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México: Advierten militarización y peligro del estado de derecho

Fotografía: El Financiero.

Estado mexicano discute aprobación de ley de seguridad interna. Militarización de la seguridad en los últimos años ha acarreado mayor violencia a ese país, aseguraron expertos. Organizaciones civiles advierten que peligra el estado de derecho.

Por Patricia Saavedra

Servindi, 12 de enero, 2017.- Al menos 80 organizaciones de la sociedad civil advierten que la denominada Ley de Seguridad Interior, a discutirse por el parlamento mexicano, vulnerará el estado de derecho y sería una amenaza para los derechos humanos en dicho país.

El aviso, dado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, indica que eldispositivo impulsado por el Ejecutivo y apoyado por facciones del legislativo, otorga el control de la seguridad a las fuerzas armadas.

Igualmente, los activistas advierten que contraviene lo señalado en la constitución de dicho país, puesto que en el artículo 21 de la Carta Magna mexicana se “establece que la seguridad pública estará a cargo de las autoridades civiles”.

Los activistas advirtieron también que el debate de esta iniciativa excluye el enfoque de derechos humanos.

Consideran que la aprobación de la norma “es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército”.

De otro lado, también consideran que tras 10 años de aplicarse una militarización de la seguridad en el marco de la guerra contra el narcotráfico, “el país es hoy más violento”.

Sin embargo, también indican que las fuerzas armadas “no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no cuenta con el monopolio legítimo de la violencia”.

Los organismos también afirman no haber sido partícipes de la discusión de la norma, como tampoco otras voces discrepantes. Los activistas exhortaron a que se incorpore “todas las perspectivas” en este debate, y que no se apruebe de "forma apresurada y opaca".

Igualmente, instaron al gobierno mexicano a cumplir las recomendaciones de las Naciones Unidas respecto a diseñar “un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad que hoy realizan, que se acompañe de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad”.

Del mismo modo, remarcaron que es posible tener políticas de seguridad dentro del pleno respeto a los derechos humanos.

Dentro de los firmantes del comunicado destaca la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos —que reúne a 80 organizaciones afiliadas en 21 estados—. Asimismo, se adhirieron el Instituto de Justicia Procesal Penal y México Unido contra la Delincuencia.

De otro lado, también se sumaron personajes como la politóloga y activista mexicana Denise Dresser, el sacerdote promotor y defensor de los derechos humanos Miguel Concha Malo, y el especialista en derecho y académico, José Antonio Guevara.

La ley de seguridad interna ha sido denominada también como ley golpista.

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