Foto: Demus.
Servindi, 18 de marzo, 2024.- El 12 de marzo de 2024 la Comisión de Constitución aprobó el predictamen N. ° 6951/2023-CR de la mal llamada “Ley de Amnistía” que busca dejar en impunidad a investigados y procesados por delitos de lesa humanidad.
La iniciativa pone en peligro la justicia de casos relacionados a muy graves violaciones a los derechos humanos y anular la aplicación de tratados internacionales.
Indica que “nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002”.
Con 14 votos a favor, 8 en contra y una abstención, el proyecto de ley fue presentado por Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular y José Cueto de Renovación Popular.
De aprobarse el predictamen por el pleno del Congreso de la República serán beneficiado ilegalmente policías, militares y funcionarios, como los integrantes del escuadrón de la muerte o grupo Colina y paramilitares del período de la dictadura de Alberto Fujimori.
Entre los procesos que se verían afectados se encuentran los casos Cabitos 83, Accomarca, Cayara, el asesinato de Hugo Bustíos, de Melissa Alfaro, las Esterilizaciones Forzadas, Barrios Altos, la Cantuta y el Caso Manta.
Caso Manta
Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), a inicios de los años 80, durante el conflicto armado interno, exmilitares violentaron sexualmente a mujeres y adolescentes quechuahablantes de Manta, en la región Huancavelica.
Desde entonces, vienen reclamando por verdad, memoria y justicia para que nunca más se vuelva a atentar contra los cuerpos como campo de guerra.
El 13 de marzo se cumplieron cinco años desde que inició el segundo juicio oral y es el tercer caso en abordar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad.
En el caso Manta nueve mujeres denuncian a trece exmilitares del Ejército peruano por violencia sexual y corre el riesgo de interrumpirse al exculparse a los acusados.
Es importante destacar que a cuarenta años de esperar por justicia, las mujeres mantinas vieron alterados sus proyectos de vida y muchas de ellas fueron obligadas a cargar con embarazos no deseados.
El Caso Manta busca reivindicar la autonomía y justicia por los derechos humanos de las mujeres en el Perú puesto que la violencia sexual, durante el conflicto armado interno, fue una estrategia de guerra que sometió a sus cuerpos de manera sistemática y generalizada.
Afán por lo impunidad
Cynthia Silva, directora de la asociación Demus-Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, denunció “el afán de impunidad del Congreso liderado por el fujimorismo y los militares”.
Son ellos los que se benefician excluyendo de procesamiento y sanción los casos ocurridos antes de 2002 porque son responsables o están en investigación.
Si no bastó con la liberación de Alberto Fujimori, ahora quieren desaparecer la responsabilidad penal que se le atribuyó mediante debido proceso en sentencia firme.
Se busca liberar de responsabilidad penal a los investigados o acusados de casos en curso, como el caso Manta de violaciones sexuales cometidos por ex militares con respaldo institucional (1984-1991).
El mensaje que se les da a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos del conflicto armado, en particular, las de los casos de violaciones sexuales es nefasto porque luego de 20 años de la denuncia y transitar por el sistema de justicia padeciendo re victimización y estigmatización, a un paso de lograr una sentencia, puede declararse prescrito y quedar impune. Esto sería un grave retroceso que desconoce estándares de juzgamiento y condena de casos similares en tribunales penales nacionales en Guatemala, como son los de Sepur Zarco y mujeres Achi”.
Cinthia Silva, directora de Demus.
El mismo caso se aplica para las Esterilizaciones Forzadas (entre 1995-2000) en el que está investigado Alejandro Aguinaga, ministro de Salud y médico de cabecera de Alberto Fujimori, uno de los principales impulsores del proyecto de ley.
Violencia sexual durante el Conflicto Armado Interno
El 75 por ciento de la población afirma que hubo violencia sexual contra las mujeres por parte de soldados y subversivos, según una encuesta a nivel nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
Además, de acuerdo al Registro Único de Víctimas (RUV), entre 1980 y 2000 se registraron más de 6 mil casos de violencia sexual.
El informe de la CVR, señala que en el 83 por ciento de casos los agresores eran integrantes de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú.
Así mismo, vale precisar que, las violaciones contra los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad no prescriben.
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