Respaldan que indígenas tengan efectiva representación política

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Red Pastoral considera que normas vigentes son insuficientes y no permiten una efectiva participación de pueblos indígenas u originarios.

Servindi, 10 de mayo, 2022.- La Red Pastoral Pueblos Indígenas, Cuidado de los Bienes de la Creación y Alternativas al Desarrollo respaldó el pedido de indígenas que exigen tener un efectivo porcentaje de representación política en cargos públicos.

Así se permitirá que sus visiones de desarrollo y perspectivas les sean consultadas y sus propuestas tomadas en cuenta en la discusión de iniciativas que ponen sus derechos y existencia en riesgo, indicaron.

La Red brindó este respaldo luego de enterarse y lamentar que en Cajamarca los partidos políticos no cumplieron con incluir en sus listas una “cuota indígena” ordenada por ley.

Esto, al no incluirse a representantes indígenas como postulantes a consejeros regionales y regidores a nivel provincial, según denunció la Organización Regional Awajún de San Ignacio – Cajamarca (ORASI-C).

Al respecto, la Red recordó que la participación política de indígenas es reconocida en la Constitución Política, la Ley de Elecciones Regionales y en la propia jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así como por el Convenio 169 de la OIT que establece en su artículo 6 que los gobiernos deben establecer medios para que los indígenas integren organismos responsables de elaborar políticas y programas que los conciernen.

Este derecho no debe ser confundido con el derecho individual a participar en la vida pública del Estado, ya que es un derecho colectivo específico en favor de los pueblos indígenas, aclararon.

En esa línea, consideraron que es “imprescindible escuchar sus voces, que exigen se establezcan no ‘cuotas’, sino un efectivo porcentaje de representación política como congresistas, consejeros regionales y regidores provinciales”.

De esa manera, se podrá incorporar sus demandas en casos de discusión que los afecta, como la ratificación del Acuerdo de Escazú y la Ley PIACI, que pretende ser derogada a solicitud de autoridades regionales.

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