“La gubernatura indígena: pantomima del PRI”

El PRI ha creado un nuevo “Frankenstein” para cooptar el voto indígena, evitar que gire hacia el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y debilitar a la candidata indígena del CNI-EZLN.

Por Marcos Matías Alonso*

10 de octubre, 2017.- En los primeros meses del 2014, un grupo de políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con fuerte influencia en el “Grupo Atlacomulco” diseñó una estrategia para “levantar” la participación indígena nacional y neutralizar cualquier otra fuerza de los pueblos indígenas vinculadas con el Congreso Nacional Indígena (CNI-EZLN), con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) u otra opción no partidaria que contrarreste el proceso electoral rumbo al 2018. La idea central era y es cooptar la votación de los pueblos indígenas para beneficio del PRI.

Los ideólogos del PRI analizaron dos esquemas para lanzar su iniciativa: retomar la experiencia del pasado con los Consejos Supremos, que nacieron bajo la tutela de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la propuesta pionera del CNI y sus diversas representaciones de los pueblos indígenas de México. De la valoración de ambas ideas, surgió la decisión de crear una figura que más tarde se llamaría “Gubernatura Indígena Nacional” (GIN). Es el nuevo “Frankenstein” que el PRI ha creado con el propósito de cooptar y manipular el voto indígena para su beneficio y evitar que dicho sufragio gire hacia el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). También tiene como propósito confundir y debilitar el crecimiento de la candidata indígena del CNI-EZLN.

Es el nuevo “Frankenstein” que el PRI ha creado con el propósito de cooptar y manipular el voto indígena para su beneficio y evitar que dicho sufragio gire hacia el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). También tiene como propósito confundir y debilitar el crecimiento de la candidata indígena del CNI-EZLN.

El selecto grupo de priístas de Atlacomulco delegó, en un parlamentario, en aquel tiempo Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, en el diseño político para dar forma y contenido a la “GIN”. Hipólito Arriaga Pote, originario del Estado de México reunía las características de los ideólogos del PRI. En su caminar, H. Arriaga, ya traía años de militancia en la CNC y lo perfilaron para su plan político. En el Estado de México, desde el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), se facilitó la cobertura institucional para seleccionar otros cuadros indígenas cercanos al Estado de México. Tanto la CNC, como el CEDIPIEM, tejieron la idea para convertir al Estado de México en tierra de Gobernadores Indígenas.

A mediados del 2014, el Legislador del Senado se reunió con quien en aquel tiempo era el Director del Instituto Nacional de la Lenguas Indígenas (INALI) y originario del pueblo maya-tseltal de Chiapas. De acuerdo a la información de mi contacto, disidente de la “GIN”, el INALI se convirtió en la plataforma institucional para reclutar a varios líderes indígenas del país, que años más tarde serían nombrados como “Gobernadores Indígenas Estatales”.

Desde el CEDIPIEM, el INALI y la CNC se hicieron consultas cerradas, reuniones y  cabildeos para dar paso a la celebración de su Asamblea Nacional. En octubre del 2014, en el marco del Tercer Seminario Internacional de Lenguas Indígenas, organizado por el INALI en Mérida, se dedicó una sesión en la cual Hipólito Arriaga informó de los avances del proceso organizativo de su “GIN”. Este Seminario Internacional fue el marco ideal para contactar y sumar en su iniciativa a varios representantes indígenas del país. Atrás del telón se vislumbraba la presencia de asesores y asistentes con experiencia en el marco jurídico nacional e internacional de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.

El 23 de julio del 2014, en una reunión realizada en Toluca, Estado de México, con una presencia no representativa de los pueblos indígenas del país, los pocos delegados allí presentes se constituyeron en un “Consejo Nacional” y nombraron a Hipólito Arriaga Pote, como “Presidente Nacional Indígena”. Desde el nombramiento de H. Arriaga, los asesores jurídicos invocaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de Convenios y Tratados internacionales para dar “legalidad” y “legitimidad” al nombramiento del “Presidente Nacional Indígena”.

Durante 2014 y 2015, los promotores mantuvieron su figura política de “Presidente Nacional Indígena”. Su Acta Notarial fue signada el 25 de enero del 2016 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la cual hace “constar el ‘contrato social’, por el que se constituye la ‘Gubernatura Indígena Nacional’, Asociación Civil” y posteriormente la registraron ante la Secretaría de Economía, con el nombre referido (1). En su acta protocolaria nombraron, entre otros, a Hipólito Arriaga Pote, “GlN”, Carlos Méndez Sánchez, Gobernador Indígena de Chiapas y Mercedes Guadalupe Solís Sánchez, Vice Gobernadora Indígena de Chiapas. En su Comité Ejecutivo como A.C., aparecen nueve ciudadanos y son los que dicen tener la representación de la gubernatura indígena nacional.

En los documentos notariales y en su acta constitutiva de esta Asociación Civil, quedó registrada con el nombre de “Gubernatura Indígena Nacional”. Por razones que desconoce el autor, en diversos documentos firman como “Gubernatura Nacional Indígena” y en su Facebook hay amplia información sobre sus actividades político/electorales.

De la más reciente modificación de la fracción III del artículo 2° Constitucional, los promotores de la GIN han diseñado su estrategia para ofrecer regidurías, diputaciones locales/federales y senadurías. Según ellos, también es una de las bases fundamentales para nombrar a sus “Gobernadores Indígenas”. Cito el texto constitucional:

“Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres  y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de  igualdad; así́ como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las practicas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales”. (DOF 22-05-2015, 29-01-2016).

