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Triunfo indígena: peligroso proyecto Hidrovía Amazónica no va más

La Hidrovía Amazónica pretendía recorrer los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas. Foto: Energiminas.

Concesionaria Cohidro desistió de obtener certificado ambiental para operar el proyecto y Ositran ahora evalúa declarar la caducidad del contrato que se firmó en 2017.

Servindi, 10 de noviembre, 2022.- La concesionaria a cargo de la Hidrovía Amazónica desistió de continuar con la certificación ambiental que había solicitado para operar el proyecto que amenaza los territorios de pueblos indígenas.

Así lo informó la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente (Minam). El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) evalúa ahora declarar la caducidad del contrato entre el Estado y la concesionaria.

La noticia fue dada por el Instituto de Defensa Legal (IDL), que afirmó que esto es resultado de la acción organizada del movimiento indígena amazónico y las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional.

En efecto, estos grupos denunciaron durante varios años los peligros ambientales, sociales y culturales que representaba el megaproyecto para la Amazonía y sus habitantes, los pueblos indígenas.

Dicho proyecto fue adjudicado en 2017 por el Estado peruano a la concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. (Cohidro) por un plazo de 20 años.

La obra buscaba crear un extenso canal de navegación en los ríos Amazonas, Ucayali, Marañón y Huallaga, aplicando la técnica del dragado que consiste en remover sedimentos del fondo del río.

Además de ser su fuente de vida principal, los pueblos indígenas consideran al río como un espacio sagrado, por lo que la obra también impactaría su cosmovisión indígena. Foto: WCS

Sin embargo, el dragado de los ríos —en zonas denominadas como “malos pasos”— es una actividad que los indígenas veían con preocupación porque causaría la modificación y alteración del hábitat y dinámica de los ríos.

Por ello, en enero de 2021, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) y la Organización Regional Amazónica de Ucayali (ORAU) interpusieron una demanda constitucional para cancelar el proyecto.

La demanda estuvo sustentada en la incertidumbre científica sobre los impactos que tendrá el megaproyecto en los cuatro principales ríos de la cuenca amazónica, siendo así una amenaza a varios derechos de los indígenas.

En ese sentido, solicitaron la nulidad de la Resolución Directoral 702-2015MTC/16 de 2015, que aprobaba los términos de referencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del megaproyecto.

Las noticias del desistimiento de Cohidro y de la caducidad del contrato del megaproyecto se da cuenta el caso se encuentra en trámite, en la segunda instancia, ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

No obstante, estas noticias son saludadas tanto por los representantes indígenas, como por la parte legal que acompañó este proceso, y considera que esto confirma “la completa inviabilidad del proyecto”.

Y, aunque existe el riesgo de una nueva concesionaria aparezca y busque dar impulso al megaproyecto, ahora ya se tienen trazadas “las estrategias de lucha” y hay “lecciones aprendidas”, indicaron desde el IDL.

 

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