Jefes policiales de Ayacucho, Puno, Apurímac, entre otros, fueron "premiados" con nuevos cargos pese a su responsabilidad por muertes en protestas. Un general del Ejército también habría sido "recompensado" por exculpar a militares de matanza en Ayacucho.
Servindi, 16 de enero, 2024.- Los jefes policiales de las regiones donde fueron asesinados a balazos decenas de ciudadanos en protestas contra el Gobierno fueron promovidos por Dina Boluarte en los últimos meses.
Así lo revela un informe del semanario Hildebrandt en sus trece que identificó recientes ascensos y reasignaciones de agentes que lideraron represión en Ayacucho, Puno, Apurímac, Junín y Lima.
El general PNP Ántero Mejía Escajadillo, quien fuera el jefe de la región policial de Ayacucho, donde murieron 10 personas, hoy se desempeña en Lima como Director de Seguridad Ciudadana de la PNP.
Desde Puno, el otrora jefe policial de la región en la que 19 personas fueron asesinadas, el general PNP Carlos Bravo Cáceres, fue enviado a Lima como Jefe Nacional de Inspecciones de la PNP.
Su designación sería estratégica pues “ahora es jefe de todas las inspectorías donde fueron archivadas las pocas investigaciones que se hicieron contra los policías que dispararon a matar”, indica el semanario.
El caso en Apurímac gira en torno al general Luis Flores Solís, quien pese a haber sido la máxima autoridad policial de la región cuando murieron 6 personas, ha pasado por tres cargos importantes.
En marzo de 2023, fue asignado a la Dirección de Trata de Personas de Lima; en mayo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI); y en diciembre, jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE).
Informe de Hildebrandt en sus trece exhibe la beneficiosa promoción de Boluarte a policías implicados en muertes durante protestas.
Otro beneficiado tras las muertes en protestas es el general Víctor Zanabria, quien era jefe de la región policial Lima cuando agentes le dispararon mortalmente a Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca.
Pese a su responsabilidad, Zanabria fue promovido como Jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (DIRNOS) y a mediados de diciembre fue ascendido al grado máximo de Teniente General de la PNP.
Lo mismo ocurrió con el general Gregorio Martin Villalón, asignado como Director de Medio Ambiente de la PNP, pese a estar investigado por muertes en el puente Pichanaqui, Junín, durante protestas.
Con esto, el gobierno de Dina Boluarte parece haber encontrado una estrategia para evitar que policías sindiquen ante la justicia su responsabilidad como mandataria por las muertes de ciudadanos en protestas.
Los beneficios por mantener silencio y exculpar de toda responsabilidad a los agentes de las fuerzas del orden en las muertes en protestas también alcanzarían a miembros del Ejército.
Recientemente se conoció que el general del Ejército Marco Marín Saldaña fue nombrado por Boluarte como agregado militar en Washington luego de exculpar mediante un informe a militares por la matanza en Ayacucho.
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