La organización internacional condenó las prácticas de violencia institucional calificadas como terrorismo de Estado, que incluyen represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política.
Servindi, 16 de agosto, 2024.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) rechazaron las acciones violentas contra de población civil que protesta en Venezuela.
La organización rechazó la muerte de 23 personas y la detención de 1393 que incluyen detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, según datos de organizaciones civiles.
“El régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder” señaló la CIDH y RELE mediante un comunicado.
Las movilizaciones en Venezuela, se dieron luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE), declarara a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, sin proporcionar la totalidad de las actas de votación, como exige la ley electoral venezolana.
Hasta el momento, el ente electoral no ha hecho públicas las actas electorales para refutar el presunto fraude electoral que denuncia la oposición, que si presentó documentos que certifican que ganó las elecciones.
Patrones de violencia registrados por la CIDH Y RELE en Venezuela.
Se estiman cerca de 300 protestas en el país en particular habitantes de zonas en situación de pobreza, las mismas que han sido reprimidas por fuerzas del Estado y grupos armados no estatales, conocidos como "colectivos".
La violenta represión tiene patrones de 1) uso arbitrario de la fuerza que ha resultado en pérdidas de vidas humanas y personas heridas; 2) detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
La CIDH observa que las muertes durante protestas en el contexto de represión podrían caracterizarse como ejecuciones extrajudiciales y generar responsabilidad internacional para el Estado
Agregaron que en Venezuela no hay garantías para la libertad de expresión pues hay agresiones y ataques orientados a silenciar las expresiones críticas o disidentes y la información de periodistas y medios de comunicación.
Así como 3) persecución judicial y hostigamiento contra personas percibidas como opositoras y personas voluntarias electorales; 4) censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica; y 5 obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos.
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