«Indígenas no hubieran muerto si el Estado los hubiera escuchado»

El sistema peruano es excluyente, discriminador y racista. Cuando pasa una tragedia recién desea responder las necesidades de los pueblos indígenas.

Servindi, 13 de agosto, 2020.- El sistema peruano es excluyente, discriminador y racista. Cuando ocurre una tragedia recién da señales de intentar responder a las necesidades de los pueblos indígenas.

Esta es la idea base compartida por organizaciones indígenas locales, nacionales e internacionales en una conferencia de prensa sobre la masacre de indigenas kukama en el Lote 95 de Perú

Frente a la tragedia ocurrida, Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), manifestó que el Estado peruano no está dando soluciones, al contrario, está matando a la población indígena.

Somos ciudadanos peruanos merecemos respeto, el Gobierno debe garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En Requena se urge conversación y no represión, declaró el Apu Lizardo.

Durante su intervención en la conferencia de prensa, Lizardo solicitó una investigación transparente, además, exigió una mesa de diálogo urgente para planificar, programar y presupuestar las demandas de los pueblos indígenas.

No queremos más actas ni discurso, nosotros exigimos decretos que cumplan con nuestras solicitudes, recalcó el presidente de Aidesep.

En la conferencia también participó Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), quien denunció que se están violando sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas.

Queremos saber quién dio la orden de matar a nuestros hermanos, por qué dispararon, de dónde vino la orden. Exigimos justicia. Dónde está constitución política que debe proteger la vida de lo indígenas, exclamó Mirabal.

“Pedimos a la Conferencia Episcopal que se pongan de lado de nuestros pueblos, también hacemos un llamado a las embajadas para que impulsen una mesa diálogo que cuente con representantes indígenas”, señaló el Apu Gregorio

COICA y Aidesep exigen una comisión de alto nivel del Gobierno para que ingrese junto a sus representantes a Requena, solo de esta forma se garantizará la justicia en ese territorito indígena.

Por su parte, Jorge Pérez Rubio, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), manifestó que las demandas están orientadas a exigir justicia por la muerte de los indígenas en el Lote 95.

Los hermanos no hubieran muerto si el Estado hubiera aperturado un diálogo anticipado. El diálogo siempre ha sido esquivo para los pueblos indígenas, resaltó Pérez.

Durante su intervención, el Apu Jorge denunció que los principales líderes indígenas están siendo amenazados y perseguidos. La empresa y el Estado han cumplido un rol desalentador y de maltrato psicológico de azuzamiento a la población.

Luego de tragedia en el Lote 95, cada cien metros hay un policía acosando a los líderes indígenas. Cómo pedir garantías si es la policía quien nos acosa, reveló Daniel Sayago.

Además, señaló que las empresas petroleras y el Gobierno han tratado de chantajear con dinero a los líderes indígenas; pero, ellos no han aceptado porque la dignidad del pueblo amazónico no tiene precio.

José Fachín, manifestó que en el Perú no hay garantías de vida para los pueblos indígenas. “Aquí necesitamos mantenernos en alerta, porque nuestras vidas están en peligro”, advirtió.

Demandas del pueblo indígena

La agenda de demandas está marcada por tres puntos esenciales. El primero, la inmediata atención médica frenar la ola de contagios de coronavirus en los pueblos indígenas.

Envíenos medicinas y no policías, exclamó Lizardo.

El segundo, está relacionado con los hidrocarburos, ya que se debe cambiar la normativa con la que se trabaja en el país, ya que hasta ahora viene generando un impacto desastroso en las poblaciones indígenas.

El tercer punto, es la agenda postpetróleo en la que se demanda que sobre todas las acciones que decida el Estado se debe garantizar el respeto de sus derechos humanos y colectivos y asegure un buen vivir para las comunidades y los ecosistemas. 

Además, en la conferencia anunciaron que se le exigirá al Estado una ayuda social por dos años para las familias de los indígenas fallecidos y heridos durante el enfrentamiento en el Lote 95.

Todos los ponentes de la conferencia coincidieron que se necesita un fondo específico para implementar las demandas que solicitan los pueblos indígenas peruanos. Pese a que ya entregaron propuestas concretas hasta ahora el Estado no las atiende y está en seria falta.

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