Foto: ONU
Dirección General y Comité de Protección de Indígenas servirán ahora como espacios para velar por el resguardo de estos pueblos y atender sus reclamos.
Servindi, 9 de setiembre, 2022.- El Gobierno de Bolivia reglamentó la Ley de protección de pueblos indígenas y con ello creó dos instancias para fomentar el resguardo de esta población en situación de vulnerabilidad.
La Dirección General de Protección de Naciones y Pueblos Indígenas y el Comité Protección a Pueblos Indígenas servirán ahora como espacios para velar por la protección de estos pueblos y atender sus reclamos.
La creación de estas instancias se dio como parte de la reglamentación de la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad.
Esta norma fue emitida el 4 de diciembre de 2013, pero no entraba en vigencia por la falta de un reglamento que ahora existe tras la publicación del Decreto Supremo 4793, el 8 de setiembre.
Dicho reglamento, estipula que la Dirección General estará dentro de la estructura del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria, que integra el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Esta instancia tendrá la facultad de atender los reclamos y quejas de las naciones indígenas en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el Comité presidido por el ministro de Justicia e integrado por los titulares de Educación, Salud, Desarrollo Rural y Culturas, analizará qué tipo de soluciones deben ofrecerse a los conflictos.
“Inmediatamente se comenzará a atender las quejas o denuncias en relación a los pueblos indígenas que están en situación de alta vulnerabilidad”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.
La autoridad añadió que la misión de estas instancias será evitar que existan más situaciones como las registradas en la hacienda La Tunita en Santa Cruz o en Tacana II.
En el primer caso, de la hacienda La Tunita, municipio de Charagua, fueron detectados miembros de la comunidad indígena sufriendo abiertamente la explotación y la servidumbre.
Mientras que en Tacana II, se ha pedido al Gobierno la dotación de tierras comunitarias de origen, donde habita una comunidad originaria que ha vivido completamente aislada del resto.
Las instancias también tendrán que atender las necesidades de otros pueblos como el Uru Chipaya, que demanda ayuda sanitaria y educativa, sobre todo para los menores indígenas.
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