Pese a la negativa del gobierno de Boluarte en decretar emergencia, autoridades y expertos insisten en que urge medida para combatir de forma más efectiva y articulada el fuego.
Servindi, 17 de setiembre, 2024.- Gobiernos regionales, la Defensoría del Pueblo, colegios profesionales de biólogos y antropólogos, entre otros, exigen que el gobierno declare la emergencia ambiental por los incendios forestales.
Pese a la negativa del gobierno de Dina Boluarte en hacerlo, autoridades y expertos insisten en que se necesita aplicar medida para combatir de manera más efectiva y articulada el fuego que afecta flora y fauna del país.
“Solicitamos la urgente declaratoria de emergencia ambiental en la Amazonía, a fin de que se dé la prioridad necesaria para la acción y atención de los incendios forestales”, señalaron los gobiernos regionales amazónicos.
Desde la Defensoría del Pueblo también indicaron que se necesita una “respuesta efectiva del Gobierno nacional coordinada con gobiernos regionales y locales”, lo que implica decretar en emergencia las regiones afectadas.
“Urge que entidades especializadas de primera respuesta como el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional del Perú y los Bomberos, desarrollen acciones inmediatas en zonas afectadas, en salvaguarda de integridad física de la población y zonas agrícolas coordinando con autoridades regionales y locales”, indicaron.
En la misma línea se han pronunciado el Colegio de Biólogos y el Colegio de Antropólogos del Perú, pidiendo la “inmediata declaratoria de emergencia” en los ámbitos azotados por los incendios y asignar mayores recursos.
El Colegio de Antropólogos también demandó al Congreso la derogación de la Ley N° 31973, que en la práctica “alienta y legaliza la deforestación en la Amazonía y atenta contra los frágiles ecosistemas y nuestro patrimonio biológico y cultural”.
Hasta el 16 de setiembre, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó un total de 15 fallecidos, 98 heridos y 1876 afectados en sus medios de vida en las regiones de Ayacucho, Áncash, Cusco, San Martín, Lambayeque y Piura.
Asimismo, registró más de 1400 hectáreas de cultivos perdidos, 1264 cultivos afectados y 2257 hectáreas de cobertura natural destruidas.
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