Servicios en comunicación Intercultural

Hoy se presenta "Deforestación en tiempos de cambio climático"

En cita es hoy viernes 10 de agosto a partir de las 6.30 pm. Participan Alberto Chirif, Hugo Cabieses, Waldir Azaña y Ricardo Giesecke. Ingreso libre hasta completar aforo. Se distribuirán libros a los asistentes.

Servindi, 10 de agosto, 2018.- Deforestación en tiempos de cambio climático es una oportuna e importante publicación que se presentará el viernes 10 de agosto a partir de las 6.30 pm en el auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

El libro compilado y editado por el antropólogo sanmarquino Alberto Chirif contiene artículos de dieciséis autores especializados en diversos aspectos que conciernen al flagelo de la deforestación que asola a la Amazonia peruana.

La publicación de 226 páginas es editada por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y producido editorialmente por Alejandro Parellada y contiene algunas impactantes fotografías de Musuk Nolte.

La publicación ha sido posible gracias al auspicio de la Agencia Noruega de Cooperación Norad y será distribuida gratuitamente a los asistentes.

Será presentada por Alberto Chirif y el economista Hugo Cabieses, exviceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam).

Los comentarios estarán a cargo de Waldir Elogio Azaña, coordinador del área de Territorio de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y Ricardo Giesecke, físico peruano especialista en temas ambientales y ex ministro del Ambiente.

La presentación será moderada por Jorge Agurto, director de Servicios en Comunicación Intercultural Servindi, y se realiza en el marco de la sexta edición de las Jornadas de Comunicación y Democracia, certamen que congrega principalmente a comunicadores indígenas de Costa, Andes y Amazonía del Perú.

Las jornadas son organizadas por el Comité Impulsor de la Escuela Itinerante de Comunicación Indígena e Intercultural (EICIP), conformado por la Fundación Friedrich Ebert, la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP), la Escuela de Periodismo de la UARM y Servindi.

A continuación la presentación de la publicación escrita por el editor Alberto Chirif:

Deforestación en tiempos de cambio climático

Alberto Chirif

El presente libro es parte de un proyecto sobre el tema del Mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), financiado por la agencia de cooperación noruega Norad, para apoyar a Servindi (Servicios de Comunicación Intercultural), la organización Onamiap (organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú) y Coharyima (Consejo Harakbut, Yine y Matsiguenka), organización de Madre de Dios que forma parte de la Fenamad (Federación de Comunidades Nativas de Madre de Dios y Afluentes). El objetivo central del proyecto es apoyar la capacitación de comunicadores indígenas, así como la producción y difusión de información sobre derechos indígenas, poniendo énfasis en los temas de cambio climático, el acuerdo de cooperación Noruega-Alemania-Perú sobre REDD y la propuesta de REDD indígena, orientada a la titulación de los territorios comunales. Este trabajo se hace principalmente en las llamadas áreas piloto REDD: Madre de Dios, Ucayali y San Martin.

Uno de los temas del proyecto son los “propulsores de la deforestación” (drivers of deforestation). Para tratar este asunto tuvo lugar un taller en Puerto Maldonado, el 26 de marzo de este año, con la participación de las comunidades afiliadas a Coharyima, y dirigentes y personal técnico de la Fenamad. El propósito principal fue analizar la cuestión de las carreteras, tanto la Interoceánica, que une le región de Madre de Dios con el estado de Acre (Brasil), como otras previstas que cortarán en dos territorios indígenas y áreas naturales protegidas. 

