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A dos años de protestas del 14N, exigen justicia para víctimas

Foto: Antonio Melgarejo/La República

Organizaciones de derechos humanos pidieron avanzar en las investigaciones y garantizar una reparación integral a víctimas y afectados de las protestas del 2020.

Servindi, 14 de noviembre, 2022.- En el segundo aniversario de las protestas del 14 de noviembre de 2020 (14N), organizaciones de derechos humanos exigieron justicia para las víctimas y afectados por la represión policial.

Las familias de Inti Sotelo y Bryan Pintado, jóvenes que fallecieron en dichas protestas, aún permanecen en búsqueda de justicia, mientras que afectados que quedaron con secuelas no acceden a atención de salud.

En ese contexto, la Misión en Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se pronunció recalcando la importancia del acceso a la justicia de víctimas.

“Recordamos que se debe avanzar en las investigaciones realizadas y garantizar el acceso a una justicia eficaz, una reparación integral y medidas de no repetición”, indicó el organismo.

Desde Amnistía Internacional también se manifestaron exigiendo “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para todas las víctimas y sus familiares” de la protesta del 14N.

Como se recuerda, dicha protesta se produjo en rechazo a la asunción en el cargo presidencial de Manuel Merino, presidente entonces del Congreso, tras la vacancia de Martín Vizcarra.

Los enfrentamientos de esa noche entre manifestantes y policías, que no dudaron en hacer disparos y usar gases lacrimógenos, dejaron 78 personas lesionadas, y dos fallecidos (inti y Bryan).

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que la policía no actuó de manera proporcionada y con precaución.

Esto, de acuerdo a las exigencias de los estándares internacionales e incluso normas nacionales de derecho a la protesta.

En junio del 2022, el Congreso —mediante un informe del congresista Alejandro Cavero (Avanza País)— archivó la denuncia constitucional contra el expresidente Merino y dos funcionarios de su gobierno, como presuntos autores.

Las investigaciones penales contra los efectivos policiales, también presuntos responsables, están suspendidas.

“Esto impide la continuación de las investigaciones, el develamiento de la verdad y la obtención de justicia”, según indicó en un reciente comunicado Amnistía Internacional.

Se espera que el caso llegue a instancias internacionales ya que la familia de Inti Sotelo, una de las víctimas, dijo que esta semana denunciarán al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esto, por por la impunidad que generó el Congreso al desestimar la acusación constitucional como autores mediatos contra Manuel Merino, el expremier Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.

 

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