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Defensoría urge reforzar atención y contener avance del COVID-19 en comunidades

Fuente de la imagen: Defensoría del Pueblo

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas la Defensoría del Pueblo exige un mejor desempeño de las autoridades en la atención de esta población. Falta de información oficial sobre afectación de la pandemia en comunidades afecta las estrategias sanitarias.

Servindi, 9 de agosto, 2020.- A cinco meses de la emergencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo exige a las autoridades de todos los niveles priorizar una agenda pública para prevenir y contener el COVID-19 en las comunidades nativas, campesinas y otras localidades indígenas.

El órgano defensorial remarca que se trata de un sector «muy vulnerable que viene siendo seriamente afectado, situación que se agrava debido a un sistema de salud precario y la difícil geografía que las rodea».

Preocupa que el Estado aún no cuenta con información pública sobre el número de personas indígenas afectadas; tampoco con un sistema de registro que contemple el número de comunidades con casos de COVID-19.

Sin embargo, en el marco de la Comisión Multisectorial, creada por la Resolución Suprema Nº 005-2020-MC, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que, al 19 de julio, había 10 426 casos positivos en población indígena a nivel nacional.

Esa información se ha brindado sin que cumplir con detallar el número de personas indígenas contagiadas, hospitalizadas, recuperadas y fallecidas de forma actualizada.

Una supervisión a las direcciones y gerencias regionales de Salud y al Minsa efectuada por la Defensoría en junio y julio a 9 de los 24 departamentos identificó más de 6200 personas indígenas contagiadas y más de 20 fallecidas.

Del resultado se advierte que habría una diferencia importante entre la proporcionada por la autoridad sanitaria nacional y los gobiernos regionales sobre la afectación de la pandemia en la población indígena.

De esta manera, se verifica el incumplimiento de la implementación de la variable de pertinencia étnica en los registros del COVID-19, dispuesta en el Decreto Supremo N°005-2020-MC.

Salvaguardar la vida y la salud

Al conmemorarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo llama a todas las autoridades a salvaguardar la vida y la salud de los 55 pueblos indígenas del Perú.

Se trata de más de 6 millones de personas que se autoidentifican como parte de ellos y que requieren «estrategias sanitarias sostenibles hasta que se controle la pandemia en sus territorios».

Para ello, es necesario reforzar los servicios de salud del primer nivel de atención dentro de las comunidades, destinar un mayor número de profesionales de la salud y mejorar sustancialmente la infraestructura y condiciones logísticas.

De igual forma, urge garantizar vehículos para la atención de las emergencias y disponer concentradores de oxígenos para todas las comunidades, en especial, para aquellas ubicadas en las zonas más alejadas.

Sin lugar a duda, las acciones deben realizarse de manera articulada con las autoridades comunales y las organizaciones indígenas.

Esfuerzos insuficientes

Si bien el Estado realiza acciones para implementar el “Plan de intervención del Ministerio de Salud para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonia frente a la emergencia del COVID-19” los esfuerzos son insuficientes.

El plan se aprobó el 21 de mayo y el presupuesto recién a fines de junio. En las últimas semanas, se han advertido intervenciones principalmente en Loreto, Amazonas y Ucayali, cuyas comunidades han sido severamente afectadas por la pandemia.

Sin embargo, cobra especial importancia «reforzar de manera inmediata estas acciones y darle un impulso a la labor de los Comando COVID-19 indígenas de las zonas amazónicas».

La Defensoría del Pueblo advierte que, a la fecha, no existe un plan de atención con pertinencia cultural y presupuesto específico para las comunidades campesinas andinas y altoandinas del Perú.

Frente a esa omisión, la Defensoría del Pueblo demanda a las autoridades nacionales adoptar acciones correctivas y destinar recursos para fortalecer la atención y el servicio de salud de estas comunidades, responsabilidad que también recae en las autoridades sanitarias regionales y locales.

Finalmente, exhorta al Estado a revertir el abandono histórico de las comunidades indígenas de las zonas rurales del país.

La falta de acceso a servicios públicos esenciales como el agua y saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, internet, transporte, educación, entre otros, se evidenciado durante la emergencia sanitaria, limitando el ejercicio de sus derechos humanos.

 

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