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Denuncian que Estado peruano no protege a indígenas en aislamiento

Pueblos indígenas, comisionados de la CIDH y representantes del Estado peruano presentes en audiencia pública. Foto: Captura de pantalla

Líderes indígenas manifestaron su preocupación por la demora en la creación de reservas indígenas y las concesiones forestales otorgadas por el Estado en la Amazonía.

Servindi, 9 de diciembre, 2020.- Representantes indígenas de Perú denunciaron que el Estado no protege adecuadamente a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).

En una audiencia organizada por la CIDH, los líderes indígenas manifestaron su preocupación por la demora en la creación de reservas indígenas y las concesiones forestales otorgadas por el Estado en la Amazonía.

Asimismo, señalaron que el reciente asesinato de una familia indígena en contacto inicial en la región de Ucayali, pone en evidencia “la situación de desprotección y vulnerabilidad” a la que están expuestos.

La audiencia

La audiencia de este miércoles 9 de diciembre se realizó en el marco del 178 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En ella participaron líderes de las organizaciones indígenas de la Amazonía peruana y Gregorio Mirabal, presidente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Así como representantes de la CIDH, como el relator para Perú, Stuardo Ralón, y del Estado peruano.

Durante su intervención, los dirigentes indígenas expresaron su preocupación por las demoras del Estado para atender las solicitudes de creación de reservas indígenas, así como y las concesiones forestales otorgadas por el Estado en la Amazonía.

Reservas indígenas

Jorge Pérez, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), señaló que existen varias solicitudes de reserva indígenas en Loreto pendientes de ser aprobadas por el Estado.

Estas solicitudes comprenden a las reservas indígenas Kakataibo, Yavarí Tapiche, Yavarí Mirim, Sierra del Divisor Occidental, Napo Tigre y Atacuari, en la frontera con Colombia.

“La ley PIACI establece que los procesos de reconocimiento de las reservas indígenas tienen un plazo de 2 años; sin embargo, la mayoría de solicitudes han pasado más de 15 a 25 años y aún no han sido aprobadas”, sostuvo Pérez.

Las demoras por parte del Estado mantienen a los PIACI expuestos a diversos peligros como la deforestación, el narcotráfico, la tala ilegal, las actividades petroleras y mineras, entre otros, agregó.

Madera se extrae de manera ilegal del territorio solicitado para la reserva Yavarí Tapiche. Foto: Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).

Concesiones forestales

Otro punto sobre el cual llamó la atención Jorge Pérez está relacionado a las concesiones forestales que el Estado otorga sobre territorios habitados por indígenas en aislamiento y contacto inicial.

“En el Perú existen 97 concesiones forestales vigentes. De ellas, 82 se superponen a las solicitudes de reservas indígenas y13 colindan con las mismas”, señaló.

Pérez agregó que, al menos 43 concesiones forestales fueron otorgadas después del 30 de setiembre de 2015, fecha en que entró en vigencia la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

La quinta disposición complementaria final de dicho reglamento, establece que no se otorgarán títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre en áreas en trámite para el establecimiento de reservas indígenas territoriales a favor de los PIACI.

¿Por qué entonces no se cumple esta disposición? Para Pérez esto se debe a la “fuerza política y económica de las empresas petroleras” que mantienen intereses en la Amazonía.

“Nosotros denunciamos y pedimos en todos los lenguajes que tiene que imponerse la ley, más allá de que la fuerza política o económica de las empresas petroleras puedan hacer”, dijo durante la audiencia.

Pueblos indígenas en contacto inicial y situación de aislamiento son afectados por concesiones forestales otorgadas por el Estado. Foto: Servindi

Ley PIACI

Un aspecto que guarda relación con las concesiones forestales es la Ley 28736 (Ley PIACI), mencionada en la audiencia por Richard Rubio, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Si bien dicha ley establece la intangibilidad de las reservas donde viven estos pueblos; también permite una perversa excepción.

Y es que, tal como está en la actualidad, la Ley PIACI deja abierta la posibilidad de que en estas reservas se desarrollen actividades extractivas cuando sea un caso de necesidad pública.

Para modificar esta situación, las organizaciones indígenas Aidesep y Orpio han venido trabajando desde hace 12 años en una iniciativa que ha llegado hasta el Congreso.

A través del proyecto de ley 4044 se propone ahora establecer la intangibilidad efectiva y estricta de los territorios, sin ninguna excepción.

Rubio pidió a la Comisión Interamericana emitir un comunicado de prensa respaldando el dictamen favorable de dicho proyecto de ley.

Richard Rubio, vicepresidente de Aidesep. Foto: Aidesep,

Los pedidos

El dirigente de Aidesep también solicitó a la CIDH exhortar al Estado peruano a adoptar e implementar medidas urgentes y específicas para la prevención y atención diferenciada de los PIACI.

“Siempre respetando los principios de no contacto y autodeterminación de estos estos pueblos”, enfatizó.

También pidió que exijan al Estado elevar los mecanismos de control y fiscalización de las vías de acceso a las reservas indígenas territoriales y de aquellas que se encuentran en trámite.

Así como invocarlos a que declaren la nulidad de oficio de todas las concesiones forestales que fueron otorgadas después del 30 de setiembre del 2015, fecha de entrada en vigencia la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Los mismos que “se superponen de manera ilegal a las reservas indígenas solicitadas en el departamento de la región Loreto, porque ponen en peligro la vida, la salud y la supervivencia de estos pueblos indígenas”, acotó.

Richard Rubio también pidió que se realicen las investigaciones sobre las presiones que podrían estar vinculadas con el desplazamiento forzado de una familia indígena en contacto inicial que fue asesinada recientemente.

Este hecho, registrado en Purús (Ucayali), cerca de dos áreas protegidas supuestamente por el Estado peruano, fue reportado por la Organización Regional Aidesep-Ucayali el pasado 24 de noviembre.

Pese a que han pasado más de dos semanas, el cuerpo de los tres mastanahuas asesinados aún no han sido levantados, informó Rubio. Un indígena de la misma familia, además, continúa desaparecido.

“Estos asesinatos han evidenciado la situación de desprotección y vulnerabilidad de los indígenas en contacto inicial en nuestro país”, sostuvo el dirigente de Aidesep.

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