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Convocan a marcha nacional en rechazo a contrareforma educativa

Foto: Andina

Estudiantes y ciudadanos marcharán exigiendo que se observen y archiven proyectos que atentan contra educación universitaria y ESI en colegios del Perú.

Servindi, 11 de mayo, 2022.- Colectivos estudiantiles y de la sociedad civil convocaron a una marcha nacional para este viernes 13 de mayo en rechazo a la contrareforma educativa impulsada por el Congreso.

Marcharán exigiendo que se observen y archiven proyectos de ley que atentan contra la calidad de educación universitaria y la educación sexual integral con igualdad en los colegios del Perú.

La concentración en Lima de la protesta por una “educación de calidad, inclusiva y con equidad” será a las 5:00 p.m. en la Plaza San Martín. También se realizará en regiones.

Reforma universitaria

Una de las razones que motiva esta marcha es el golpe a la reforma universitaria perpetrado por el Congreso el pasado 4 de mayo.

Ese día, el Pleno aprobó una serie de proyectos de ley que eliminan la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Este organismo público fue creado en 2014 por la Ley Universitaria para garantizar una oferta educativa de calidad en el nivel superior mediante el licenciamiento y supervisión de este servicio público.

Desde entonces, su Consejo Directivo ha estado integrado por cinco miembros seleccionados por concurso público, un representante de Concytec y el Superintendente de la Sunedu.

Sin embargo, con los proyectos aprobados recientemente por el Congreso (697, 862, 908 y 943), lo que se pretende es incorporar en su Consejo Directivo a representantes de universidades.
 

Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, López Aliaga y María Alva: sus partidos se unieron para aprobar la contrarreforma universitaria. Foto: composición/La República

Esto representa un claro atentado contra la autonomía de Sunedu pues, al incorporar a representantes de universidades para supervisar centros universitarios, estos se convertirían en juez y parte de las tomas de decisiones.

De hecho, este era el modelo que regía hasta antes de la aprobación de la Ley Universitaria y de la conformación de la Sunedu, cuando existía la denominada Asamblea Nacional de Rectores.

Evidentemente esa “autoregulación” no funcionó y tuvo que llegar la Sunedu recién para cerrar aquellas universidades que no cumplían con estándares mínimos de calidad y exigir a otras que los mejoren.

No obstante, ahora todo ese avance está en riesgo por lo aprobado en el Congreso. El presidente Pedro Castillo ya anunció que el Ejecutivo observará la autógrafa de ley que debilita a la Sunedu.

Sin embargo, eso no quita que una vez devuelta la autógrafa al Congreso, este organismo pueda aprobarla por insistencia. Por eso la manifestación convocada para que sea observada y archivada.

Educación sexual

La otra razón por la que ciudadanos se movilizarán este viernes es por el peligro que representa el proyecto de ley 904-2021 para la educación de niñas, niños y adolescentes en los colegios.

Este proyecto, denominado “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”, faculta a padres de familia a intervenir en la elaboración de materiales educativos.

Con ello, se abre la posibilidad de que los padres incorporen dimensiones religiosas y morales en estos materiales, como desde hace algún tiempo vienen buscando diversos colectivos.

En los hechos, un sector de ciudadanos apoyados por políticos de ultraderecha y grupos religiosos, ha venido rechazando que se imparta educación sexual integral (ESI) en los colegios bajo un enfoque de igualdad.

Ello, bajo el argumento de que solo los padres tienen el derecho a educar a sus hijos en temas de sexualidad, obviando la realidad del acceso fácil a esos temas hoy en día por la tecnología y, peor aún, las cifras de violencia sexual.

Educación sexual integral es importante en escuelas para prevenir la violencia de género y avanzar hacia una educación basada en igualdad.

Según Amnistía Internacional, solo entre enero y abril de 2022, producto de la violencia sexual, 343 niñas de 14 años o menos se convirtieron en madres en el Perú.

En ese sentido, lo que hace el proyecto del Congreso es recoger el pedido de ese sector, dándoles a los padres la posibilidad de alterar los materiales educativos, una función que es exclusiva del Ministerio de Educación.

Organismos como la Defensoría del Pueblo y varios exministros de Educación han alertado del peligro de este proyecto, ya que los materiales educativos responden a políticas de Estado y no pueden en ningún caso responder a criterios religiosos ni morales.

Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también consideraron que el proyecto "constituye un retroceso en la garantía de los derechos adquiridos en una educación integral".

Si bien la decisión final sobre ambos proyectos —el que atenta contra la educación en universidades y en colegios— está en manos del Congreso; es la ciudadanía la que podría orientar el desenlace.

 

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