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El objetivo no es REDD+ sino el desarrollo sostenible

Evento conmemorativo por los 10 años del Grupo REDD+ en el Centro Cultural Ccori Wasi.

Servindi, 12 de setiembre, 2018.- El Grupo para la Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+), cumplió diez años en Perú; motivo por el cual realizaron un evento donde se informó sobre sus aportes en nuestro país.

El objetivo no es REDD sino el desarrollo sostenible

El evento contó con la participación de Rosa Morales, Directora General de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente. Ella destacó tres fases en el desarrollo del Grupo Redd. La primera fase, iniciada el 2008 fue fundamentalmente para el intercambio de información.

La segunda fase (2010-2012) fue una etapa de mayor involucramiento de actores, incorporación de temas más técnicos, integración con los gobiernos regionales y la participación indígena en las mesas regionales.

La tercera fase marca el 2014, en la que hay un crecimiento exponencial de la participación y la diversificación de actores en la construcción nacional de REDD, con referentes nacionales.

Fabiola Morales destacó que el objetivo no es REDD sino tener un desarrollo y un aprovechamiento sostenible de los bosques. Para esto fue fundamental la adopción de una Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, cuya aplicación era un gran aporte a la agenda del Grupo REDD+.

A manera de síntesis, afirmó que el grupo REDD pasó por una evolución y fue llenando un vacío, contribuyendo con el Estado peruano.

Por último, reafirmó su opinión sobre la importancia de que se reconozcan de manera oficial las Iniciativas tempranas en la lucha contra las causas y los efectos del cambio climático.

Por otro lado, mencionó el proceso participativo de consulta para el Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático, el cual se centra en cinco temas principales: Gobernanza, Institucionalidad, Mitigación, Adaptación y la sección de Educación ambiental, tecnología e innovación.

Al respecto informó que este reglamento debería tener una versión el 10 de octubre de 2018 y se venía analizando la pertinencia del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas. 

Patricia Fernández-Dávila, Directora Ejecutiva de Centro de Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA), explicó sobre el proceso de implementación del programa del Grupo REDD+  en los ámbitos locales, regionales y nacionales.

Patricia habló sobre el proceso de implementación del Área Natural Protegida Parque Nacional Cordillera Azul, el cual incluía acciones para establecer zonas de conservación y amortiguamiento y la procuración de un flujo constante de financiamiento para el equipo que se necesitaba.

Recordó, la dificultad para implementar el programa REDD, pues las personas lo percibían con escepticismo, ya que opinaban que no aterrizaba en acciones concretas.

Además, había dificultades para entender –y desarrollar– las metodologías, diseño del proyecto y del mecanismo para compensación de mediciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Fue importante recordar que la implementación de la ANP fue un precedente de aplicación de un tipo de asociación y colaboración que involucra a organismos privados y públicos.

Finalmente, remarcó que han invertido más de dos millones de dólares y aún "no hay un mercado sincerado, no hay un mercado real" para compensar la deforestación evitada.

Por su parte; Hugo Che Piu, vicepresidente de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y Milagros Sandoval, gerente senior de Políticas Públicas de Conservación Internacional, (CI) realizaron una exposición en conjunto donde abordaron los principales hitos que éste ha tenido hasta la fecha.

Como hechos importantes y metas alcanzadas en sus primeros años, se señaló las Mesas de Trabajo REDD regionales, reunión que tuvo como producto la Declaración de Tarapoto y la gran difusión de su programa en el año 2009 en el escenario de la COP 15.

Posteriormente, la organización del primer taller sobre las Salvaguardas en Perú, que plantea abordar y respetarar las Salvaguardas para REDD+ y con ella el respeto por los derechos de los pueblos indígenas; y la colaboración en la elaboración del Programa de Inversión Forestal (FIP) en el 2015.

Una mirada indígena

En el evento también estuvo presente Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), quien aportó a la exposición con la mirada de los pueblos indígenas.

Lizardo Cauper, recalcó que la prioridad para los pueblos indígenas era la seguridad jurídica de sus territorios, ya que “no podemos hablar de REDD si no podemos asegurar los territorios”.

La complejidad de conceptos y términos técnicos presentan una barrera para el entendimiento de las poblaciones sobre el programa REDD, situación que se podría mejorar. 

No podemos hablar de REDD si no podemos asegurar los territorios

En todo este contexto, se repasaron algunas cifras importantes, como el hecho de que cerca de 1376 comunidades que cuentan con 20 millones de hectáreas, aún no tienen garantizado su territorio.

Recordó también que AIDESEP en conjunto con los PPII han propuesto el REDD+ Indígena Amazónico (RIA), pero que no se cuenta con los fondos climáticos para impulsar la propuesta y aterrizarla en acciones concretas y beneficios directos para la población indígena, siendo necesario también el apoyo político.

¿Qué respaldo político tenemos si los gobiernos regionales, por ejemplo, toman decisiones contrarias a la protección de los bosques? Este doble discurso se da principalmente en Ucayali, ya que por un lado se habla de conservación, pero por otro se impulsan concesiones y se ofertan millones de hectáreas, dijo Cauper.

Por este motivo hemos conformado desde los pueblos indígenas nuestros propios sistemas de vigilancia territorial de los bosques. 

Una experiencia modelo para nosotros es la Reserva Comunal Amarakaeri. Sin embargo, nos preocupa que el Estado ya no desee crear más reservas comunales a pesar que están proceso.

Las reservas comunales son una alternativa, como la RC Amarakaeri que fue muy valorada en la COP23; sin embargo, el Estado, el Sernanp cierra estas posibilidades, concluyó Cauper. 

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