Apus de la Amazonía peruana denunciarán al Gobierno ante la Alta Comisionada de la ONU para DD. HH, Michelle Bachelet, por negarse a implementar Plan de Salud Intercultural.
Servindi, 15 de julio, 2022.- Líderes indígenas de la Amazonía peruana denunciarán ante la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, el abandono en salud por parte del Gobierno.
Esto, debido a que el Gobierno se niega a implementar el anunciado Plan de Salud Intercultural para salvaguardar la vida de poblaciones indígenas afectadas por la contaminación petrolera, en Loreto.
La denuncia será realizada en una reunión que sostendrán los apus Aurelio Chino (Fediquep) y Alfonso López (Acodecospat) con Bachelet el lunes 18 de julio, en Lima, informaron en un comunicado.
Fediquep es la Federación Indígena Quechua del Pastaza y Acodecospat es la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca e integran la plataforma Puinamudt.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, se reunirá con apus de la Amazonía peruana. Foto: ONU
Recientemente, el Ejecutivo negó la existencia del presupuesto para el mencionado plan, que beneficiaría a 60 mil pobladores de 500 comunidades de la Amazonía peruana.
Esto, pese a que el premier Aníbal Torres había anunciado ante el Congreso una partida de 93 millones de soles para implementarlo y el Ministerio de Salud (Minsa) venía asegurando su pronta aprobación.
El plan iba a beneficiar a comunidades de los pueblos Kukama, Urarina, Achuar y Kichwa, que cargan con las consecuencias de la actividad petrolera en los lotes 192 y 8 desde hace más de 50 años.
Premier Aníbal Torres dijo que destinarían fondos para el Plan de Salud Intecultural, pero ahora se niega la existencia de dicho presupuesto. Foto: PCM
Según los apus, este plan había sido acordado y consensuado por el Minsa y la Plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt), desde enero.
El compromiso del Estado se remonta hace 10 años cuando las comunidades tuvieron que movilizarse y exigir estudios que evidenciaran la exposición a metales pesados y la precariedad de los servicios de salud.
Los apus esperan que, al exponer estos graves hechos ante la Alta Comisionada, ella puede interceder para que el Gobierno recapacite del peligro al que están expuestas las comunidades.
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