Ríos de Amazonas en peligro por minería ilegal

Nuevo reporte del MAAP identifica numerosas dragas activas en ríos Santiago y Cenepa. Además, alerta que dragas operan en áreas que ni siquiera ha sido consideradas para concesiones mineras.

Servindi, 15 de abril, 2024.- Pese a que la legislación peruana prohíbe el uso de dragas en todos los cursos de agua, las “peques dragas” han comenzado a cubrir áreas extensas de los ríos Santiago y Cenepa, en la región Amazonas.

Así lo expone un reciente reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) que identifica 6 y 40 dragas activas que sirven para la minería ilegal en los ríos Santiago y Cenepa, respectivamente.

Las dragas están actualmente operando en áreas que ni siquiera han sido consideradas por las autoridades peruanas para el establecimiento de concesiones mineras, un reflejo de la impunidad con la que operan.

Las prolongaciones para la formalización minera generan impunidad para la minería ilegal, ya que los mineros informales inmersos en ese proceso pueden seguir operando sin recibir sanciones, así causen daños ambientales y a la salud de personas.

Esto se debe a una disposición en el artículo 307°-A del Código Penal, que establece que la pena por minería ilegal solo se aplica a quienes estén fuera del proceso de formalización.

Por ello, el MAAP considera necesario que los legisladores prioricen leyes que protejan el medio ambiente y fortalezcan la lucha contra la minería ilegal, en lugar de continuar prolongando el proceso de formalización.

Río Santiago

Desde inicios del presente año, se han difundido numerosas noticias que alertan la presencia de dragas mineras en el río Santiago, indicando la presencia de dragas distribuidas en las áreas intermedias y superiores del río.

Mediante un análisis de imágenes de muy alta resolución (Skysat, 50 cm), MAAP confirma la presencia de 6 dragas en el sector comprendido entre las comunidades Wampis de Belén, Yutupis, Guayabal, Fortaleza y San Juan (ver Mapa Base).

En la Figura 1, se aprecia la ubicación de una draga minera frente a la comunidad indígena Guayabal.

Figura 1. Presencia de draga minera frente a la comunidad indígena Guayabal.

También en este sector del río Santiago se ha identificado restos de actividad minera reciente frente a la comunidad de Belén, donde se aprecian montículos de material extraído del lecho del río (Figura 2).

Figura 2. Presencia de draga minera frente a la comunidad indígena Guayabal.

Río Cenepa

En el río Cenepa, también se han reportado la presencia de dragas, en este caso desde el año 2022. El sector que actualmente vienen siendo presionado por la presencia de la minería ilegal comprende las comunidades Awajún de Huampani, Sua San Antonio, Pagki, Nuevo Tuntino, Tuutin y Mamayaque.

En un análisis realizado mediante imágenes de muy alta resolución, se habrían identificado hasta 40 dragas activas en este sector del río Cenepa entre mediados y finales del 2023 (Figura 3).

Figura 3. Presencia de dragas minera frente a la comunidad indígena Sua San Antonio.

Cabe mencionar que actualmente existe un proyecto de carretera entre las localidades de Urakusa y  Huampami  promovido por la Municipalidad Provincial de Condorcanqui.

Este proyecto se encuentra en consulta previa a pedido de las comunidades y que eventualmente podría potenciar la llegada de más mineros ilegales a la zona.

Situación Actual de la Minería en la Amazonía Peruana

Según la legislación peruana, específicamente el Decreto Legislativo N.° 1100, se prohíbe el uso de dragas y otros artefactos similares en todos los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales, en el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal.

Esta prohibición ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia Exp 316-2011-PA/TC¹. Por lo tanto, toda actividad enmarcada en este supuesto es considerada minería ilegal.

Además, como se puede apreciarse en el Mapa Base, las dragas están operando en áreas que ni siquiera han sido consideradas por las autoridades peruana para el establecimiento de concesiones mineras.

El marco normativo relacionado con la formalización de la minería artesanal en Perú ha experimentado cambios significativos. Desde la aprobación de la Ley N° 27651 en 2002², se han promulgado diversas leyes que han extendido este proceso en varias ocasiones.

En orden cronológico, se modificó el Decreto Supremo N° 010-2017-EM³ en 2017, simplificando los requisitos del Proceso de Formalización Minera Integral.  

Posteriormente, la Ley N° 31007⁴, promulgada en 2019, extendió el plazo para la inscripción de mineros informales en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta diciembre de 2021.

Además, la modificación del Decreto Supremo N° 009-2021-EM en 2021 permitió extender el plazo para presentar alegatos de los mineros que hayan proporcionado información falsa en el REINFO o hayan incurrido en causales de exclusión⁵.

El 20 de diciembre de 2023, se publicó la última actualización con respecto a la formalización minera mediante el Decreto Legislativo N°1607, que derogó disposiciones de la normativa minera⁶.

Esta actualización extendió los plazos para que los mineros en proceso de formalización lleguen a un acuerdo con el titular de la concesión minera en la que operan, y para que los mineros con inscripciones suspendidas levanten dicha suspensión, ambos hasta el 20 de marzo de 2024. También se eliminaron ciertas causales de exclusión al REINFO.

El 29 de febrero del 2024, el Congreso rechazó el dictamen que buscaba ampliar el proceso de formalización minera una vez más⁷.

Al respecto, el Ministerio del Ambiente (MINAM) emitió el Informe N° 00757-2023-MINAM/SG/OGAJ en el cual señala que esta ampliación sería un “incentivo perverso” para los mineros en vías de formalización.

Actualmente, existe una propuesta legislativa relacionada al Proyecto de Ley 2715/2021-CR el cual tiene como finalidad modificar el Decreto Legislativo N° 1100 que ordena la destrucción de bienes, maquinaria o equipos en el marco de una interdicción ilegal, si bien el proyecto fue aprobado, posteriormente fue reconsiderado y actualmente se encuentra en orden del día.

Estas prolongaciones han generado impunidad para la minería ilegal, ya que los mineros informales en proceso de formalización pueden continuar con sus actividades sin recibir sanciones, incluso si causan daños ambientales y a la salud de las personas.

Esto se debe a una disposición en el artículo 307°-A del Código Penal, que establece que la pena por minería ilegal solo se aplica a quienes estén fuera del proceso de formalización.

Según información del Ministerio de Energía y Minas – MINEM, de las 83,000 declaraciones de compromiso registradas en el REINFO, solamente un promedio de 20,000 inscritos han realizado los trámites correspondientes para formalizar su actividad en la presente década (Ministerio de Energía y Minas, 2024).

Esta situación ha sido criticada por diversas instituciones y fiscales especializados en materia ambiental, que consideran que la extensión del proceso de formalización desincentiva la formalización y permite que la minería ilegal se perpetúe, recordemos que el proceso de formalización inició hace 21 años.

En este contexto, el MAAP considera necesario que los legisladores prioricen leyes que protejan el medio ambiente y fortalezcan la lucha contra la minería ilegal, en lugar de continuar prolongando el proceso de formalización.

¹ https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00316-2011-AA.pdf

² Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

³ Disposición excepcional para la realización de las auditorías externas por parte de los titulares de actividad minera referidas en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2016-EM.

⁴ Ley que reestructura la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de personas naturales o jurídicas que se encuentren desarrollando las actividades de explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal.

⁵ Establece disposiciones complementarias respecto de incumplimiento de requisitos y condiciones de permanencia del Registro Integral de Formalización Minera – REINFO.

⁶ Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado.

⁷ Dictamen de la Comisión de Energía y Minas, el cual reúne los proyectos de ley 2172, 2519 y 3621.