
Reciente reporte de la Defensoría del Pueblo menciona que durante noviembre del 2020, se registraron 11 nuevos conflictos sociales. De estos, 5 son de tipo socioambiental y están vinculados a la minería. Además, hubo 395 acciones colectivas de protestas con saldo de víctimas mortales.
Servindi, 17 de diciembre, 2020.- En noviembre del 2020, se registraron 11 nuevos conflictos sociales. De estos, 5 son de tipo socioambiental y están vinculados a la minería.
Así refiere la Defensoría del Pueblo a través de su Reporte de Conflictos Sociales N.° 201, que da cuenta sobre esta situación a nivel nacional.
El organismo público precisó que los 11 conflictos también son de tipo comunal y por asuntos de gobiernos regional y nacional.
Los 5 conflictos socioambientales están vinculados a la minería, particularmente con empresas mineras.
En Áncash, la Municipalidad Distrital de Huallanca y representantes de organizaciones del distrito exigen a la Compañía Minera Santa Luisa la ejecución de un proyecto de mejoramiento de energía eléctrica.
Esto, a través del mecanismo de obras por impuestos y el cumplimiento de acuerdos suscritos.
En Arequipa, en la provincia de Caravelí, mineros informales se encuentran en conflicto con la empresa Intigold Mining, menciona la Defensoría.
Fuente: Convoca
En La Libertad, se registraron dos conflictos. Sobre el primero, integrantes del caserío de Shiracmaca denuncian que la empresa minera Summa Gold afecta sus redes de abastecimiento de agua potable.
En cuanto al segundo, la Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Santa Cruz expresan su rechazo a las actividades de exploración minera en el proyecto Supaypacha de la empresa Fresnillo Perú.
El quinto conflicto socioambiental es en el departamento y provincia de Pasco, donde “la comunidad campesina de Smelter sostiene que la Sociedad Minera El Brocal no habría cumplido con sus compromisos”.
“Los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (65.2 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril del 2007”, precisa la Defensoría.
Por otra parte, se menciona sobre 3 conflictos de tipo comunal, que se desarrollan en las comunidades de Santa Rosa de Huancapuquio y Pomacocha en la región Ayacucho.
Asimismo, en las comunidades de Cancahuani y Yanque Lacca Lacca en Cusco; y en la comunidad nativa Kichwa Anak Kurutuyacu y en los caseríos del distrito de Huimbayoc en la región San Martín.
En otro punto, Huánuco cuenta con un caso por asunto de gobierno regional e involucra a organizaciones agropecuarias, comunales y barriales.
Estas demandan el cumplimiento de una ordenanza regional que declare en situación de emergencia el sector agropecuario y la seguridad alimentaria nutricional del departamento, y sobre medidas para la reactivación del sector agrario.
Foto: Ojo Público/Óscar Rosario
De otro lado, otros dos conflictos son por asuntos de gobierno nacional. Uno se relaciona a los trabajadores temporales de empresas de agroexportación de los departamentos de Ica y La Libertad.
Ellos reclamaron la derogación de la Ley N.° 27360 para la promoción del sector agrario, la aprobación de una norma especial laboral para el sector, entre otros. El caso surgió a fines de noviembre.
El otro conflicto se desarrolla en Cusco, donde organizaciones sociales de Urubamba y Machu Picchu demandan la disminución de las tarifas para turistas nacionales.
Protestas y violencia
La Defensoría señala que se registraron 395 acciones colectivas de protestas en noviembre. El 30 % de las protestas estuvieron vinculadas a la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.
Por esta coyuntura, fallecieron los ciudadanos Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Pintado Sánchez (22 años) el 14 de noviembre.
Además, 210 personas recibieron atención médica por presentar lesiones durante las movilizaciones.
Foto: La República
Cabe recordar que por el paro agrario en La Libertad, murió Jorge Muñoz Jiménez (19) el 3 de diciembre, “producto del enfrentamiento entre la Policía Nacional y los trabajadores […] en la provincia de Virú”.
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Human Rights Watch concluyó su informe donde recoge pruebas que muestran que la policía cometió graves abusos en las marchas realizadas en noviembre en Perú. pic.twitter.com/fkNugcPFTq
— Servindi (@Servindi) December 17, 2020
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