Este libro recoge algunas de las ponencias y discusiones planteadas en ese taller, así como artículos escritos especialmente por otros autores. El libro reúne un total de doce artículos que abordan el tema de la deforestación en la Amazonía peruana y sus impactos no solo sobre el medio ambiente amazónico y la fauna, sino, en especial, sobre las sociedades que habitan la región. Estos impactos son promovidos por dinámicas informales, sobre las cuales, sin embargo, el Estado tiene una inmensa responsabilidad por no haber sabido actuar de manera oportuna para frenarlas y reorientar a sus impulsores en una dirección que permita el uso sostenible del medio y sus recursos y que, a su vez, conlleve prosperidad para ellos y el país en su conjunto. Entre esas dinámicas, las más dañinas son la expansión del cultivo ilegal de coca y la minería aluvial. Pero los impactos ambientales son también causados por políticas oficiales centradas únicamente en promover el crecimiento económico en beneficio de las empresas inversoras, pero que perjudican a la población y al medio ambiente. El impulso del Estado a tales políticas se basa en una estrategia de reducción: de impuestos (que implicarán menor gasto público en servicios sociales, como educación y salud), de estándares ambientales y de derechos sociales, como la estabilidad laboral. En el caso de los indígenas, el ataque principal se orienta a minimizar, o incluso tratar de abolir, la garantía de la consulta previa, libre e informada, con la finalidad de llegar a un acuerdo, tal como lo dispone el Convenio 169 de la OIT.

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El 23 de septiembre de 2014, en Nueva York, los gobiernos de Alemania, Noruega y Perú firmaron una carta de intenciones para la cooperación con miras a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación y degradación de bosques (REDD+) y para promover el desarrollo sostenible en el Perú.

En lo que atañe a la finalidad de dicho acuerdo, las cosas no han cambiado en el Perú. De acuerdo a las estadísticas, la deforestación se ha mantenido igual e incluso se ha incrementado en algunas zonas, como consecuencia de la expansión de los cultivos de coca y agroindustriales. Respeto a la coca, las estadísticas son incompletas y las cifras de erradicación (arrancando manualmente las plantas) apenas alcanzan al 7% de los sembríos. En cambio, el cultivo se expande cada vez más hacia la selva baja peruana, concentrándose gran parte de él en la llamada triple frontera de Brasil, Colombia y Perú, formada por el encuentro de los ríos Yavarí y Amazonas. Información reciente que he recibido de manera directa, presenta una dinámica persistente de invasión de comunidades shipibas, en el río Ucayali, por parte de colonos procedentes de Tingo María, el Huallaga central y Junín, todas zonas cocaleras. Es fácil imaginar cuál será la actividad a la que ellos se dedicarán en las tierras usurpadas a los shipibos y la secuela de deterioro ambiental y de las relaciones sociales que la actividad conllevará. Las comunidades solo atinan a presentar “memoriales” ante las autoridades regionales que permanecen impertérritas, como es habitual en ellas cuando se trata de reclamos planteados por los indígenas. No sería extraño que la violencia que están incubando estas invasiones explote con similar virulencia a la que existió en las décadas de 1980-90.

Con relación a las plantaciones agroindustriales, dos empresas del mismo consorcio (Grupo Melka) han sido responsables de extensas deforestaciones. En la zona de Nueva Requena (Ucayali), la empresa Plantaciones de Pucallpa hizo tabla rasa de 13 000 hectáreas para establecer plantaciones de palma aceitera. Por su parte, Cacao del Norte SAC ha talado hasta la fecha unas 3000 ha en Tamshiyacu (Loreto). Ambos casos comparten varios elementos en común, como lo indico a continuación.

Una de las características similares en la actuación de las dos empresas es haber atropellado derechos de la población local. Nueva Requena es parte del territorio ancestral del pueblo Shipibo. En la zona existe una comunidad, Santa Clara de Unchuya, con derechos a las tierras donde se instaló la empresa. A pesar de no contar con un título formal de propiedad, las comunidades nativas, de acuerdo a la legislación nacional y a los convenios internacionales, son dueñas de las tierras que habitan y poseen. Así lo declara el Convenio Nº 169 de la OIT: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan” (Art. 14º). Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varias sentencias que ratifican el derecho de posesión de los pueblos indígenas. Para formalizar este derecho, la comunidad tenía un trámite en marcha de ampliación territorial que el Gobierno Regional de Ucayali resolvió no atender, a fin de facilitar la instalación de la empresa. Frente a las protestas de los moradores, la empresa comenzó a intimidarlos y a presentar denuncias legales contra los dirigentes.

