La Nación Wampis anuncia movilización en rechazo a proyectos de ley que respaldan la minería ilegal. Servindi pudo identificar a Eduardo Salhuana Cavides (APP), Wilson Quispe Mamani (Perú Libre), Jorge Morante Figari (Fuerza Popular), Elizabeth Medina Hermosilla y Jorge Flores Ancachi (Bloque Magisterial), como los congresistas que impulsan normativas en perjuicio de la Amazonía.
Por Yoselin Alfaro
Servindi, 18 de marzo, 2024.- Ante la aprobación y formulación de normativas que favorecen la minería ilegal el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) anunció que este 22 de marzo realizarán una marcha pacífica en la capital del distrito de Río Santiago.
La Nación Wampis es azotada por la minería ilegal, tala y otras actividades extractivas desde hace diez años sin recibir la adecuada atención del gobierno peruano.
Por esa razón, la anunciada manifestación busca involucrar a las autoridades nacionales, internacionales y eclesiásticas en una lucha conjunta para erradicar esta amenaza.
Solo el pasado 13 de marzo el Congreso aprobó el Proyecto de Ley 7278, que deroga el Decreto Legislativo 1607, que tenía por finalidad frenar la minería ilegal y fortalecer la formalización minera.
Dicho decreto ponía como fecha límite para la formalización de mineros hasta el 20 de marzo y facultaba a la Policía Nacional para tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos.
En Perú hay más de 87 mil mineros, más 25 mil con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y los restantes con inscripción suspendida.
Es decir, a la fecha hay una gran cantidad de mineros que a pesar de los años no han logrado formalizarse.
En diciembre del 2023 la aprobación de Ley que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, encendió las alarmas respecto a las diversas normativas que el Congreso formulaba en perjuicio de la Amazonía.
Y aunque el Ejecutivo observó estás propuestas, el 14 de diciembre de 2023 el Legislativo decidió aprobarla -por insistencia-, sin tomar en cuenta los pedidos de reconsideración de las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes.
Salhuana Cavides y su cercanía al sector minero
Eduardo Salhuana, es impulsor del Proyecto de Ley 2715 presentado en 2021 que plantea la incautación de maquinaria de la minería ilegal para ser entregarla a las municipalidad provinciales y distritales.
No obstante para el abogado César Ipenza, esta propuesta solo retrasaría las acciones de interdicción, en especial de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (FEMA).
El fiscal Carlos Castro Quintanilla, de la FEMA de Loreto, también dijo en entrevista al medio Convoca que el traslado de la maquinaria desde los puntos de interdicción significaría un gasto por la distancia y riesgo para quienes participan de estos operativos.
A ello se sumó un pronunciamiento de rechazo emitido en noviembre del 2023 por los Fiscales Especializados en Materia Ambiental de Madre de Dios.
SPDA informó, posteriormente, que la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Diana Vargas Quiñones de Madre de Dios había solicitado abrir investigación en contra de estos fiscales.
Otro proyecto presentado por Salhuana Cavides es la Ley 688-2021 que prorroga la vigencia del Proceso de Formalización Minera para extender el plazo de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
La propuesta fue cuestionada por el Observatorio de minería ilegal y otras organizaciones al considerar que facilita la minería ilegal con excusas de formalización que no dan resultado desde hace 19 años.
La cercanía de Eduardo Salhuana a temas vinculados a la minería datan desde mucho antes.
En el periodo 2013-2014 fue asesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin), organización que hasta la actualidad lo respalda y con la que se reunió recientemente.
Dicha reunión se dio el pasado 12 de enero para tratar temas respecto al Decreto Legislativo 1607 que modifica la ley del crimen organizado, el proceso de formalización minera y el proyecto de ley de áreas caducas N°3377.
Servindi tuvo acceso al libro de visitas del congresista Eduardo Salhuana y encontró que durante su periodo como congresista se reunió alrededor de 6 veces con el presidente de Fedemin, Adrián Vilca Callata.
Así como siete veces con José Farfán Estrada, abogado de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú).
De la misma manera se registró visitas de Celso Cajachagua Guere, presidente de la Federación de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) y Máximo Adolfo Franco Becquer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin).
Jorge Flores Ancachi y la formalización minera permanente
Flores Ancachi, congresista de Puno, y parte de la bancada de Acción Popular presentó el 23 de noviembre del 2022 la propuesta de ley 3634 - Ley de la Minería a Pequeña Escala que respalda la formalización minera permanente.
Esta propuesta de ley fue casualmente presentada cuatro días después que José Farfán Estrada, abogado de la Confemin Perú, visitara la Comisión de Energía y Minas, presidida entonces por Flores Ancachi por el periodo 2022-2023, según un informe de OjoPúblico.
La norma establece que el Ministerio de Energía y Minas (Minam) y Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) faciliten la formalización para otorgar autorizaciones del terreno en áreas con cobertura forestal y/o concesiones que estén superpuestas a concesiones mineras.
También cambia los parámetros respecto a las diferencias entre la pequeña y mediana minería, lo que generaría la posibilidad de que la mediana minería pase por pequeña y se le conceda beneficios tributarios, ambientales y administrativos como la ampliación constante de la formalización.
