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Cien medidas urgentes contra la corrupción

Eduardo Vega, presidente de la Comisión Presidencial de Integridad.

Comisión Presidencial de Integridad presentó 100 medidas urgentes para combatirla a todo nivel. Este ilícito cuesta casi 10 por ciento del presupuesto nacional. Recomendaciones apuntan a transparencia del Estado, corrupción en obras públicas, dinero ilícito en partidos políticos, inmunidad parlamentaria entre otras.

Por Patricia Saavedra

Servindi, 10 de diciembre, 2016.- Casi al diez por ciento del Presupuesto General de la República del 2016 fue el costo que tuvo para los peruanos la corrupción. Dicha pérdida se traduce económicamente en doce mil seiscientos millones de soles.

Esta fue la estimación que dio la Comisión Presidencial de Integridad -según cálculos de la Contraloría General de la República- a través de su presidente, Eduardo Vega, tras presentar el informe final de dicha comisión este 5 de diciembre.

La revelación hecha por Vega durante la presentación de dicho documento a vísperas del Día Internacional contra la Corrupción, reúne un conjunto de 100 recomendaciones para luchar contra este mal en nuestro país.

Estas medidas están dirigidas a ámbitos fundamentales de la gestión pública, especialmente a aquellos que más preocupan y afectan a la población, tales como transparencia en las obras públicas, uso de dinero ilícito en la actividad política, tráfico de influencias, ejercicio público de condenados por corrupción, entre muchas otras.

“Uno de los factores que más desconfianza e indignación genera en la ciudadanía es la corrupción en las grandes obras públicas de infraestructura”, sostuvo Eduardo Vega en su discurso.

Las propuestas

Son 100 recomendaciones que buscan tanto sancionar como prevenir la corrupción. A continuación citamos brevemente algunas de las más destacadas:

Transparencia del Estado. Por ejemplo, los altos funcionarios, asesores directos y quienes ocupen cargos de confianza deberán presentar ante su sector una Declaración Jurada de Intereses hasta el 31 de enero del 2017. Ella deberá consignar información sobre vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo. Asimismo, deberá presentarse anualmente y tras finalizar en el cargo.

Transparencia del sistema de contrataciones del Estado. Se busca garantizar que las obras sí respondan al interés público. Se propone rediseñar integralmente la página web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), permitiendo el acceso fácil a documentos de los procesos de contratación. Esta deberá publicarse en la página web  del SEACE dentro de 24 horas.

Corrupción en obras públicas. Fortalecimiento de los órganos reguladores. Desarrollo y aprobación de un Plan Nacional de Infraestructura como política de Estado, que transparente y haga predecibles las decisiones públicas y privadas en los próximos veinte años, dentro del marco del Acuerdo Nacional. El plan deberá incluir obras emblemáticas a ser desarrolladas en el corto, mediano y largo plazo.

Igualmente, todos los contratos de las grandes obras públicas de infraestructura deberán contar con cláusulas anticorrupción.

Condenados por corrupción, narcotráfico o lavado de activos no ingresarán o reingresarán a la función pública, y si la ejercen, serán destituidos. Medida incluye a los cargos de confianza y deben alcanzar al Poder Ejecutivo, Congreso de la República, Poder Judicial, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales.

Uso de dinero ilícito en organizaciones políticas y campañas electorales. Es el capítulo con más recomendaciones. Entre ellas, reforma integral urgente de la legislación electoral, impidiéndose que personas condenadas por delitos graves, tales como corrupción, narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos sean fundadores o ejerzan cargos directivos en organizaciones políticas.

También se propone que los candidatos declaren en sus hojas de vida los procesos judiciales por este tipo de delitos en los que se encuentren comprendidos al momento de la postulación. Así también dotar de facultades a la ONPE y exigir la bancarización de los aportes recibidos, entre otros varios.

Limitar la inmunidad parlamentaria. Para el caso específico de congresistas condenados con prisión efectiva mediante sentencia firme por delitos dolosos derivados de hechos previos al inicio de su función parlamentaria. El levantamiento de la inmunidad será automático y no requerirá aprobación de ningún órgano del Congreso. El Presidente del Congreso comunicará al congresista su desafuero y dará cuenta al Pleno sobre la situación.

Simplificación administrativa. Diseñar con urgencia y prioridad una política de digitalización de los archivos relevantes de las entidades públicas del país, dado que la complejidad de los procesos administrativos genera espacios de corrupción.

Promover la denuncia y proteger al denunciante. Las entidades públicas estarán obligadas a contar con mecanismos para facilitar la denuncia de actos de corrupción. Asimismo, se deberá contar con medidas de protección efectiva al denunciante, testigo y a la persona involucrada que colabore en la investigación, garantizando su integridad física como también su situación laboral. Se sancionará el incumplimiento de las normas y obligaciones de protección a denunciantes.

De acuerdo al Eduardo Vega, lo hecho en materia de corrupción en nuestro país ha resultado hasta hoy insuficiente, y sostiene con preocupación que “la hemos naturalizado”. Asimismo, considera que este mal “debilita la autoridad y las instituciones, destruye la confianza en los servidores públicos”.

Por ello, instó al Presidente de la República, a dar “señales muy claras y una voluntad real desde el más alto nivel” para el cumplimiento de estas medidas.

Como se recuerda, este informe y sus recomendaciones nacen como un pedido del Ejecutivo luego de la creación de la Comisión Presidencial de Integridad (Resolución Suprema No.258-2016-PCM, del 19 de octubre de 2016). Siendo el encargo específico proponer en un plazo de 45 días medidas concretas para prevenir y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública.

Campaña mundial

Este 9 de diciembre se recordó el Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, un mal que toca tanto a países pobres como ricos. Por ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lanzaron una campaña internacional contra la corrupción.

Dicho organismo calcula que cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante este mal. Ello sería un equivalente a más del 5 por ciento del producto interior bruto mundial.

Asimismo, PNUD sostiene que en los países en desarrollo las pérdidas por corrupción ascienden a una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo.

Otro impedimento para llegar a OCDE

Pese a los esfuerzos y logros en otros ámbitos que ha conseguido el Perú, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera aún que nuestros niveles de gobernanza están debajo del promedio de los países miembros, lo cual aleja al Perú de pertenecer a este grupo.

Para conocer cada una de las 100 recomendaciones, puede ingresar aquí.

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