Nicanor Boluarte hermano de la presidenta Dina Boluarte también es investigado por liderar la presunta organización criminal "Los waikys en la sombra"
Luego que el Ejecutivo no observara la Ley 32108 contra el crimen organizado, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, promulga la norma que según especialistas en el tema favorece directamente a políticos involucrados en actos de corrupción y lavado de activos.
Servindi, 9 de agosto, 2024.- Congreso ordeno promulgar la Ley contra el crimen organizado que debilita funciones del Ministerio Público y favorece a funcionarios involucrados en corrupción y lavado de activos.
El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, confirmó que muchos de sus colegas tendrán que derivar sus investigaciones a las fiscalías penales corporativas para ser seguidas como delitos comunes.
La norma publicada en el diario El Peruano ordena que de los 91 tipos penales que configuraban crimen organizado, 59 sean eliminadas, así la tala ilegal, minería ilegal, estafa, enriquecimiento ilícito ya no serán investigados bajo este delito.
Además, delitos con penas menores a los seis años de cárcel como colusión, cohecho, peculado, negociación incompatible cometidos por políticos dentro de cargos públicos, tráfico de influencias ya no serán considerados.
“Esta es una ley pro crimen. Por querer blindar al sistema político, la verdadera intención con la que surge esta norma, se generará también impunidad para organizaciones criminales más peligrosas” dijo Exfiscal supremo anticorrupción Martín Salas en entrevista para Panamericana.
Otra de las modificaciones que genera la ley promulgada se refiere al proceso de allanamiento de inmuebles, que deberá ser previamente informado al investigado y bajo su presencia y la de su abogado.
Martín Salas explicó que la norma vulnera la autonomía e independencia del Ministerio Público y que lo hacen porque tienen miedo a las tesis que postulan los fiscales, considerando que más de 6o de ellos están siendo investigados por el Ministerio Público según la LR.
“[En el Congreso] tenemos casi 45 congresistas involucrados en temas de corrupción y lavado de activos y dentro de ellos en organizaciones criminales, 14 congresistas que están siendo investigados por formar parte de una presunta organización criminal que involucra a Patricia Benavides” precisó el Salas.
Agregó que, la norma que entra en vigencia desde hoy impide que el fiscal investigue la ruta del dinero proveniente de una organización criminal, porque estipula también el impedimento de revisar cuentas de remuneraciones y dietas que recibe un funcionario público.
Por otro parte, el fiscal Jorge Chávez dijo que la nueva norma señala que el fin de la organización criminal tiene que ser obtener directa e indirectamente el orden de la “cadena de valor de una economía”, pero no explica o a qué se refiere esta.
“[Esta definición] es tan abstracta que puede interpretarse de mil maneras. El único delito que puede identificarse con esto es el narcotráfico” explicó El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado.
Martín Salas recomendó que el Fiscal de la Nación tome medidas una vez publicada la norma y presente una demanda de inconstitucionalidad respecto a ella, ya que contraviene incluso acuerdos internacionales como la Convención de Palermo.
El convenio de Palermo es un tratado multilateral patrocinado por Naciones Unidas en contra del crimen organizado transnacional, fue adoptado en 2000 y que define el concepto del crimen organizado bajo el cual deberían regirse las normas de los países miembros.
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