Este congresista que inicialmente declaró contar con bienes y rentas equivalentes a 387 mil 104 soles, registró hasta el cierre del 2023 un incremento notorio de más del doble al contar con 815 mil 302 soles.
A pesar de percibir mayores ingresos, su desempeño legislativo es duramente cuestionado por estar involucrado en casos de presunta corrupción.
Congresista Jorge Flores Ancachi
Jorge Morante Figari y los PIACI
Según el informe de Pueblos indígenas en aislamiento en la Amazonía y el Gran Chaco, Perú es el segundo país de Sudamérica con mayor cantidad de pueblos indígenas en aislamiento.
Parte de los PIACI en Perú están distribuidos en la Reserva Indígena Yavarí Tapiche y la Reserva Indígena en solicitud Yavarí Mirim ubicadas en Loreto.
Sin embargo, a fines del 2022, el congresista Morante Figari de la bancada de Fuerza Popular y paradójicamente representante de este departamento, presentó el Proyecto de Ley 3518 que modifica la Ley PIACI -28736.
La propuesta de Jorge Morante consistía en otorgar a los Gobiernos Regionales la facultad de decidir sobre los territorios donde están los PIACI, lo que pondría en riesgo su existencia.
Esto, debido a que incluso sin contar con esta facultad, el Gobierno Regional de Loreto ya había otorgado concesiones forestales en territorios con presencia de PIACI.
Aunque esta propuesta fue archivada luego del rechazo de diversas organizaciones indígenas, sigue representando una amenaza para los PIACI.
En julio de 2023 la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) alertó que el congresista Morante Figari participó de un Fórum Intercultural sobre los PIACI y aseguró que iba a retomar la propuesta archivada.
Para Federico Contreras, parte del área legal de Orpio, el proyecto estuvo ligado a intereses económicos de explotación minera, maderera, petrolera entre otros, en perjuicio de la existencia de los PIACI.
Este congresista ha mostrado cierta cercanía con la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto un colectivo que niega la existencia de los PIACI y es liderada por Christian Zeus Pinasco Montenegro.
Servindi también accedió a las visitas al despacho de Morante y encontró que Pinasco Montenegro visitó al congresista el 25 de marzo de 2022 y el 28 de marzo de 2023.
Además, también se registró la visita de Ricardo Custodio More y Saldvith Ojanama López, ambos parte de la Coordinadora, quienes ingresaron al despacho del legislador el 11 de de noviembre de 2022, el mismo día que presentó el proyecto que, para las organizaciones indígenas, atenta contra los PIACI.
Congresista Jorge Mornte Figari. Foto: Congreso
Wilson Mamani Quispe y Medina Hermosilla y la hoja de coca
Hasta el 2022 los sembríos de hoja de coca en el Perú llegaron a más de 95 mil hectáreas y aunque el gobierno anunció que en 2023 se logró la erradicación de 22 500 hectáreas, el avance no se detiene y la amenaza a territorios indígenas se incrementa.
Según el Monitoreo de cultivo de hoja de coca hasta junio de 2023 la región Puno se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional con mayor producción cocalera con 4 142 hectáreas, mientras la región Huánuco registra una producción de 2 516 hectáreas.
A pesar de ello los congresistas de Puno y Huánuco, tanto Wilson Mamani como Elizabeth Medina Hermosilla respaldan el cultivo de este producto.
En el caso de Mamani Quispe ha elaborado dos proyectos de ley, mientras que Elizabeth Medina ha mostrado su respaldo a agricultores cocaleros.
Encontramos así los proyectos de 01742/2021-CR, Ley que declara la hoja de coca como patrimonio cultural de la Nación y el Proyecto de Ley 00538/2021-CR que regula la actividad del cultivo, producción, comercialización e industrialización de la hoja de coca.
Congresistas Wilson Mamani y Elizabeth Medina Hermosilla.
Por su parte, según un informe del diario La República, la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, quien impulsó la modificatoria de la Ley Forestal tendría vínculos con cocaleros del Alto Huallaga.
Medina se reunió en marzo de 2022 con estas personas junto al congresista Luis Picón Quedo y el entonces presidente de la PCM, Aníbal Torres.
Sin embargo, al no lograr la atención a los pedidos de los agricultores cocaleros, los alcaldes provinciales de Leoncio Prado y el distrito de Monzón, en Huánuco, y representantes de organizaciones civiles del Alto Huallaga anunciaron una movilización que fue respaldada por Medina Hermosilla.
Además, según este medio la congresista fue visitada en su despacho por Juan Mosto Viale en marzo de 2022 investigado por tráfico ilícito de drogas sentenciado en junio de 2022 por 18 meses de prisión preventiva como coautor de un envío de droga a México.
La congresista ha incrementado sus ingresos, bienes y rentas hasta 12 veces, así en 2021 contaba con ingresos, bienes y rentas valorizados en S/. 21 853, para el 2022 estos crecieron a S/. 189 901 y, finalmente cerró el 2023 con S/. 284 015.
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