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Santa Rosillo de Yanayacu: exigen captura de delincuentes ambientales

Incautación de madera talada ilegalmente en la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu en diciembre de 2021. Foto: Ronda nativa Santa Rosillo de Yanayacu.

Apus de Santa Rosillo de Yanayacu piden a presidente Castillo la detención de delincuentes ambientales que actuarían con apoyo de autoridades locales.

Servindi, 19 de abril, 2022.- Los apus Quinto y Manuel Inuma de la comunidad kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín, solicitan al presidente Pedro Castillo la detención de delincuentes ambientales vinculados al tráfico de madera que estarían coludidos con funcionarios del gobierno local.

Denunciados anteriormente, Jorge Segundo Ramírez Madruma y Julio Barbarán ahora estarían insertando rondas campesinas externas para quitar autoridad a líderes de las comunidades, en complicidad con autoridades locales.

“Todavía no tenemos ninguna respuesta de nuestro pronunciamiento, estamos en espera de qué resultado nos dan”, expresó uno de los defensores en comunicación con Servindi, respecto al documento de denuncia publicado el 12 de abril.

El pronunciamiento fue compartido a través del portal del Fondo Socioambiental del Perú, organización que viene denunciado las reiteradas agresiones contra los defensores ambientales y miembros de Santa Rosillo de Yanayacu.

 

Mafia y autoridades locales

El sábado 9 de abril hubo una juramentación para designar un jefe de rondas campesinas en Santa Rosillo de Yanayacu, territorio donde viven comunidades kichwas que poseen sus propios sistemas de autoridades comunales y de vigilancia establecidos.

“Quieren crear rondas para que no nos permitan hacer nuestros patrullajes rutinarios, nuestro control y vigilancia, no podríamos hacer nada. Eso es lo que avala el Estado”, señaló uno de los líderes de la comunidad en comunicación con Servindi.

“Todas las autoridades que vienen acá, yo creo que no son ciegos. Ven la gran cantidad de madera, madera que va diariamente por el río Yanayacu. Todas las autoridades ven la madera constante que siguen talando de nuestros bosques”, agrega.

La designación de rondas campesinas habría sido posible debido a la relación de autoridades distritales con personas acusadas de pertenecer a mafias de tráfico de madera.

Según declaraciones recogidas, estarían presuntamente vinculados la consejera regional de la región, el subprefecto, el juez de Paz del distrito de Huimbayoc y el alcalde distrital.

Entre otras personas involucradas también están Dedicación Vera Pardo y Manuela Saboya, quien además estaría implicada en el secuestro del apu Manuel Inuma, como detalló el Fondo Socioambiental del Perú en el pronunciamiento.

Amenaza permanente

Quinto Inuma y Manuel Inuma tuvieron que huir de su territorio junto a sus familias, luego de sufrir atentados, secuestros y reiteradas agresiones físicas cometidas por mafias vinculadas a tala ilegal y narcotráfico.

Quinto Inuma fue agregido físicamente en julio de 2021 por denunciar las actividad ilícitas en la comunidad Santa Rosa de Yanayacu. Vive amenazado de muerte. Foto: Captura de vídeo – Enfoques.

Recibieron protección policial en Tarapoto desde el 24 de julio de 2021, durante dos meses; sin embargo, continuaron las amenazas contra defensores ambientales de la comunidad, así como incautaciones de madera.

Uno de los líderes de la comunidad señala que se aprovechó la ausencia de los apus para colocar a migrantes dedicados a la tala de árboles.

“Han aprovechado la ausencia. Han comenzado a poner migrantes para que talen nuestras fronteras. Nosotros seguimos en esa lucha”, expresó en comunicación con Servindi.

Actualmente, ya en su territorio, Quinto y Manuel Inuma solicitan al presidente Castillo la pronta actuación de las autoridades competentes para que quienes destruyen sus bosques sean castigados.

Crimen impune

En el pronunciamiento, el Fondo Socioambiental del Perú recordó que el 90% de la madera extraída de los bosques peruanos tiene procedencia ilegal, según un informe publicado en 2012 por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA).

Asimismo, la organización recordó el caso del defensor ambiental Edwin Chota, quien denunció el tráfico maderero durante 12 años y luego fue asesinado por personas que se dedicaban a esta actividad ilegal, ante la indiferencia del Estado.

“Archivar una denuncia es indolencia y complicidad pura de las autoridades asignadas, es taparse lo oídos frente a un grito de auxilio de ciudadanos y ciudadanas, defensores ambientales (…)”, expresó el Fondo Socioambiental del Perú.
 

 

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