Acuerdo de Escazú: urgencia ignorada

Mientras prevalecen asesinatos a defensores ambientales en Latinoamérica y daños de empresas extractivas pese a la emergencia climática, doce países siguen sin ratificar el Acuerdo de Escazú y cinco aún no lo firman.

Servindi, 17 de febrero, 2022.- A casi 10 meses desde que entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, solo 12 países latinoamericanos lo ratificaron y entre estos no figuran Costa Rica ni Chile que lideraron negociaciones para crearlo.

Mientras se espera que el nuevo gobierno chileno, que iniciará funciones el 10 de marzo, lo firme como una de sus primeras actividades; autoridades judiciales de Costa Rica continúan oponiéndose a ratificar.

Respecto a la falta de ratificación en Perú, el Congreso de la República rechazó debatir la aprobación del Acuerdo de Escazú durante una reunión de Junta de Portavoces el 31 de enero.

Ello pese al reciente desastre ecológico ocasionado por la refinería La Pampilla de la empresa Repsol en el mar peruano, lo que generó la indignación pública de diversas figuras políticas peruanas.

Contradicciones políticas

Hasta la actualidad, de 24 países latinoamericanos que firmaron el Acuerdo de Escazú, 12 no han ratificado. Además, hay 5 que continúan sin firmar: Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Las negociaciones para elaborar el tratado duraron cinco años y medio y fueron lideradas por autoridades de Chile y Costa Rica hasta que fue adoptado el 4 de marzo de 2018.

Sin embargo, Chile, que en aquel momento tenía de presidente a Sebastián Piñeira, no llegó a firmarlo porque su Poder Ejecutivo sostenía que el Acuerdo tenía “obligaciones ambiguas” que podían condicionar legislaciones ambientales del país.

Por su lado, Costa Rica aún no ratifica su firma. La excusa es un supuesto gasto adicional para el funcionamiento de su Poder Judicial; sin embargo, en los países que sí ratificaron no ha ocurrido tal impacto económico.

En el caso de Perú, la ratificación del Acuerdo de Escazú fue mandada al archivo por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República en octubre de 2020 y tras las posteriores crisis políticas, el Estado permanece sin ratificar.

Recientemente, el 31 de enero de 2022, la Junta de Portavoces decidió no abrir el debate en el Pleno acerca de aprobar o no dicho tratado.

Entre las excusas más resaltantes en Perú está la idea de que el tratado atenta contra la soberanía nacional, lo cual es un argumento totalmente falaz.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), al respecto señaló que tal afirmación no tiene sentido porque el Acuerdo de Escazú se basa en dos principios clave que garantizan la soberanía: el principio de soberanía sobre recursos naturales y el principio de igualdad soberana.

Impactos ambientales y salud

El nombre completo del Acuerdo de Escazú es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Como su nombre lo indica, entre sus principales medidas está garantizar que las autoridades competentes generen y coloquen a disposición del público información ambiental relevante para sus funciones, la cual deberá ser actualizada periódicamente.

Entre la información están los procesos de evaluación de impacto ambiental, así como licencias ambientales otorgadas por autoridades públicas, además de información respecto a la imposición de sanciones administrativas en asuntos ambientales.

La exigencia de elaborar informes de sostenibilidad ambiental sería exigida tanto a empresas públicas como privadas, con un enfoque particular en grandes empresas, quienes deberán reflejar su desempeño social y ambiental.

En Perú, que aún no ratifica el Acuerdo de Escazú, hay empresas nacionales y trasnacionales a las que no les favorecen estas medidas.

Por mencionar algunas, en el sector hidrocarburos está Pluspetrol, Petroperú y Repsol, las tres con multas multimillonarias por ocasionar derrames de petróleo en diversas regiones del país durante años y que continúan en funcionamiento pese a ello.

El suceso más reciente fue el derrame de 11 900 barrilles de petróleo por la refinería la Pampilla, de la empresa Repsol, que inició en el mar de Ventanilla y contaminó más de 20 playas y cinco reservas naturales.

Además de ocasionar la muerte de numerosas especies, entre las que se encuentran aves en peligro de extinción, también dejó sin trabajo a más de 3 mil personas y generó graves riesgos a la salud de la población costera.

“Si el petróleo ingresa a las vías respiratorias puede irritar la garganta y los pulmones, llegando a causar neumonía. Una exposición continua causa dolores de cabeza, náuseas y vértigo; que son daños neurológicos”, señaló un reporte de la Universidad San Ignacio del Loyola respecto a los efectos.

Cabe mencionar que el tratado también exige que las empresas brinden información oficial, pertinente y clara a la ciudadanía sobre los efectos en la salud de los bienes y servicios que ofrecen.

Defensores ambientales

Solo durante 2020, en Perú fueron asesinados seis defensores ambientales indígenas. Mientras tanto, según la organización Global Witness, en Colombia asesinaron a 30, en Brasil a 20, en Guatemala a 13.

No obstante, pese a que el Acuerdo de Escazú también busca garantizar la protección de los derechos de defensores ambientales, estos países integran la lista de Estados que no aceptan ratificarlo hasta la actualidad.

Entre las medidas que propone el tratado está el fortalecimiento de capacidades de funcionarios judiciales y administrativos, dotar a instituciones con equipamiento y recursos adecuados, y contar con medidas específicas para grupos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, dispone tener en cuenta la interpretación, traducción de idiomas distintos al oficial cuando sea necesario, debido a que las poblaciones donde ocurren los peores accidentes contaminantes por parte de empresas y de donde son los y las defensores ambientales suelen ser indígenas en Latinoamérica.

Otra medida que se resalta es la cooperación entre países para el fortalecimiento de capacidades nacionales, además del intercambio de información respecto a manifestaciones de actividades ilícitas contra el medio ambiente.

Siguientes pasos

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) anunció que la reunión preparatoria de la primera reunión de Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú será el 4 de marzo.

Ello en vista de que la primera COP del tratado está prevista para el 21 de abril del 2022, en Santiago, donde se espera la participación de Chile con el actual presidente Gabriel Boric.

El objetivo de la reunión preparatoria será avanzar la discusión de temas a tratar en la siguiente Conferencia de Partes y será transmitida en vivo.

Esta podría ser una oportunidad para que países que aún no aceptan ratificar o firmar puedan reconsiderar debatir la aprobación del Acuerdo, teniendo en cuenta la experiencia de quienes ya ratificaron y la invalidez de ciertos mitos para no ratificarlo.

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