Foto: AFP / Raúl Arboleda
En medio de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, un grupo de empresarios le envió una carta al presidente Iván Duque llena de propuestas para evitar una caída «drástica» de la economía. De inmediato, estas ideas fueron rechazadas por la sociedad civil. ¿Qué motivó el rechazo de las propuestas? ¿Cómo ha actuado el gobierno de Colombia?
Servindi, 16 de abril, 2020.- El 3 de abril, 25 empresarios asociados al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga se dirigieron mediante una misiva al presidente de Colombia, Iván Duque, para hacerle llegar un pedido: «adoptar medidas para evitar que la actividad económica real caiga de forma drástica y persistente».
El documento firmado, entre otros, por los máximos representantes del sector minero y la industria de energía y cemento, reúne propuestas en seis aspectos económicos que van desde el mercado laboral hasta los impactos que podría sufrir la economía a raíz de la pandemia.
En una de sus propuestas consignadas dentro de las medidas para el mercado laboral y la productividad, el gremio empresarial señala que el proceso de consulta previa «frena el desarrollo» de la economía y que, por ende, debía ser «abreviado».
«Aprobar procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales en los que, sin vulnerar el ordenamiento jurídico, se simplifique su aplicación, para aumentar y acelerar la productividad en los sectores estratégicos del desarrollo económico del país», se lee en el documento.
Esta propuesta del empresariado generó indignación en la sociedad civil que, este 15 de abril, ha respondido mediante una carta abierta dirigida al mandatario.
Exigen al gobierno rechazar recorte de consulta previa
La carta de respuesta firmada por 133 comunidades étnicas, organizaciones indígenas, afrodescendientes y de la sociedad civil, asegura que las medidas propuestas por el empresariado colombiano «vulnerarían derechos humanos, territoriales y del ambiente».
Por ello, en el documento que también es firmado por defensores y defensoras de derechos, exigen que el gobierno colombiano rechace las «medidas regresivas propuestas de manera oportunista» por el gremio empresarial en Colombia.
«Le recordamos señor Presidente, al empresariado colombiano y a la opinión pública nacional e internacional, que la consulta previa, libre e informada no es un simple trámite, es un derecho de carácter fundamental, íntimamente vinculado con el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos y su posibilidad de sobrevivir física y culturalmente», señalan.
En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil y defensores advirtieron que, de aprobarse el recorte del proceso de consulta previa, Colombia no solo se estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales, «sino que implicaría indudablemente la adopción de medidas regresivas en materia de derechos humanos».
Gobierno impulsa consultas previas virtuales
En la misma carta, las organizaciones indígenas expresaron su rechazo a la reciente disposición del Ministerio del Interior de Colombia que establece el uso de los medios virtuales para la realización de los procesos de consulta previa.
La orden que fue publicada por el Ministerio del Interior el pasado 27 de marzo, estableció el «uso de medios virtuales para la realización de consulta previa de medidas legislativas y administrativas» en todas las entidades públicas, privadas y comunidades indígenas, con el fin de evitar el contagio del COVID-19.
Sin embargo, para las organizaciones indígenas esta directriz «es contraria a la naturaleza y fin del derecho» porque «desconoce las reales condiciones de vida en los territorios indígenas, donde el acceso a tecnologías de la información es generalmente excepcional».
Por otro lado, señalan que la falta de rigurosidad en los trámites y procesos para la aprobación de proyectos extractivos en los territorios indígenas durante la pandemia, permitirá dar «vía libre» para que el COVID-19 llegue a los territorios indígenas, generando un riesgo inminente y grave para las comunidades.
En la misma línea, instaron al presidente a declarar la suspensión temporal de actividades extractivas por considerarlas «no esenciales» en el marco de la pandemia y, en cambio, «significar un grave riesgo para la expansión de la COVID-19 en los territorios de comunidades étnicas».
«Es precisamente en los momentos de crisis cuando la protección y garantía de derechos es lo más importante, y entorno a ello deberían girar todas las acciones y medidas que se adopten, especialmente para los grupos más vulnerables, como son las comunidades étnicas», sentenciaron.
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