Ejecutivo se comprometió a derogar los decretos supremos 027 y 028 que autorizan la minería en el distrito piurano de Tambogrande. Actividad extractiva es rechazada tajantemente por la población.
Servindi, 11 de enero, 2021.- A más tardar, el 20 de enero, el gobierno derogará los decretos que autorizan a la minera Arco Iris a operar en el distrito de Tambogrande, provincia y departamento de Piura.
Este compromiso fue asumido por el Ejecutivo en una reunión que contó con la participación de la primera ministra, Violeta Bermúdez, y el alcalde de Tambogrande, Alfredo Rengifo.
El alcalde advirtió que continuarán expectantes a que el gobierno cumpla con el compromiso porque, de lo contrario, tendrán que abstenerse a un “nuevo conflicto social”, indicó.
La presidenta del Consejo de Ministros, @VBermudezV, sostuvo una reunión con el titular del @MinemPeru, el alcalde distrital de Tambogrande y la congresista @APalominoSaa, representante de la región Piura, en la que dialogaron sobre temas relacionados al sector minero. pic.twitter.com/BKkNbB9Xep
— Consejo de Ministros (@pcmperu) January 7, 2021
Reunión de emergencia
La reunión sostenida entre la premier Bermúdez, el alcalde Rengifo y otras autoridades como el titular del Ministerio de Energía y Minas, Jaime Gálvez, se realizó el 7 de enero.
Según la radio local Cutivalú, de este encuentro transcendió que el Ejecutivo se comprometió a derogar los decretos supremos 027-2020-EM y 028-2020-EM.
Los decretos, emitidos en diciembre de 2020, declaran de necesidad pública la inversión privada en actividad minera y autorizan a la empresa Arco Iris a adquirir derechos mineros en Tambogrande.
Nuevo Arcoíris, que cuenta con inversión extranjera y peruana, y fue autorizada para adquirir dichos derechos dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera.
Por ello, representantes de Tambogrande, señalaron que los decretos atentan flagrantemente el artículo 71 de la Constitución” que protege la soberanía del Perú dentro de los 50 kilómetros de los límites de la frontera.
Además, indicaron que los decretos emitidos desconocen la consulta vecinal de 2002 en la que el 98.6% de la población decidió por el modelo de desarrollo económico basado en la agricultura.
En un pronunciamiento que Servindi recogió a fines de diciembre, autoridades políticas, dirigentes agrarios y la sociedad civil de Tambogrande mostró su rechazo enérgico a la actividad minera.
En esa línea, exigieron la derogación de ambos decretos supremos o, en caso contrario, advirtieron que radicalizarían sus medidas de lucha “en defensa de los intereses” de su pueblo.
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