El número de trabajadores compelidos a laborar desde sus domicilios aumenta con la pandemia covid-19 y seguirá creciendo en los próximos años, por lo que la OIT pide facilitar su acceso a la economía formal para que cese su "invisibilidad".
IPS, 16 de enero, 2021.- Los “invisibles” trabajadores que laboran desde sus domicilios, y cuyo número aumenta debido a la covid-19, afrontan mayores riesgos de seguridad y salud y tienen menos acceso a prestaciones y oportunidades, destacó este miércoles 13 un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Antes de la pandemia, había en el mundo 260 millones de trabajadores dedicados al trabajo desde sus hogares, 90 por ciento de ellos en el sector informal, según la OIT.
Representaban 7,9 por ciento del empleo a nivel global, y 56 por ciento, o 147 millones, eran mujeres. En los primeros meses de 2020, uno de cada cinco trabajadores hizo su labor desde la casa. Aún se están elaborando los números precisos del año completo.
El estudio alerta de un aumento sustancial de esos trabajadores, y atribuye su “invisibilidad” o falta de reconocimiento de su existencia a que las tareas que desempeñan se insertan en la esfera privada y en el rubro informal, como ocurre en 90 por ciento de casos en los países de renta baja o media.
Incluso en las profesiones que requieren un mayor grado de calificación, la remuneración es menor que la de otras personas que realizan labores equivalentes en un sitio oficial de trabajo.
En este renglón cita los ejemplos del Reino Unido, donde el pago a estas personas es 13 por ciento menor; en Estados Unidos, 22 por ciento menos; en Sudáfrica, menos 25 por ciento; y en Argentina, India y México, las remuneraciones son hasta 50 por ciento menores que las recibidas en sitios formales de labor.
El informe detalla que en la categoría de trabajadores que operan desde casa figuran las personas que hacen su labor a distancia de forma ininterrumpida, y los que desempeñan una tarea no automatizada en el sector productivo, lo que abarca ocupaciones como bordado, artesanías o montajes electrónicos.
Asimismo, engloba a quienes prestan servicios por medio de plataformas digitales, como son los gestores de reclamos, quienes editan textos o alimentan bases de datos.
La OIT espera que la cantidad de teletrabajadores se incremente en los próximos años, por lo que insistió en la necesidad imperiosa de abordar las dificultades de estas personas y sus empleadores.
Además de los mayores riesgos que encaran, generalmente quienes trabajan desde sus domicilios no cuentan con acceso a los programas de capacitación para avanzar en su trayectoria profesional, no tienen la misma protección social que el resto de los trabajadores y no son parte de sindicatos ni de convenios colectivos.
Por lo general, los trabajadores que operan desde casa se consideran contratistas autónomos y, consecuentemente, quedan fuera del ámbito de las leyes laborales, recordó la economista jefe de la OIT y coautora del informe, Janine Berg.
“Únicamente 10 Estados miembros de la OIT han ratificado el Convenio 177, en virtud del cual se promueve la igualdad de trato entre los teletrabajadores y otros asalariados, y pocos países disponen de una política integral sobre el trabajo hecho desde la casa”, dijo Berg.
El estudio prevé que el trabajo a domicilio cobrará más importancia en los próximos años, por lo que aboga por una unión de los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y de empleadores, que garantice que todos los teletrabajadores pasen de un estado de “invisibilidad” a “una situación de trabajo decente”.
En sus recomendaciones al sector industrial, la OIT pide facilitar la transición de los trabajadores a la economía formal, con contratos por escrito, acceso a seguridad social y concienciación de esos empleados sobre sus derechos
Para los teletrabajadores de plataformas digitales se insta a usar información propia de ese tipo de trabajo para supervisar las condiciones laborales y los instrumentos aplicados para establecer salarios justos.
Y en general para los trabajadores a distancia se pide establecer medidas específicas para mitigar los riesgos psicosociales y respetar el “derecho a desconectarse”, a fin de delimitar claramente los ámbitos profesional y personal.
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