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Observatorio de Conflictos Mineros evalúa primer semestre de PPK

Foto: CooperAcción

Reporte propone renovar y reforzar institucionalidad a cargo de conflictos sociales, priorizando prevención. El 2017 el observatorio iniciará monitoreo y análisis de políticas públicas referentes a conflictos sociales.

Servindi, 18 de diciembre, 2016.- El miércoles 14 se presentó el 19° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, que recoge los sucesos y el contexto de los conflictos mineros durante el segundo semestre del 2016.

La publicación tambrién evalúa la gestión y la respuesta del nuevo gobierno frente a la conflictividad socioambiental generada en torno a la minería.

La presentación estuvo a cargo de José De Echave, de CooperAcción; David Velazco de Fedepaz y Mirtha Vásquez, de Grufides.

Una de las primeras conclusiones es que se percibe que los conflictos relacionados a la minería fueron subestimados en un inicio por el gobierno de Kuczynski.

Ello se fundamenta en que las soluciones aún se centran en el aspecto económico y el famoso formato del “adelanto social”.

El problema de este enfoque es que no reconoce que los conflictos sociales son multidimensionales, con diversas variables como la ambiental, social, cultural, además de la económica.

Foto (CooperAcción): José De Echave

Según comentó De Echave, director del Observatorio: “Es momento de discutir en serio y a fondo sobre qué tipo de institucionalidad y políticas públicas necesita el país para hacer frente a los conflictos sociales”.

No se ha avanzado en la puesta en marcha de una suerte de Sistema Nacional que ayude a prevenir y abordar de manera diferente los conflictos sociales en el país.

Está  claro que se necesita urgentemente un sistema que debería ser implementado por una Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad fortalecida.

Se trata de un sistema que tenga una alta capacidad de prevención y nula letalidad, dejando atrás nuestro actual puesto de tercer país con mayor mortalidad en conflictos sociales, agregó José de Echave.

En esa misma línea de refuerzo de la institucionalidad, se precisaría también que el Estado esté presente en los territorios donde se genera la conflictividad, aplicando una capacidad de reacción más inmediata y preventiva.

De Echave remarcó también que es fundamental que se desarrolle un claro enfoque de derechos que tome en cuenta que los territorios en los cuales se producen los conflictos no son territorios vacíos; hay comunidades y pueblos indígenas con derechos que deben ser respetados. 

Las Bambas y el Plan de Desarrollo para Cotabambas

En referencia al tratamiento del conflicto sobre el proyecto minero Las Bambas y la reciente propuesta de plan de desarrollo presentado por el Ejecutivo, se rescataron aspectos positivos.

Por ejemplo, el haber cumplido con el plazo de 45 días para presentar la propuesta refleja un nivel de articulación multisectorial que debe mantenerse.

También se mencionó como aspecto positivo el haberse priorizado 158 proyectos de desarrollo, lo que plantea un horizonte temporal preciso marcado por trimestres hasta el 2021.

Sin embargo, tanmbién se señaló que el plan se sigue enfocando sobre todo en el aspecto económico y aún no recoge en su totalidad la agenda integral y legítima de las comunidades.

Las organizaciones comunales tienen demandas relacionadas a los derechos humanos, el medio ambiente, y desarrollo sostenible que apun falta atender.

Tampoco es claro el rol de la empresa minera en cuanto a la responsabilidad social que le corresponde.

Un aspecto clave omitido es el tema ambiental debido a que no queda claro qué va a suceder con las seis modificatorias realizadas al proyecto minero inicial y los impactos que ya están generando estos cambios..

La persecución de líderes en Cajamarca

Mirtha Vásquez, directora de la asociación Grufides, comentó cómo es que en Cajamarca los líderes que defienden su territorio y recursos hídricos sufren al ser perseguidos y procesados con condenas injustas y excesivas que tienen un fin intimidatorio.

Se han defendido casos cuyas penas iban desde 35 años de cárcel hasta la cadena perpetua, ante los cuales el Poder Judicial actuó dentro del marco de la ley pero desconociendo los derechos y la justicia comunal.

Frente a este tipo de abusos las rondas campesinas de Cajamarca programaron para el 15 de diciembre el primer paro en contra de este poder del Estado.

Foto (CooperAcción): Mirtha Vásquez

Como abogada del caso de Máxima Acuña y su familia, Mirtha Vásquez alertó que los ataques por parte de la empresa minera Yanacocha se han seguido presentando durante los últimos dos meses.

Frente a ello advirtió que si sucediera algo con su representada la responsabilidad recaería no sólo en la empresa sino también en el propio Estado al no haber reaccionado en su defensa.

Los convenios entre la PNP y empresas mineras

De otro lado, David Velazco, de la asociación Fedepaz, aseveró que también en las regiones en las que prestan asesoría legal defienden a campesinos que son neutralizados socialmente con procesos penales que se prolongan por años.

La preocupación también recae en cómo la arbitrariedad aplicada para criminalizar la protesta de la población que expresa su descontento o defiende su territorio se mantiene inmune. No se cuestiona a las instancias que permiten atropellar los derechos de los acusados, dijo Velazco.

Foto (CooperAcción): David Velazco

Sigue siendo alarmante que aún sigan vigentes convenios entre la policía y las empresas mineras permitiendo la “mercenarización” de quienes deben un servicio público y de seguridad para la ciudadanía.

Al mantenerse esta política, que además es secreta, se siguen ignorando los derechos humanos de las poblaciones en conflicto, indicó David Velasco. 

Acceda a la versión completa del reporte 19° haciendo clic en el siguiente enlace:

- 19° observatorio de conflictos mineros en el Perú, reporte segundo semestre 2016 (versión PDF, español, 49 páginas)

 
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