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Denunciarán a Otsuka por trabar formalización minera

Luis Otsuka, gobernador regional de Madre de Dios. Foto: Andina.

Servindi, 13 de abril, 2016.- El Ministerio del Ambiente anunció que iniciará procesos judiciales contra Luis Otsuka, gobernador regional de Madre de Dios, por trabar de manera dolosa el proceso de formalización minera y otros delitos en materia ambiental en la región.

La denuncia se sustentará en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que determinó que el Gobierno Regional de Madre de Dios actúa con negligencia e incumple sus funciones en el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal.

El documento N° 060 2016-CG/MA-AC, realizado por la comisión auditora en diciembre del 2015, evidencia el incumplimiento “con sus obligaciones funcionales para evaluar y resolver los Instrumentos de Gestión Ambiental Correctiva (IGAC)”.

Los principales hallazgos que involucraban al Gobierno Regional de Madre de Dios fueron, según el informe, el incumplimiento para evaluar y resolver los IGAC, el establecimiento de requisitos que no están en la norma y haber usado solo el 20 por ciento del presupuesto para el funcionamiento de la Ventanilla Única de Formalización Minera.

La paralización del proceso de revisión de los IGAC

El IGAC es una herramienta que busca mitigar y corregir los impactos ambientales generados por las actividades mineras en curso y establece medidas para que esas actividades sean sostenibles en el tiempo.

El IGAC es también uno de los requisitos para la formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal.

Según el informe de la Contraloría, el Gobierno Regional de Madre de Dios paralizó intencionalmente el proceso de revisión de los IGAC, dejando alrededor de 652 IGAC pendientes de evaluación.

De esa manera los mineros en proceso de formalización han continuado operando con maquinaria prohibida y el Gobierno Regional no los fiscaliza y les permite continuar con sus actividades al margen de la ley.


La minería ilegal operando dentro de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios. Foto: Actualidad Ambiental.

Gobierno Regional exigía requisitos que no constan en las normas

Según señala la agencia Andina, la Contraloría habría encontrado además incumplimientos funcionales por parte del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Uno de estos eran los condicionamientos puestos por la autoridad regional para aprobar los IGAC, donde se establecieron requisitos rigurosos que no constan en la norma que regula el procedimiento.

Como consecuencia de eso, en los años 2013 y 2014 no se ha aprobó ningún IGAC. Y en el 2015 se abandonó la evaluación.

Según el informe de la Contraloría, solamente se habría hecho uso del 20 por ciento de los 531,000 soles que fueron asignados como presupuesto para el funcionamiento de la Ventanilla Única de Formalización Minera.

Dicha entidad debería facilitar la coordinación entre los distintos sectores encargados de la revisión de los expedientes. Actualmente continúa inoperativa.

Proceso de formalización no es fallido: falla la actitud de los Gobiernos Regionales


Ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal. Foto: Andina.

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, señaló al respecto: “La Contraloría afirma claramente que el proceso de formalización no es fallido. Lo que es fallida es la actitud de los gobiernos regionales, en este caso específico de Madre de Dios, que con una voluntad dolosa traba el proceso”.

Agregó que el reto pendiente es ejecutar las recomendaciones de la Contraloría e iniciar los procesos judiciales que corresponden.

Señaló que hay buenos ejemplos del proceso de formalización a escala nacional: 30 mil mineros han avanzado en la formalización y más de mil ya están formalizados indicó.

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Con información de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA): http://www.actualidadambiental.pe/?p=36820
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Comentarios

Gobernador de Madre de Dios miedoso o convenido, la cosa es que durante 2013-2015 no ha formalizado a ningún minero artesanal. Y que el Ministro del Ambiente diga que le van a denunciar al Gobernador, es solo un anuncio de un desautorizado por los casos Conga y Tía María. ¿Así es el Estado que describe y justifica la Constitución del 93?..

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