Devuelvan a la ciudadanía el derecho a decidir

18 de marzo, 2016.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) demandó a las autoridades del Estado y a los partidos políticos garantizar un proceso electoral legítimo, transparente y sin intervenciones ilícitas para evitar que poderes ocultos como el narcotráfico, la corrupción y los violadores a los derechos humanos puedan capturar el Estado.

La Coordinadora, que articula a casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil en el Perú, advirtió que de acuerdo al cruce de información del Jurado Nacional de Elecciones y la Asociación Civil Transparencia "hay un total de 219 candidatos al congreso con procesos judiciales."

Puntualiza que se ha extendido la estrategia que busca ganar al electorado "a cambio de dinero o bienes, es decir, que busca corromper la voluntad ciudadana, en el marco de un sistema con dificultades para monitorear el financiamiento de los partidos".

"Estas condiciones explican el descrédito de buena parte de los partidos y el sistema de clientelaje político que pulveriza las instituciones democráticas. Esta situación abona la desconfianza ciudadana hacia los partidos y la institucionalidad democrática" indica la coordinadora.

Una reciente encuesta señala que el 85 por ciento de las y los peruanas no confía en los partidos políticos, mientras que el 88 por ciento no confía en la institucionalidad del Congreso.

Reitera la exigencia a los partidos de definir compromisos claros con la democracia y el respeto a los derechos humanos que garanticen un proceso electoral pacífico que dé espacio para el debate sobre los problemas fundamentales del país.

A continuación el comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:

En defensa de la democracia apostamos por un proceso electoral transparente que devuelve a la ciudadanía el derecho a decidir

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), plataforma institucional que reúne a las organizaciones de sociedad civil que promueven y defienden los derechos humanos en el Perú, se dirige a las autoridades electorales, partidos políticos, misiones de observación de la OEA y UE y a la opinión pública para expresar su preocupación ante un escenario de debilidad institucional electoral. Consideramos que:

El fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho es condición indispensable para la protección y promoción de los derechos humanos en el país. Sin embargo, el actual proceso electoral ha puesto de manifiesto problemas graves que comprometen la responsabilidad de la autoridad del JNE así como la de los partidos políticos.

El 25 de febrero la CNDDHH hizo de conocimiento público su preocupación por la indefinición del JNE respecto a las normas que rigen el actual proceso electoral. Esta indefinición ha conducido a decisiones tardías, contradictorias y poco transparentes de la autoridad electoral, quien bajo el argumento de la aplicación estricta de la ley ha sacrificado el derecho fundamental a la participación política. Se ha evidenciado que la ley se aplica con estándares diferenciados sobre los partidos, así como los posibles vínculos de algunos miembros de la autoridad electoral con uno de los partidos en contienda.

Estos hechos ponen de manifiesto la debilidad institucional de la autoridad electoral, agravada con la puesta en vigencia de la modificatoria de la Ley de Partidos Políticos promulgada tardíamente en enero de este mismo año. Los partidos políticos con representación en el Congreso son los responsables de la fallida reforma electoral, cuyos resultados parciales son inaplicables a un sistema de partidos debilitado y en crisis. Estos mismos partidos han inscrito a candidatos presidenciales y congresales con antecedentes y procesos judiciales en curso, entre ellos algunos presuntamente implicados en delitos de lesa humanidad.

De acuerdo al cruce de información del JNE y la Asociación Civil Transparencia, hay un total de 219 candidatos al congreso con procesos judiciales. Se ha hecho de uso extendido la estrategia "política" que busca ganar al electorado a cambio de dinero o bienes, es decir, que busca corromper la voluntad ciudadana, en el marco de un sistema con dificultades para monitorear el financiamiento de los partidos. Estas condiciones explican el descrédito de buena parte de los partidos y el sistema de clientelaje político que pulveriza las instituciones democráticas. Esta situación abona la desconfianza ciudadana hacia los partidos y la institucionalidad democrática.

Una reciente encuesta (Datum, dic. 2015) señala que el 85% de las y los peruanas no confía en los partidos políticos, mientras que el 88% no confía en la institucionalidad del Congreso. Los partidos y candidatos no responden a los urgentes problemas y desafíos que debe enfrentar el país, pues el debate electoral se ha circunscrito a lo anecdótico y superfluo a modo de extensión de los reality shows televisivos.

En este contexto un amplio sector ciudadano preferiría no ejercer su derecho al voto. Sin embargo, esta desconfianza no ha implicado la renuncia a la política desde las y los ciudadanos. En los últimos días miles de jóvenes se han movilizado masivamente en varias ciudades del país para exigir mayor coherencia y transparencia al JNE y a las fuerzas políticas en contienda, especialmente a la representada por Keiko Fujimori.

Por eso les reiteramos a los partidos políticos nuestra exigencia de definir compromisos claros con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Asimismo deben tenerse en cuenta las formas que garanticen un proceso electoral pacífico que dé espacio para el debate sobre los problemas fundamentales del país. Le solicitamos al JNE resolver bajo los mismos parámetros todos los recursos presentados y pendientes, y terminar pronto con esta situación de incertidumbre electoral. 

La CNDDHH continuará demandando a las autoridades del Estado y a los partidos políticos, el desarrollo de un proceso electoral legítimo y sin intervenciones ilícitas; buscando evitar que poderes ocultos como el narcotráfico, la corrupción y los violadores a los derechos humanos puedan capturar el Estado. 

Por último, enfatizamos la necesidad de aprender de las dificultades presentadas en este proceso y trabajar de manera conjunta desde la sociedad civil con el Estado en la necesaria reforma integral del sistema político.

¡Por una democracia institucional sólida y respetuosa de los derechos humanos, dictaduras Nunca Más!
¡Por un Perú con Justicia y Dignidad, 5 de Abril Marcha Nacional!