Foto: ANDINA/Difusión
Medidas como declarar emergencia en vías nacionales y disponer control policial a quienes viajen hacia Lima buscarían limitar el impacto de la marcha del 19 de julio.
Servindi, 13 de julio, 2023.- El gobierno de Dina Boluarte y sus aliados han dispuesto una serie de medidas que apuntarían a intentar limitar el impacto que podría tener la anunciada marcha hacia Lima del 19 de julio.
Declararon en emergencia las vías nacionales, dispusieron que la policía registre a ciudadanos de provincias que viajen a la capital e impulsan proyecto para elevar las penas de delitos que se comentan durante el estado de emergencia.
Además, recientemente se suspendieron las actividades presenciales en la universidad San Marcos, cuyos estudiantes acogieron a manifestantes provenientes de provincias en el marco de las protestas de enero pasado.
Emergencia y control
Fue el primer ministro, Alberto Otárola, quien anunció la aprobación de un decreto que prorroga por 30 días el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y en el Corredor Vial Interoceánica Sur.
La medida tiene el fin de garantizar “la libre circulación por Fiestas Patrias” y “el derecho a la movilización de todas las personas en las próximas semanas”, dijo Otárola a la prensa el 12 de julio.
El anuncio, no obstante, llamó la atención porque se produce a una semana de la realización de la denominada marcha de ciudadanos de provincias hacia Lima, convocada para el miércoles 19 de julio.
Además, medida se da cuando el Ejecutivo impulsa en el Congreso una iniciativa para aumentar las penas de los delitos que se hayan cometido durante la vigencia de un estado de emergencia.
Premier Alberto Otárola anunció declaratoria de emergencia en vías nacionales por un mes. Foto: PCM
El proyecto de ley N° 4271/2022-PE fue presentado por la presidenta Dina Boluarte el 17 de febrero y está pendiente de ser aprobado por el Congreso a la espera de “opiniones técnicas”.
Esta iniciativa también plantea eliminar y enviar a juicio de manera “express” y sin el debido proceso a los ciudadanos acusados de cometer delitos en situación de emergencia.
Especialistas en múltiples materias han cuestionado este proyecto advirtiendo su peligrosidad, no solo porque limita el derecho a la protesta pacífica, sino porque vulnera las garantías procesales.
A esto se suma una disposición de la Policía que permitirá que registren en audio y video a los ciudadanos que lleguen a Lima para participar en las nuevas protestas contra el Gobierno.
El general de la Policía, Óscar Arriola, también indicó que revisarán a los manifestantes que acudan con mochilas a las protestas, con el objetivo de “detectar explosivos y así evitar desmanes”.
Cierran San Marcos
Por otro lado, la noche del 12 de julio, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció de manera sorpresiva la suspensión indefinida de las actividades académicas presenciales a partir de este jueves 13.
La decisión fue tomada por la alta dirección de la UNMSM según un comunicado emitido por la universidad donde se explica que se da “por razones de seguridad” para prevenir “contingencias”.
Esta medida se produjo en vísperas de un plantón anunciado por la Federación Universitaria de San Marcos para este 14 de julio por disposiciones asumidas por la rectora Jerí Ramón respecto al uso del Estado de San Marcos.
Comunicado de la Alta Dirección de San Marcos anunciado la suspensión de actividades presenciales. Foto: UNMSM
Esto, debido a que se ha dispuesto que los fondos recaudados mediante el alquiler del recinto deportivo para espectáculos pasen a ser administrados directamente por el rectorado y ya no por la Oficina de Bienestar Universitario que responde a los intereses de los alumnos.
El cierre de San Marcos también podría tener otra finalidad si se considera que, en el último estallido social, el recinto fue usado por los alumnos para albergar a manifestantes de provincia.
Esta decisión no le gustó para nada a la rectora Jerí Ramón que autorizó el ingreso de la Policía a la universidad para retirar con tanquetas y como si fueran delincuentes a los manifestantes.
Cerrar el recinto universitario a una semana de la marcha del 19 de julio podría también servir entonces para impedir que el espacio sea utilizado nuevamente para acoger a los protestantes.
Estudiantes de San Marcos alojaron en enero a manifestantes que llegaron de provincias para protestar. Foto: La República
Control mediático
Pero si como esto no fuera suficiente, el Gobierno también ha venido preparando el escenario para tener el manejo político de los medios de comunicación estatales, a cargo del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP).
Desde hace semanas, personal imparcial y crítico al gobierno de Boluarte, entre productores, conductores y reporteros, fueron despedidos de TV Perú y Radio Nacional sin justificación alguna.
La ola de despidos se produjo tras la asunción de Ninoska Chandia, exjefe de prensa de Boluarte, como presidenta del IRTP, en un hecho sin precedentes cuestionado por gremios periodísticos.
Todo apunta a que el Gobierno buscará limitar, a como dé lugar, el impacto de la marcha hacia a Lima, que ya ha estigmatizado y minimizado a través de sus voceros principales.
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