Gobierno Awajún en contra de ley antiforestal

Rechazo a la Ley N° 31973 sigue creciendo mientras se conocen nuevos impactos de la norma que podría dejar en el archivo 3 mil denuncias por delitos forestales.

Servindi, 18 de enero, 2024.- El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) se mostró en contra de la nueva ley antiforestal N° 31973 aprobada por el Congreso por representar una “seria amenaza a los bosques y pueblos originarios”.

Mediante un pronunciamiento, el gobierno que representa a más de 70.000 indígenas awajún de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín exige que la norma sea derogada y archivada.

Esto, porque flexibiliza los requisitos para la tala y actividades extractivas dentro de los bosques, abriendo la puerta “para la destrucción del medio ambiente y biodiversidad en territorio awajún y otros”.

Además de permitir el cambio de uso de suelos originalmente boscosos, “legalizando de esta manera la depredación cometida y abriendo paso a la vez para nuevas depredaciones”.

También consideran que la nueva norma incentiva la apropiación ilegal de tierras indígenas por parte de traficantes de tierras y podría conducir a un aumento de la tala ilegal, minería ilegal y narcotráfico.

Por todo eso, concluyen que la norma “representa un retroceso significativo que socava las bases legales e institucionales para la conservación ambiental en Perú” y debe ser derogada.

El rechazo del GTAA a la ley antiforestal se suma a una larga lista de organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos, así como expertos que también exigen la anulación de esta norma por sus impactos.

La Ley N° 31973 fue promulgada por el Congreso el 11 de enero pese a las observaciones del Ejecutivo, la Defensoría de Pueblo y entidades ambientales, y sin ser consultada con pueblos indígenas.

Tres mil casos en riesgo

Mientras crece el rechazo a ley antiforestal, salen a la luz más efectos nocivos que podría generar esta norma.

Además de promover la deforestación, esta ley tendría un “impacto negativo” en la marcha de por lo menos 3 mil denuncias por delitos forestales que se encuentran en etapa de investigación (Fiscalía) y de procesamiento (Poder Judicial).

Así lo advierte un análisis de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente difundido por el portal Epicentro Tv, que indica en una nota que “todos esos casos se irían al archivo”.

En la actualidad existen cerca de 10 mil casos abiertos en fiscalías y juzgados de todo el país, por “delitos contra los bosques o formaciones boscosas”, ejecutados sin ningún tipo de autorización.

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