El peligroso parcelamiento de la Amazonía

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Servindi, 16 de abril, 2024.- La venta de bosques en el Perú terminó con más de 2 millones 774 mil hectáreas en los últimos 20 años, en perjuicio de los 50 pueblos indígenas amazónicos. 

Así lo reveló el informe “Parcelando la Amazonía: deforestación ilegal y agroindustria”, presentado por la organización Environmental Investigation Agency (EIA) el martes 16 de abril.

La investigación señala que la responsabilidad de este daño recae en 10 empresas productoras de materia prima que operan en las regiones de Loreto y Ucayali, 7 de las cuales compraron terrenos donde se deforestó 13 mil hectáreas y 3 que no contaban con los permisos necesarios. 

La EIA también detectó que, en base a documentos oficiales, casi el 100% de toda la tala de bosques en Loreto y Ucayali desde 2012 a 2018 –que asciende a 422 953 hectáreas– no fue autorizada y, por lo tanto, es ilegal.


Un valioso documento que echa por tierra muchas falacias de las empresas de palma aceitera. Foto: Servindi

El documento también precisa que en 6 de los casos las tierras adquiridas por las empresas se titularon como producto de procesos ilegales, en los que se impuso multas por deforestación y se alertó de abusos y violación de derechos contra pueblos indígenas. 

Estos y otros hallazgos fueron presentados y comentados por un panel de expertos quienes interpretaron y explicaron las implicancias de esta problemática, como por ejemplo, el rol del Estado y su responsabilidad.

“Estas actividades ilegales relacionadas a corrupción, para que se puedan concretar solo son posibles con la complicidad de un funcionario”, afirmó Frank Rivero, especialista forestal de Proética.

El experto consideró que son los funcionarios los que terminan facilitando estas acciones, combinándose corrupción, inoperancia estatal y también las denominadas puertas giratorias.

La investigación determinó como las principales causas de esta afectación al bosque las siguientes:

Procesos de titulación contrarios a la ley; incoherencias entre la ubicación de las parcelas en el papel y sobre el terreno; y falta de transparencia que vulnera los derechos civiles.

Asimismo, procesos de adquisición cuestionables; deforestación sin permiso; sanciones ignoradas y violación de los derechos de los pueblos indígenas.


La publicación concitó un enorme interés del público que llenó el auditorio. Foto: Servindi

División comunitaria

Para Angela Mera, de Forest People Programme (FPP), el documento es una constatación de cómo se genera el desbosque a través de las grandes empresas de agronegocios. 

Sin embargo, también puso énfasis en que no solo se termina parcelando al territorio sino también a las comunidades. 

“No se daña solo a la tierra en sí misma sino a las relaciones comunitarias”, aseveró.

Esto fue refrendado por el dirigente nacional de la Aidesep, Miguel Guimaraes, quien citó el caso de Ocho Sur y el conflicto existente en Santa Clara de Uchunya, donde ocurre una división interna.

“Ocho Sur tiene una estrategia para dividir a la comunidad. La empresa actúa de esta forma porque tiene el aval de las autoridades”, consideró.

El dirigente shipibo también refirió que además hay fuertes campañas para desprestigiar a las organizaciones indígenas, de las cuales son objeto.

“Solo pedimos que una autoridad neutral se haga presente en el territorio y escuche a ambas partes”, remarcó. 

Mediante la investigación se determinó como principales causas de la afectación al bosque: 

  • Procesos de titulación contrarios a la ley  
  • Incoherencias entre la ubicación de las parcelas en el papel y sobre el terreno. 
  • Falta de transparencia que vulnera los derechos civiles
  • Procesos de adquisición cuestionables
  • Deforestación sin permiso y sanciones ignoradas 
  • Violación de los derechos de los pueblos indígenas

Regulación internacional

Asimismo, en el marco de la entrada en vigor del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea, justamente el Perú pretendería saltarse estos controles al impulsar la denominada Ley Antiforestal, que consagraría la impunidad para que empresas infractoras continúen sus operaciones sin restricción.

Ante ello, Olivier Coulpleux, de la delegación de la Unión Europea, señaló que hay varios terrenos para la reforma como el proceso de integración de Perú a la OCDE, que “promueve los procesos de debida diligencia y conducta empresarial responsable”.

Asimismo, en materia de aplicación de los lineamientos europeos, indicó que las próximas etapas serán el reforzamiento de la trazabilidad y de la cadena de custodia.

Igualmente, refrendó la recomendación del informe sobre desarrollar un catastro unificado y transparente, teniendo la UE un especial interés en esta tarea.

El informe advierte que se mantiene una idea de que la Amazonía es un territorio vacío donde hay colonizar y extraer “recursos”.

Esta  mirada occidental y colonial desde el Estado facilita la entrada de grandes corporaciones a los bosques.

En su mayoría las empresas ligadas a la deforestación se dedican a la producción de aceite de palma como el Grupo Palmas, parte del Grupo Romero; y el Grupo Ocho Sur, y aunque el Perú no es principal exportador de esta materia, se proyecta a serlo.

Según Ojo Público desde 2013 hasta mediados de 2020, las exportaciones de aceite de palma aumentaron un 94%, incrementándose además en 27,500 toneladas en el primer trimestre de 2021 y a 31,200 toneladas en el mismo periodo de 2022. 

A pesar del avance de este negocio y la reducción de los bosques el Estado favorece la formulación de leyes que contribuyen a la depredación de los bosques por lo que el informe resalta la necesidad de detener este acaparamiento. 

La investigación agrega que la construcción de proyectos de infraestructura como el Cruzeiro do Sul en Ucayali o el proyecto Moyobamba - Balsapuerto (Loreto y Ucayali) genera presión sobre los pueblos indígenas que viven en estos territorios.

El documento concluye que el factor corrupción e incompetencia del gobierno son factores clave de la deforestación.

Recomienda por ello que los funcionarios del Estado apliquen el Principio Precautorio consagrado en la Ley General del Ambiente de Perú, también incluido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por Perú.

Este principio establece que, en caso de peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente.

El informe detalla e identifica las razones detrás de esta problemática, puedes leer el informe completo aquí.

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