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Piden derogar “Ley Ushñahua” por atentar contra los PIACI

Fuente: Ministerio de Cultura.

A través de un contundente pronunciamiento, diversas instituciones de la sociedad civil y expertos en temas ambientales e indígenas exigieron derogar la Ley 30723.

Servindi, 16 de marzo, 2018.- Diversas organizaciones de la sociedad civil y especialistas en temas ambientales e indígenas piden la derogación de la Ley 30723 —conocida como “Ley Ushñahua”— por atentar contra la integridad de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

“La construcción de carreteras en territorios por los que transitan podría generarles graves enfermedades y epidemias”, se lee en el pronunciamiento difundido por la SPDA Actualidad Ambiental.

Además de expresar su preocupación por los PIACI, alertaron sobre los impactos sociales y ambientales que podría ocasionar la ley mencionada.

“Podría generar serios problemas como el tráfico sexual de menores (especialmente de niños y niñas indígenas) y la afectación a la salud de la población mayoritariamente indígena”.

“Asimismo, acrecentaría actividades ilícitas como la minería ilegal, la tala indiscriminada, el comercio informal e ilegal de fauna silvestre, y el tráfico de tierras. Ello implicaría el aumento de serios conflictos socioambientales”, reza el escrito.

Por otro lado, solicitaron al Congreso de la República dar paso a un trabajo coordinado en base al respeto de los derechos indígenas y ambientales con la participación de las entidades públicas involucradas, organizaciones indígenas y sociedad civil.

Sobre “Ley Ushñahua”

Como se recuerda, la Ley 30723, que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali, fue promulgada el pasado 22 de enero.

La norma tiene como origen el Proyecto de Ley 1123, presentado por el congresista fujimorista Glider Ushñahua Huasanga.

La norma fue cuestionada por el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República.

También tuvo un rotundo rechazo por parte de Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

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