Servindi, 17 de febrero, 2023.- Una amplia y enérgica condena recibió el Estado de Nicaragua por las nuevas violaciones de derechos humanos cometidas que se han acelerado de manera alarmante en los últimos días.
El 15 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de Managua comunicó la resolución judicial por la que se privó de la nacionalidad, de sus derechos políticos y de todas sus propiedades a 94 personas identificadas como opositoras políticas.
Dicha resolución se dictó sin juicio previo y condenó a estas personas a la "muerte civil" a las que se calificó de "prófugas de la justicia" y "traidoras a la patria", acarreando funestas consecuencias para ellas y sus familias.
Entre las personas afectadas, se encuentran personas defensoras de derechos humanos que cooperan habitualmente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe Inglés (OACNUDH).
La CIDH y la OACNUDH afirman que la criminalización de la labor de estas personas en una sociedad democrática es inaceptable, por lo que llaman al Estado a revertir urgentemente la decisión.
La resolución tiene como precedente la excarcelación de 222 personas, ocurrida el 9 de febrero, a quienes también se les privó arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense luego de ser "deportadas" a los Estados Unidos.
Ello ocurrió, sin estar previsto en la legislación interna y de manera contraria al principio de legalidad e irretroactividad de las penas.
El mismo 9 de febrero, la Asamblea Nacional anunció la aprobación expedita de una reforma al artículo 21 de la Constitución en materia de nacionalidad, así como de una nueva ley que "regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense".
Ambas normas han sido aplicadas como el fundamento para privar de su nacionalidad a las personas nicaragüenses consideradas opositoras al gobierno, a las que llaman "traidoras a la patria" perpetuando un clima de terror en la población.
La privación arbitraria de la nacionalidad se encuentra prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos y por la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de la cual Nicaragua es Estado Parte.
Por otra parte, el 10 de febrero, Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, fue sentenciado por el delito de "traición a la patria" a 26 años de cárcel, y a la privación de su nacionalidad y derechos políticos, indica el comunicado de la CIDH.
Todo indica que fue condenado en plena violación de garantías procesales y actualmente se encontraría en aislamiento en una celda de máxima seguridad.
La CIDH y la OACNUDH llaman a su liberación inmediata e incondicional, junto a las más de 30 personas que permanecen privadas de libertad arbitrariamente en Nicaragua.
Estos hechos se suman a las más de 3000 oenegés nacionales e internacionales que han sido canceladas desde 2018, y sus bienes confiscados, dejando a innumerables personas sin acceso a sus servicios o asistencia.
Finalmente, la CIDH y la OACNUDH urgen al Gobierno de Nicaragua a poner fin a la incesante represión y persecución de quienes buscan el retorno de la democracia en Nicaragua o ejercer sus libertades públicas.
Asimismo, llaman a la comunidad internacional a mantener e intensificar los esfuerzos destinados a la protección de los derechos humanos de las personas nicaragüenses que se han visto forzadas a huir del país.
La Comisión y la Oficina expresan su profunda solidaridad y su compromiso con las víctimas de las violaciones, a sus familiares y a todas las personas que están arriesgando su bienestar, su futuro e incluso sus vidas por defender los derechos humanos en Nicaragua.
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