El caso de Tamshiyacu comenzó antes de 2014, es decir, es previo a la firma del acuerdo con Alemania y Noruega al que me he referido al inicio de este texto. Salió a la luz en septiembre del año 2000 cuando el diario iquiteño La Región publicó un reportaje, incluyendo fotos, del arrasamiento de 2000 ha en ese lugar. Para hacerse de las tierras, la empresa negoció, de manera engañosa, con los dueños de una serie de parcelas, de cincuenta ha cada una, que les habían sido entregadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, a fines de la década de 1990. La falacia consistió en asustar a los propietarios para que le vendiesen sus lotes antes que el gobierno se las expropiase (esto era un invento) por no tenerlas trabajadas en su totalidad. Ante el temor de perderlas, ellos vendieron sus cincuenta ha por cinco mil soles, es decir, a cien soles la ha. Una verdadera ganga. Al darse cuenta del engaño, los campesinos se asesoraron para demandar a la empresa pero ya era tarde: esta se había consolidado como nueva propietaria, inscribiendo sus títulos en los Registros Públicos.

Otra característica en común ha sido el comportamiento del Estado que, al redactar estas líneas, pensé en calificar de “inactivo”, pero al reflexionar llego a la conclusión de que, por el contrario, ha ido muy activo. Su aparente pasividad para controlar los procesos de deforestación realizados por la empresa no es consecuencia de un descuido sino de una política implícita. ¿Cómo se explica esto? La “inversión” se ha convertido en la palabra mágica del Estado peruano quien se niega a ver los efectos que tiene esta cuando se realiza sin control. El medio ambiente es asaltado de manera masiva y sufre tremendos estragos que si bien suelen generar ganancias para las empresas perjudican a la población local que sufre el deterioro del hábitat que le proporcionaba bienestar, a través de un conjunto de actividades que complementaban la agricultura, con la pesca, caza y recolección de productos del monte. Desde el punto de vista del Estado, la inversión está frenada por molestas trabas, como los derechos de los pobladores, peor incluso si son indígenas que reclaman consulta previa e informada, y las licencias ambientales. Es decir, el Estado informalmente actúa contra sus mismas políticas formales, dado que tanto los derechos de sus ciudadanos y la consulta previa, como las salvaguardas ambientales están sustentados en normas que él ha aprobado. Cuando no hay tiempo de eliminarlas (los paquetazos ambientales son célebres ya en el país), simplemente pasa por encima de ellas.

Pero el trayecto que lleva a apartarse del camino del derecho no siempre es alumbrado por la pura lógica del desarrollo. Los intereses de funcionarios para obtener prebendas bajo la mesa juegan siempre un papel decisivo en la toma de decisiones. De hecho, en los casos de Plantaciones del Ucayali y Cacao del Norte existen indicios suficientes como para comenzar una investigación en este sentido. Sin embargo, los dineros que se sospecha han corrido bajo la mesa no ha librado a la empresa de ser engañada por funcionarios que le presentaron las tierras de Tamshiyacu como aptas para el cultivo de cacao. La realidad ha demostrado otra cosa, no solo por la pobreza de la zona, constituida en gran parte por bosques de varillales que crecen sobre suelos de arenas blancas, sino por el alto contenido de cadmio que ellos contienen, lo que producirá un cacao de baja calidad, con escasa cotización en el mercado internacional. 

Los temas antes aludidos de las plantaciones agoindustriales y cultivo ilegal de coca son tratados en los trabajo del sociólogo Juan Luis Dammert y del economista Hugo Cabieses, respectivamente. Este último toma prestado de la economista Loretta Napolioni el concepto de “economía, sociedad y cultura canalla” para referirse a las políticas y estrategias que rigen hoy el “desarrollo”, que implica un repertorio patético de tala ilegal, minería delictiva, contrabando, trata de personas, prostitución, tráfico de niños, de órganos humanos, de cocaína, de oro, de explosivos y de armas, piratería, falsificación de dinero, secuestro-sicariato, corrupción y lavado de activos. Un “desarrollo” que es enemigo de los bosques, de la Amazonía, de los pueblos indígenas y, en general, de los derechos ciudadanos, ya que solo apunta al beneficio de la gran empresa. Sugiero leer los artículos incluidos en este libro teniendo en cuenta el peso de esta estrategia canalla que comanda las políticas públicas y privadas.

