Federación indígena espera que Tercera Sala Constitucional de Lima ordene el cese de actividades a Ocho Sur tras sustentar que operan megaplantación en Ucayali sin autorizaciones ambientales.
Servindi, 15 de mayo, 2024.- A evaluación de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima quedó la posibilidad de ordenar el cese de actividades a la empresa palmicultora Ocho Sur.
Este pedido fue solicitado por la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) en una audiencia judicial contra la empresa por operar una megaplantación de más de 6800 hectáreas en el fundo Tibecocha, región Ucayali, sin autorizaciones ambientales.
La audiencia se produjo el 9 de mayo en el marco de una demanda de amparo presentada por Feconau, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Kené, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, en enero de 2023.
En la audiencia, la parte demandante argumentó que la empresa afecta el derecho a gozar de un medio ambiente sano y a la salud de las comunidades al no contar con autorizaciones ambientales para operar.
Una de ellas es la autorización de cambio de uso de suelos de Ocho Sur, que fue declarada nula y cuya aprobación fue cuestionada por la Contraloría General de la República, indica el portal del IDL.
Según el abogado de IDL y de la parte demandante, Isaac Peña, Ocho Sur ha judicializado la resolución que niega el cambio de uso y pidió luego que se confirme la aprobación de este cambio, admitiendo así que no tiene esta autorización.
Los demandantes también sostuvieron que la empresa no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni Instrumento de Gestión Ambiental.
Según indicaron, Ocho Sur tramitó un Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), del cual se desistió el 10 de abril del 2024, pero días después volvió a tramitar otro PAMA.
Así se confirmaría la carencia de estos instrumentos, exigidos por la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, explicó IDL.
A esto, el abogado Peña sumó la respuesta que el Estado le dio a Naciones Unidas en diciembre de 2023 por alegaciones de violaciones de derechos humanos de parte de Ocho Sur, donde reconoce que la empresa no cuenta con instrumento de gestión ambiental aprobado.
Pese a todo esto, la defensa de la empresa solicitó el archivamiento del caso.
En tanto, la parte demandante espera “que la Tercera Sala Constitucional de Lima dicte una resolución que haga justicia frente al accionar de una empresa que opera en una megaplantación sin instrumentos ambientales aprobados”.
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