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Presentan jurisprudencia sobre Libertad de Expresión

Servindi, 19 de mayo, 2017.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) presentan un compendio de diversas decisiones judiciales adoptadas en los últimos cuatro años por altas cortes nacionales.

El informe representa un avance a nivel interno, por garantizar la tutela de la libertad de expresión de las personas directamente implicadas en el caso concreto, así como por exponer lineamientos jurídicos que incorporan y desarrollan a nivel nacional los estándares interamericanos.

El documento forma parte de los esfuerzos de la Relatoría Especial y UNESCO dirigidos a fortalecer las capacidades de los tribunales nacionales para consolidar al sector judicial como actor relevante en la protección de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información pública en la región.

En el informe los operadores judiciales podrán encontrar una sistematización a partir del conjunto de casos que han sido destacados y documentados por la Relatoría Especial en sus informes anuales correspondientes al periodo 2013 – 2016.

El informe incorpora jurisprudencia de diez países (Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay).

Se destaca la labor de las altas cortes de Argentina, Colombia, México y Uruguay, profusa en la incorporación y desarrollo de la doctrina y jurisprudencia interamericana, y de distintos tribunales de Brasil, que tuvieron un papel importante al promover el derecho a la libertad de expresión y ejercer el control de convencionalidad.

En lo que respecta al elenco de temas que tradicionalmente han sido abordados por los tribunales de la región, la presente sistematización identifica avances en la tutela judicial de los discursos especialmente protegidos, particularmente el discurso político y sobre funcionarios públicos.

Además, da cuenta de temas emergentes en el continente en los últimos años, como la creciente judicialización de asuntos vinculados a la agenda de la libertad de expresión en Internet, privacidad y vigilancia, sobre los cuales aún existe una incipiente jurisprudencia en la región.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH han reconocido reiteradamente que todos los tribunales nacionales – independientemente de los niveles y jerarquías – juegan un rol trascendental en el desarrollo e implementación de los estándares regionales en materia de derechos humanos.

Según ha interpretado la Corte, los sistemas de justicia locales no sólo operan como garantía de los derechos de las personas en casos particulares, sino que a través de sus decisiones pueden ampliar y fortalecer el contenido de las normas constitucionales y las leyes nacionales vinculadas con estos derechos, y con ello, el de los propios instrumentos internacionales, como la Convención Americana.

Curso en línea

En ese sentido, el 8 de mayo comenzó el curso en línea "Marco Jurídico Internacional de la libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de periodistas", con 2.200 jueces y otros operadores de justicia inscriptos.

A través de esta iniciativa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, UNESCO y el Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin se ha capacitado a más de 3.000 personas desde su primera edición en 2014.

Otras acciones

Otras acciones concretas de esta iniciativa conjunta de la Relatoría y Unesco incluyen la realización de un curso masivo virtual en la materia dirigido a jueces y la creación de un banco de jurisprudencia en materia de libertad de expresión en español.

También la participación activa en la Cumbre Iberoamericana de Jueces, la organización de encuentros de las Escuelas Judiciales nacionales, la elaboración de materiales y guías de capacitación, la realización de capacitaciones nacionales y subregionales en la materia, entre otros.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

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