El biólogo José Álvarez analiza los impactos de las “políticas de desarrollo” sobre la Amazonía, pero además plantea un conjunto de interesante propuesta sobre cómo manejar el bosque en pie. Él realiza una importante reseña de muchos intentos fallidos para convertir a la Amazonía en lo que no es: escenario de crianza extensiva de ganado y de inmensas plantaciones forestales que solo pudieron ser financiadas por la ignorancia, y la abundancia de dinero, pero que han dejado una huella de destrucción indeleble. Representante de esta tendencia en el Perú fue el presidente Fernando Belaunde en sus dos gobiernos. La gran inversión en carreteras y en iniciativas económicas fracasadas, además de afectar el medio ambiente, dispararon el cultivo de la coca, fuente de violencia de la cual se financiaron los movimientos subversivos de las décadas de 1980-90 y que hoy es factor central de las distorsiones económicas que enfrenta la Amazonía. Su análisis del fracaso de este modelo es realizado con claridad y contundencia. Luego de esta comprobación se formula la pregunta ¿qué se puede hacer para generar ingresos en la población regional que mejoren sus condiciones de vida sin destruir ni su cultura y organización social, ni tampoco los ecosistemas que son la base de su economía de subsistencia? Las propuesta que diseña son varias, pero si tuviera que resumirlas en una sería manejar la biodiversidad.

Aunque de otro tipo, el trabajo de Shapiom Noningo también plantea una propuesta, en este caso, de gestión territorial por parte del pueblo Wampis sobre su heredad tradicional, o al menos una parte de esta. Esta propuesta abre, al menos, dos grandes retos. El primero será el que le plantee la necesidad de hacerle ver al Estado que los documentos que suscribe no son pura retórica sino palabra que debe ser cumplida. En efecto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígena, aprobada por la asamblea de este organismo en septiembre de 2007, establece, como el más importante derecho, el de autodeterminación; “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural” (Art. 3º). Es la primera vez que un pueblo indígena en Perú plantea hacer efectivo este derecho. El segundo reto tiene que ver más con las propias condiciones del pueblo Wampis y consiste en generar normas de gobernanza, aceptadas de manera democrática, para hacer frente a un complejo y nuevo contexto social, económico y cultural, en el cual los cantos de sirena del progreso han embelesado a muchos indígenas entre las bases comunales e incluso entre dirigentes. Considero que las propuestas de manejo de la biodiversidad que plantea Álvarez serán muy importantes para la iniciativa de la nación Wampis.  

En un texto conjunto, Sandra Ríos, Romina Liza, Richard Chase Smith y María Rosa Montes abordan la deforestación en el noroeste de la Amazonía peruana, es decir, Loreto, Amazonas, San Martín y Cajamarca, enumeración que los autores han ordenado en función de su mayor o menor participación en el territorio amazónico del país. De acuerdo a su análisis, el año 2000 San Martín era la región que mostraba el mayor porcentaje de área deforestada. Esa misma realidad se expresa en el periodo 2001-2015, en el que se perdieron 477 998 ha de bosque en la Amazonía nororiental, 48% de las cuales pertenecen a San Martín y 37% a Loreto, es decir, 85% entre ambas. Los cultivos que impulsaron mayor deforestación fueron la palma aceitera, la coca y el arroz. El caso de las comunidades nativas del pueblo Awajún ubicadas en el alto Mayo es dramático. Hace unas tres décadas, algunos dirigentes, motivados por ansias de progreso, decidieron impulsar la parcelación de las tierras comunales y su posterior alquiler a colonos, mayormente cajamarquinos, que las destinaron al cultivo de arroz. Hoy el 20% de trece de esas comunidades se encuentra deforestado y aunque mantiene el dominio en los papeles, en la realidad lo han perdido por la instalación de miles de agricultores. Una de esas comunidades, Huascayacu, presente el 55% de su territorio desboscado. El alquiler solo les ha proporcionado magros ingresos.  

