Reactivación económica impulsada por el Gobierno llegará en uno de los momentos más críticos de la pandemia. Ante ello, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos pide se garanticen los derechos ciudadanos y ponerlos por delante de ciertas presiones económicas empresariales.
Servindi, 18 de junio, 2020.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) alertó que la imposición de una reactivación económica, sin garantizar derechos, especialmente de la población más vulnerable y desatendida, tendrá un impacto negativo incluso para la economía.
La reactivación económica impulsada por el Gobierno peruano coincide con uno de los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19 en el Perú y no se puede afrontar a costa de exponer a la población.
Si inicialmente el Estado tomó medidas para contener el COVID-19 hasta cierto punto oportunas, estas no fueron acompañadas con otras de contención económica universales que cubran a la mayoría de la población, como desempleados, subempleados e informales.
Dichos sectores vulnerables y vulnerabilizados por la pandemia no han sido priorizados por el Estado, a diferencia del gran empresariado y conglomerados –clínicas, laboratorios, importadoras de pruebas para COVID-19; mineras, etc.– que incluso litigan contra el Estado en temas tributarios.
Entre tanto, las pequeñas y medianas empresas no son el principal foco de este apoyo, cuando son ellas las que emplean la mayor cantidad de trabajadores.
Asimismo, la Coordinadora recuerda al Ejecutivo que continúa pendiente la dotación de un bono universal, así como otras medidas que realmente resguarden a la gran mayoría de la población peruana.
Una de estas es la creación de un Fondo de Reactivación Agraria, que permita garantizar el abastecimiento a los mercados nacionales y la seguridad alimentaria de la población
La CNDDHH insistió en que una reactivación económica debe ser progresiva y segura, sin hacer omisiones en la ayuda entre ciudadanos, especialmente hacia los informales o la población más afectada por la crisis.
También advierte que es irresponsable, en estas condiciones, imponer una reactivación económica, y por el contrario, el Gobierno debe asumir su condición de garante de los derechos ciudadanos.
A continuación lea el pronunciamiento de la CNDDHH:
Reinicio de actividades económicas debe darse en forma progresiva, segura y garantizando el derecho a la vida y la salud de las personasPronunciamientoLa situación de la pandemia del COVID-19 en el Perú continúa siendo dramática. Con más de 230 mil casos confirmados y más de 7,000 personas fallecidas, el Perú forma parte de los países con más alta tasa de casos confirmados y mayor mortalidad en el mundo1. Las medidas implementadas por el gobierno como el estado de emergencia y la cuarentena obligatoria, permitieron organizar mejor la atención y salvar vidas, más aun tomando en cuenta el estado de abandono de la salud pública. No obstante, éstas se han mostrado insuficientes pues no fueron acompañadas con medidas de contención económica universales que cubrieran a la mayoría de población desempleada, subempleada e informal de manera oportuna. Mucha gente ha tenido que salir a buscar recursos para su sobrevivencia pese al riesgo de contagiarse. Y propuestas como el Ingreso/Bono Básico Universal continúan sin atenderse. Sin duda la paralización de las actividades económicas por tres meses de cuarentena hace sentir su impacto en la economía. Sin embargo, el desafío de afrontar la pandemia y a la vez reactivar la economía no puede afrontarse a costa de exponer a la población. Lamentablemente, las últimas medidas anunciadas por el gobierno dejan en claro que la principal preocupación es poner en marcha la economía, incluso a riesgo de no garantizar plenamente la salud de buena parte de las y los ciudadanos, altamente expuestos a contraer el virus y sin posibilidades de contar con una debida atención. El 15 de junio el Presidente presentó el Programa «Arranca Perú» que cuenta con la inversión de 6,436 millones de soles destinados a generar un millón de nuevos empleos o puestos de trabajo. Según lo anunciado el programa se sostendrá sobre la inversión en transportes y comunicaciones, vivienda, agricultura, y trabajo. De otro lado, el Gobierno ha propuesto el fortalecimiento de la «Reconstrucción con Cambios» con una inversión adicional de 1,500 millones de soles para el segundo semestre del 2020, y anunció su adjudicación al Reino Unido e Irlanda del Norte. Y se informó que sostendría una reunión con empresarios para tratar sobre la inclusión de las actividades de los conglomerados y centros comerciales en la Fase 2 de la reactivación económica. En este marco, preocupa que el Gobierno no pondere la gravedad de la situación sanitaria y acelere el reinicio de la totalidad de actividades económicas por la presión de los gremios empresariales, descartando en la práctica la necesidad de hacerlo en forma progresiva. Asimismo, que las propuestas sigan el curso revelado por diversas investigaciones respecto al Programa Reactiva Perú, que en lugar de apoyar a las pequeñas y medianas empresas que son las que emplean mayor cantidad de trabajadores, se privilegie al gran empresariado y conglomerados incluyendo clínicas, laboratorios e importadoras de pruebas para Covid-19; empresas mineras y grandes firmas de abogados que litigan contra el Estado en temas tributarios. Mientras tanto, continúa sin ser atendida la demanda de los productores agrarios para la creación de un Fondo de Reactivación Agraria que permita garantizar el abastecimiento a los mercados nacionales y la seguridad alimentaria de la población. Es grave que el 98% de las familias dedicadas a la pequeña agricultura se encuentran al borde la quiebra, y que los subsidios del Estado -como el Bono Rural y otros- no les llegue, como lo indican los representantes de los pequeños agricultores a nivel nacional2. Ante tal situación, la CNDDHH expresa su preocupación y llama a atender los siguientes puntos con carácter de urgencia:
Desde la CNDDHH, reiteramos que la situación de la pandemia del COVID-19 en el Perú continúa siendo crítica y que se debe priorizar la salud y la vida de las personas, especialmente de aquellas en mayor riesgo y vulnerabilidad. Por ello la reactivación económica se debe dar en forma progresiva, segura y con derechos, complementando los esfuerzos por erradicar la pandemia. La reactivación no puede omitir a los sectores de la economía informal y de los cuidados, en donde se encuentran las poblaciones más golpeadas por la crisis y pandemia. Ante las evidencias, apelamos al sentido de responsabilidad del Estado y de la sociedad, y muy especialmente del gobierno y de los gremios empresariales. Primero la vida y salud de las personas. Lima, 17 de junio del 2020 ________
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El gobierno anunció un total de cinco bonos orientados a la población más vulnerable para que pueda resistir la inamovilidad a consecuencia de la pandemia de #Coronavirus. pic.twitter.com/xciXA9BAEb
— Servindi (@Servindi) June 12, 2020
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