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Instalan red de alerta rápida para proteger a líderes indígenas

Acciones de la red estarán enfocadas inicialmente en Ucayali, una de las regiones con comunidades indígenas más golpeadas por el avance del tráfico de terrenos y el narcotráfico.

Por Renzo Anselmo

Servindi, 18 de mayo, 2021.- Tras una reunión sostenida entre ministros y representantes indígenas en Ucayali, el 14 mayo se instaló la primera red de alerta rápida para proteger a los líderes indígenas de amenazas y agresiones.

La red tendrá la responsabilidad de articular acciones ante situaciones de riesgo que atraviesen los líderes indígenas, en coordinación con autoridades del Estado, el sistema de justicia y organizaciones indígenas.

Se espera que las líneas de acción de la red estén definidas en los próximos días y que su implementación se realice de forma efectiva, como pide la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).

Red de alerta rápida

La instalación de la primera red de alerta rápida para la protección de líderes indígenas se produjo el 14 de mayo en una reunión que sostuvieron ministros y representantes indígenas en la región Ucayali.

En el encuentro participaron los ministros de Justicia y Derechos Humanos, del Interior, de Ambiente, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y otros viceministros, además de autoridades locales.

Del otro lado estuvieron el presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Berlin Diques, y líderes indígenas de las federaciones base de esta organización.

Reunión entre líderes indígenas y ministros del Gobierno peruano el 14 de mayo en Ucayali. Foto: El Peruano

La instalación de mencionada red se ha dado en el marco del Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensores de derechos humanos.

Dicho mecanismo fue aprobado el 21 de abril mediante el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, con el objetivo de garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de los defensores.

La red de alerta rápida tendrá la responsabilidad de activar alertas y coordinar acciones de manera inmediata ante situaciones de riesgo que podrían atravesar los líderes indígenas.

Está bajo la coordinación de la abogada indígena Susy Díaz y contará con la participación de dirigentes indígenas, así como de representantes del gobierno central, regional y local.

Acciones en construcción

En diálogo con Servindi, la abogada Susy Díaz detalló que vienen coordinando con autoridades del Estado y líderes indígenas las líneas de acción que tendrá la red de alerta rápida.

“Estamos trabajando para definir el protocolo que se seguirá cuando se active una alerta, para que así podamos estar listos cuando nos toque articular en conjunto”, indicó Díaz.

La abogada del pueblo Shipibo-Konibo señaló que la coordinación involucrará también a gobiernos regionales y organismos autónomos como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Poder Judicial.

Abogada indígena Susy Díaz coordinará acciones de la red de alerta rápida. 

Además, precisó que esta coordinación se dará en el marco del Mecanismo Intersectorial —aprobado el 21 de abril— que estableció un plazo de 30 días hábiles para la aprobación de un protocolo de actuación.

Díaz también refirió que las acciones de la red estarán enfocadas inicialmente en la región Ucayali, una de las más golpeadas por el avance de actividades ilegales como el narcotráfico.

Es por eso que esperan coordinar de forma constante con la ORAU y sus federaciones bases, que también registran población indígena ubicada en las regiones de Loreto y Huánuco.

“Buscaremos que realmente se atiendan las situaciones de amenazas que sufren las comunidades, con una protección real no solo a los defensores, sino a los familiares”, señaló.

Saludan primer avance

Desde la ORAU, han saludado la conformación de la red de alerta rápida para la protección de líderes indígenas, y esperan que su implementación se realice de forma efectiva.

“¡El compromiso está hecho, lo fundamental es que se cumpla! (…) el gobierno local, regional y central tienen una gran responsabilidad para asegurar su cumplimiento”, indicaron.

Dicho cumplimiento pasa porque cada uno de los sectores involucrados en esta red asuma su papel y tenga voluntad de apoyar su implementación.

La organización que representa a 13 federaciones y 15 pueblos indígenas de Ucayali, Loreto y Huánuco también mostró su satisfacción por la designación de Susy Díaz en la coordinación de la red.

“Nos sentimos orgullosos de nuestra hermana la Dra. Susy Díaz Gonzáles que será la encargada de articular esfuerzos para hacer frente a las amenazas y agresiones que vienen sufriendo nuestros hermanos defensores”, expresaron.

Problemas de fondo

Aunque este es un primer avance, desde la organización también han pedido que se atiendan los problemas de fondo en las comunidades indígenas.

Uno de esos problemas es la falta de seguridad territorial en los pueblos indígenas, que permite al mismo tiempo el avance de traficantes de terrenos y el narcotráfico en las comunidades.

Este problema está vinculado con la falta de titulación de los territorios indígenas que desde las organizaciones indígenas han venido exigiendo como una forma de frenar el avance de actividades ilegales.

Según la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (DIGESPACR), al 2021 el 30% de las comunidades reconocidas aún no han sido tituladas.

Y el 24% de las comunidades están pendientes de inscripción en los Registros Públicos.

Comunidades indígenas luchan por la titulación de sus territorios ancestrales desde hace años. Foto: Angela Rodriguez / SPDA

Vladimir Pinto, especialista de Amazon Watch que participó como asesor de ORAU en la reunión con ministros, señala que desde el Gobierno se han planteado dos propuestas al respecto.

“Por un lado, se está proponiendo que, a través de una ley, se declare de prioridad nacional la titulación colectiva de comunidades, bajo una serie de criterios”, indica.

La segunda propuesta es sobre la emisión de un decreto para la anotación preventiva en los registros públicos de los territorios indígenas.

La idea de esta iniciativa es evitar que se otorguen títulos de estos territorios a terceros, mientras las comunidades siguen el proceso para lograr la titulación respectiva.

La anotación preventiva bloquearía la entrega títulos a particulares durante tres años, con posibilidad de prorrogarse por tres años más.

“El problema con las iniciativas es que la responsabilidad sigue recayendo sobre las direcciones regionales agrarias”, indica Pinto.

La propuesta desde las organizaciones, más bien, es que el gobierno central asuma una responsabilidad sobre las iniciativas y que, a partir de esto, se coordine con las regiones.

Vladimir Pinto también considera importante que dentro de la discusión por atender la problemática indígena también se considere a la política nacional de antidrogas.

“Es importante que esta política se discuta con las organizaciones indígenas, por lo menos con las amazónicas dada la situación concreta que están atravesando”, finalizó Pinto.

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