue elaborado durante dos años y cuatro meses, a través de tres etapas: convocatoria; elaboración de diagnóstico, con la selección de 23 temas prioritarios; y la elaboración del plan de 97 acciones estratégicas.

La Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos tuvo un importante rol al inicio del proceso, participando en las sesiones y presentando propuestas, expresó DAR en una publicación.

Además de Orpio, participaron el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru), la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI S.L.), la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU) y Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonía Norte del Perú (ORPIAN P.).

Entre los temas prioritarios destacaron la necesidad de capacitación en Empresas y Derechos Humanos, la informalidad del sector económico, la integridad y lucha contra la corrupción, estudios de impacto ambiental, además de otros.

Se tuvo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria, además de énfasis en las personas que son vulnerables ante las actividades de las empresas, según señala el documento del decreto.

El cumplimiento del plan está bajo responsabilidad del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia a través de acciones de coordinación, supervisión, evaluación y monitoreo, señala el documento.

Plan de acción

El Plan consta de cinco lineamientos estratégicos de acción. Entre ellos está la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial, siguiendo estándares e instumentos internacionales.

Diseñará políticas públicas de protección para prevenir vulneraciones a los derechos humanos, además de otras que promuevan el respeto de estos por parte de las empresas, a través de rendiciones de cuentas y sanciones.

También se señala que se fortalecerán mecanismos para garantizar a los afectados por vulneraciones a sus derechos, vías judiciales, administrativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación.

Compromiso del Estado

El Decreto Supremo fue firmado por el presidente de la República, Francisco Sagasti, y la titular del Consejo de ministros, Violeta Bermúdez, además de los ministros de Justicia, Trabajo, Interior, Cultura y Salud.

También firmaron los ministros de Producción, Energía y Minas, Comercio Exterior, Economía, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Transportes, Relaciones Exteriores, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, del Ambiente y Defensa.

 

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