Mónica López Baltodano, representante legal del Consejo Nacional de la Tierra Lago y Soberanía, acudió a la Asamblea acompañada de William Rivas, del Comité Promotor de la Iniciativa de Ley para derogar la ley canalera.
- Advierten que Asamblea Nacional confunde de forma "malintencionada" los recursos por inconstitucionalidad presentados contra la Ley N° 840, con la potestad ciudadana de presentar iniciativas ciudadanas de ley.
Servindi, 13 de abril, 2016.- La Asamblea Nacional rechazó una iniciativa de ley, respaldada por más de 28 mil firmas ciudadanas, para derogar el proyecto del canal interoceánico que ejecuta la firma china HKND Group.
El argumento de la Asamblea fue que no tienen competencia para reformar la Ley del Canal, Ley N° 840, relató Mónica López Baltodano, asesora del Consejo Nacional de la Tierra Lago y Soberanía, a su salida de una cita en la Primera Secretaría de la Asamblea, el lunes.
“Hay una intencionalidad expresada a través de la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional de sencillamente decirle al país que la Ley del Canal está escrita en piedra, y que ni 28 mil firmas de ciudadanos pueden modificarla”, expresó.
En un comunicado que se dio a conocer el mismo lunes, el Comité Promotor de la Iniciativa de Ley para derogar la denominada ley canalera expuso que la Asamblea se declaró "incompetente" para tramitar la "Iniciativa Ciudadana de Ley para la Derogación de la Ley 840, Acuerdos y Resoluciones Conexas", argumentando que existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declara constitucional la Ley N° 840.
No obstante, dicho argumento resulta "malintencionado", explicó el Comité, ya que la Asamblea "confunde los recursos por inconstitucionalidad presentados en contra de dicha ley, con la potestad ciudadana de presentar iniciativas ciudadanas de ley, con el respaldo de al menos 5,000 firmas, tal como se dispone en el artículo número 140 numeral 5 de la Constitución Política de la República de Nicaragua".
La iniciativa que busca derogar la norma se presentó ante la Asamblea el jueves 7 de abril para que inicie su trámite; y según ley, explicó López, solo hasta el viernes se pudo haber dado alguna observación o notificación en torno a lo presentado.
En ese sentido, rechazó que en la cita del lunes funcionarios de la Asamblea la hayan presionado para que firme un documento de respuesta con fecha del viernes 8.
"No íbamos a aceptar una comunicación que no iba estar con la fecha correcta como en derecho corresponde", enfatizó López, quien asistió a la sede de la Asamblea junto a William Rivas, del Comité Promotor de la Iniciativa de Ley para derogar la ley canalera.
Finalmente, ambos se negaron a recibir la carta de respuesta. López remarcó que “es vergonzoso, humillante, que este parlamento diga que no puede (...) reformar la ley del canal, que no tiene competencia para hacerlo”.
De otro lado, anunció que se informará del hecho al movimiento campesino para evaluar las acciones de movilización social que sean necesarias.
Las organizaciones promotoras de la iniciativa consideran que el proyecto dañará irremediablemente el medioambiente y causará el desplazamiento de unas 27 mil personas, según cálculos de la empresa china.
Cabe precisar que Nicaragua otorgó a HKND Group la concesión para el canal por un período de 50 años más otros 50 prorrogables.
Según el diseño más reciente, resalta la agencia EFE, el proyecto del canal consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud, de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros.
El canal entraría en operación, según los cálculos de la compañía, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir, la excavación del canal y la construcción de la esclusa oeste, prevista a iniciar a finales de 2016.
El costo del proyecto está calculado en unos 50.000 millones de dólares. Nicaragua espera que su construcción abra unas 50.000 plazas de empleo y duplique el producto interno bruto (PIB) nacional.
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