Los impactos sobre la fauna y los peces son especialmente abordados en los trabajos de Claudia Gálvez y Carlos Cañas. Claudia aborda el tema de la gran diversidad de especies de los bosques tropicales, en comparación con otros ecosistemas terrestres, y su importancia central en el equilibrio climático global y como reserva estratégica de recursos genéticos y de agua dulce. Ella analiza la drástica disminución de las poblaciones de muchos mamíferos, especialmente los de mayor tamaño, originada sobre todo por actividades humanas que causan la desaparición o empobrecimiento de los bosques. Siendo estos y la fauna silvestre elementos centrales de la economía de consumo y mercadeo a baja escala de las poblaciones indígenas y ribereñas, se trata de impactos que las afectan severamente. Tema importante en su discusión es la interdependencia entre el bosque y la fauna. Esta requiere de los bosques para vivir, tanto como el bosque para regenerarse, en la medida que los animales son dispersores de semillas.

Carlos Cañas parte también de la importancia de los beneficios generados por los bosques amazónicos en el Perú, ya que su variada flora provee madera, frutos y plantas comestibles, resinas y bejucos utilizados por la población local para su alimentación y tratamiento de enfermedades, y por supuesto para la generación de una variada fauna que abastece de proteínas animales a los pueblos indígenas. Pero él pone particular énfasis en los beneficios que los bosques generan en los ecosistemas acuáticos, que son múltiples y de variado tipo, en tanto protegen las orillas de la erosión, dan sombra y controlan la temperatura de los cuerpos de agua, y cumplen un papel central en el mantenimiento de la humedad y en el ciclo del agua. El autor destaca la relación, tanto física como química, de los ecosistemas acuáticos con los bosques y el papel tan importante de la fauna ictiológica para su regeneración, en tanto dispersora de semillas.

José Serra y Ermeto Tuesta se refieren a los impactos causados por obras de infraestructura, línea de transmisión y carreteras, respectivamente. Serra se refiere a un proyecto que, por el momento, ha ido detenido por antieconómico e innecesario. Se trata de la línea de transmisión eléctrica Moyobamba-Iquitos, para interconectaría a esta última ciudad con la red eléctrica nacional. Su abandono se debe a que, simultáneamente, el gobierno gestionó la instalación de una nueva planta termoeléctrica para abastecer a la ciudad con mayor potencia eléctrica que la que cuenta actualmente. El impacto sobre los bosque habría sido devastador, no solo por los 50 m de vía que se hubieran abierto a cada lado de la línea, sino principalmente por la puerta de entrada que este camino hubiera significado para la entrada de agricultores migratorios, extractores de madera, cazadores y mineros ilegales, y además por el atractivo que hubiera significado para empresas que quieren dedicarse a cultivos agroindustriales. 

Po su parte, Ermeto Tuesta analiza el impacto de las carreteras sobre los territorios comunales y, por supuesto, sobre las condiciones de vida de los pobladores de las comunidades nativas. Al hacer accesibles esos territorios, agricultores foráneas aprovechan para hacer tratos con los comuneros, a fin de que les alquilen tierras para diversos cultivos, o para extraer madera, trabajo que se efectúa sin contar con un plan de manejo forestal. En el caso de Madre de Dios, los miembros de muchas comunidades invitan a mineros para que se dediquen a la extracción de oro, algo sin duda muy rentable para ambas partes, pero que destruye el medio debido a la remoción de grandes cantidades de suelos aluviales y contamina el aire por la quema de mercurio. Tuesta presenta los casos de comunidades awajún, afectadas por la carretera Bagua-Nieva-Saramiriza (Amazonas); de las comunidades shawi, atravesadas por la vía Tarapoto-Yurimaguas-Balsapuerto (Loreto), que alquilan sus tierras para que colonos siembren arroz, café, papaya y plátano; y de las comunidades awajún del Alto Mayo, a las cuales ya antes me he referido al comentar el trabajo de Ríos et al. El papel del Estado es siempre el de un espectador indolente que en un momento, como estrategia para limpiarse de su responsabilidad, declara en emergencia las zonas afectadas por la barbarie que él tolera y, con frecuencia, alienta. 

