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Denuncian irregularidades en proceso de Ley de formalización minera

Foto: Andina

Servindi, 17 de mayo, 2022.- Diversas organizaciones de la sociedad civil denuncian la falta de participación y transparencia en el proceso de creación de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

A través de un pronunciamiento señalan que en el proceso de construcción de dicha Ley aún no se ha convocado a la participación de personas que sufren los efectos directos de la minería informal e ilegal.

Asimismo, desde la aprobación de la Ley N° 31388 que prorroga la vigencia del Proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2024 no se ha convocado a organizaciones ni instituciones que abordan estos temas.

Ministro de Energía y Minas Carlos Palacios no parece ser la persona más apropiada para liderar un ministerio clave en el país. 

Se necesita la intervención de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Minem), pero el actual ministro Carlos Palacios presenta cuestionamientos profesionales.

De igual modo, miembros del Congreso de la República estarían buscando flexibilizar nuevamente las normas para la lucha contra la minería ilegal.

El pronunciamiento es suscrito por el denominado Observatorio de minería ilegal y actividades vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad, que convocan a más personas o instituciones a sumarse a las peticiones.

Entre las organizaciones firmantes están Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Ecosistemas Andinos – ECOAN, Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza – Pronaturaleza, Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, entre otras.

Falta de participación

La Ley que prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral hasta 2024 fue publicada el 31 de diciembre de 2021 y entre sus disposiciones exige crear la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su Política Nacional Multisectorial en un plazo no menor de 180 días.

No obstante, el pronunciamiento denuncia que hasta la actualidad no se ha convocado a organizaciones civiles ni otras instituciones relacionadas a minería, tampoco a personas afectadas por la actividad.

Este último aspecto sería necesario para la construcción de estas políticas públicas de forma participativa y eficaz, se indica.

Falta de transparencia

El pronunciamiento expresa preocupación por la actual permanencia de Carlos Palacios en el cargo como ministro debido a que presenta investigaciones penales por presuntos delitos cometidos entre 2014 y 2020, entre los que están abuso de autoridad y peculado.

Además, se recuerdan los cuestionamientos observados durante sus funciones de director en la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Junín, donde, según la Contraloría, no cumplía con los requisitos mínimos para ocupar la administración.

En la parte final del pronunciamiento se advierte acerca de intentos desde el Congreso de la República para flexibilizar y modificar normas que buscan combatir la minería ilegal.

 

Congresista Eduardo Salhuano, operador político pro minero fue llevado esta vez al parlamento por el partido de Acuña Peralta. Foto: Inforegión.

 

Se señala como posible responsable al congresista Eduardo Salhuana, del partido Alianza para el Progreso y ex asesor de la Federación de Mineros de Madre de Dios (Fedemin), quien también impulsó la Ley N° 31388.

 

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