Sin duda, es un avance la inclusión del texto anterior y es un progreso constitucional para luchar por la participación de los pueblos indígenas en los ámbitos de decisión nacional. Este párrafo incluye la conquista de derechos, aplicable tanto para el poder ejecutivo, judicial y el legislativo. Esta reforma constitucional fue gracias al movimiento indígena nacional, tanto quienes participan en el CNI y otras experiencias, como la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, la Red Nacional Indígena, etcétera. La conquista del derecho anterior no es patrimonio de los “Gobernadores Indígenas”. Es un legado colectivo y no es propiedad de ningún sector específico.

La gestión presupuestal de los personeros de la “GIN”, es otro tema de su agenda que les ha permitido tener interlocución con varios actores institucionales. El 4 de septiembre pasado, Hipólito Arriaga y otros “gobernadores indígenas” solicitaron a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, recursos económicos para el próximo año fiscal, por un poco más de 300 mil millones de pesos. Cuatro veces más del presupuesto transversal indígena para el próximo ejercicio fiscal y 50 veces más del presupuesto anual que ejerce la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

La fracción disidente también pelea los puestos de elección popular rumbo al 2018 y, por supuesto, el tema de la gestión de recursos financieros. Han iniciado gestiones con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y, por separado, solicitan recursos económicos por 35 mil millones de pesos para el 2018. Próximamente conoceremos los resultados de la gestión financiera y sus logros en materia político electoral.

Se avecinan tormentas entre las filas de los gobernadores indígenas y sólo la disciplina de la jerarquía priísta que los creó, podría hacerlos que retomen los objetivos por los que fueron creados. Caso contrario, sucumbirán por las mieles del poder que recién empezaban a probar.

Como en todos los procesos organizativos, siempre está presente el fantasma de la división y la “GIN” no es la excepción. Al inicio del año que corre vivieron la primera ruptura. El sábado 7 de octubre, nuevamente sin consulta y sin la participación de los pueblos indígenas de México, nombraron a Antonio González Gutiérrez, como nuevo “GlN” en sustitución de Hipólito Arriaga Pote. Como era de esperarse, el nuevo nombramiento recayó en otro priísta indígena del Estado de México. Se avecinan tormentas entre las filas de los gobernadores indígenas y sólo la disciplina de la jerarquía priísta que los creó, podría hacerlos que retomen los objetivos por los que fueron creados. Caso contrario, sucumbirán por las mieles del poder que recién empezaban a probar.

Finalizo con dos temas adicionales. La “GIN” tiene el respaldo de juristas y expertos en materia de derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Conocen los avances jurídicos tanto a nivel internacional, regional y nacional. En diversos documentos jurisprudenciales turnados a los tribunales, invocan los Pactos Internacionales (derechos civiles, políticos, económicos y sociales), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio N° 169 de la OIT, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En la actualidad, en la mayoría de los Estados de la República han nombrado Gobernadores Indígenas, Consejeros Mayores Indígenas y/o Gobernadores Pluriculturales Indígenas. Casos extremos como en el Estado de Hidalgo, además de Omar Fayad Meneses, actual Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, simultáneamente, Ranulfo Pérez Castillo, también se ostenta como Gobernador Indígena Pluricultural y César Cruz Benítez, se declara Gobernador Hñahñu de dicho Estado. Fenómeno similar ocurre en el Estado de México, que es territorio de gobernadores indígenas del país.

La “GNI” es el “Frankenstein” del PRI en tiempos de víspera electoral. De la noche a la mañana, varios cuadros indígenas con vínculos con el INALI se transformaron en Gobernadores Indígenas

La “GNI” es el “Frankenstein” del PRI en tiempos de víspera electoral. De la noche a la mañana, varios cuadros indígenas con vínculos con el INALI se transformaron en Gobernadores Indígenas. Martín Chávez Ramírez “Makawi”, dejó su oficio de traductor para convertirse en Gobernador Indígena de Chihuahua, Carlos Méndez Sánchez, originario de Oxchuc, investido en Gobernador Indígena de Chiapas y  Jaime Novelo, otrora escritor maya, ahora escribe para elogiar la casta de ancianos del nuevo Gobierno Indígena Nacional. Santiago Casales Catalán, quien en otros tiempos fue Diputado Federal suplente del PRI, ahora se proclama como Gobernador Pluricultural Indígena de Guerrero.

Esta es la nueva extirpe de Gobernadores Indígenas del país. La mayoría fue reclutada de la CNC, del INALI y en las filas conservadoras del PRI. Tienen como misión cobijarse en los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y desde allí, fragmentar el voto indígena, hacer que ese sufragio no se encamine hacia el CNI y sobre todo, que la simpatía o militancia partidaria indígena no sea atrapada por MORENA. Ese es el objetivo fundamental, lo demás es folklor y simulación indígena de los nuevos fariseos políticos del siglo XXI.

Los pueblos indígenas de México: “Tarde o temprano, tendrán que encontrar la manera de respaldar simultáneamente la lucha social del Congreso Nacional Indígena y la lucha electoral de Andrés Manuel López Obrador, dos formas de hacer política igualmente dignos” (J: 10/X/2017). Obvio, no son los únicos caminos políticos electorales, pero son los más relevantes para el México del 2018.

Nota:

(1) Aclaro que Hipólito Arriaga Pote también acredita su personalidad con la Escritura número 19,941. Volumen 344, de fecha del 9 de enero de 2015, con Fe del Notario Público No. 126, en Chalco Estado de México. De cualquiera de las dos acreditaciones, ambas son Asociaciones Civiles.       

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*Marcos Matías Alonso es investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).