Mario Zúñiga recurre a un cuento de Kafka (“Ante la Ley”) para enmarcar el olvido y el desprecio que enfrentan los indígenas asentados en el lote 192 (antes 1AB), impactados, durante más de 40 años, por la explotación de petróleo en sus territorios ancestrales. La alegoría es más que acertada. No lo es solo por la displicencia y arrogancia con que el Estado, a lo largo de diferentes gobiernos -y en especial de los últimos cuatro, cuando ya las evidencia no podían ocultarse con un dedo- han tratado el asunto, sino por los engorrosos procedimientos que más que estrategias de solución han constituido ardides para dilatar la toma de decisiones que resuelva los problemas. Procedimientos que califican con exactitud de kafkianos.     

El trabajo de Luisa Elvira Belaunde comienza por el reconocimiento de una presunción que fue moneda común hasta hace algunos años: que los impactos de las actividades extractivas afectaban por igual a hombres y mujeres, razón por la cual los estudios realizados sobre el tema no incluían el componente de género. Esta visión androcéntrica fue cuestionada por diversas investigadoras que cambiaron el enfoque. No se trata de desconocer los daños generales causados por esas actividades, sino de precisar la manera particular sobre cómo ellas afectan a las mujeres. El punto central que Belaunde destaca es la monetarización de la economía indígena que ha tenido impactos directos sobre la economía y organización social de las sociedades indígenas, y que ha disminuido la importancia de las mujeres en las relaciones de género.

Thomas Moore hace una documentada presentación sobre la deforestación en Madre de Dios, indicando los agentes causantes de ella y ubicándolos en el tiempo. Su objetivo principal es ver cómo estos procesos han afectado a los pueblos indígenas de la región. Presenta los casos de las carreteras de penetración, así como de la más reciente Carretera Interoceánica, la primera que articula las redes viales nacionales de Brasil y Perú; la minería aurífera, el desarrollo de actividades agropecuarias y agroindustriales, los cultivos ilícitos de coca, la extracción forestal maderable y no maderable, y la explotación de hidrocarburos, así como la amenaza de una hidroeléctrica que destruiría cultivos, poblados e incluso parte de la nueva carretera hacia Brasil. Él señala como una de las causas principales de los desastres ambientales que sufre Madre de Dios la incapacidad de los gobiernos nacional y regionales de concertar políticas más adecuadas, cuya causa principal es la falta de voluntad política para hacerlo.

Sin duda, estos doce trabajos ayudarán a comprender mejor lo que sucede con los bosques en el Perú y a evaluar, sobre una base documentada, la distancia que separa la retórica de declaraciones y suscripción de documentos con lo que sucede en la realidad.

Iquitos, septiembre, 2017

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Comentarios

Estimados amigos
Lamento no poder asistir hoy día por compromiso anterior pero quisiera saber si el libro estará disponible para descargar de la red u otra forma para conseguirlo.
Es un tema que me interesa mucho y aprovecho para ofrecer mis servicios para traducirlo al ingles si me lo envían en formato WORD o .PDF a [email protected]
Mucho éxito y saludos a todos
Atentamente
Jan Ygberg

Oro y coca: indigenas son victimas pero tambien son indigenas los que, en parte, siembran y procesan la coca y lo mismo el oro...la lucha por los derechos se facilita al reconocer que no es todo blanxo y negro.

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