Servindi, 9 de agosto, 2017.- La organización internacional Global Witness, denunció que los productos de madera exótica que se venden en Estados Unidos mediante empresas intermediarias en China, provienen de la deforestación y expropiaciones forzosas en Papúa Nueva Guinea.
El informe titulado “Stained Trade”, que significa “Comercio sucio” en español, revela que entre el 2014 y 2016, la organización identificó la ruta de más de 14 mil kilómetros que recorre la madera ilegal hasta llegar a las tiendas de EE. UU. a través de intermediarios chinos.
“El viaje comienza en Papúa Nueva Guinea, donde se encuentra el mayor bosque húmedo tropical de la región de Asia y el Pacífico, donde la gente de todo el país está siendo ilegalmente despojada de sus tierras por su propio gobierno”, sostiene la investigación.
De acuerdo a la investigación, la mayor parte de la materia prima exportada va a parar a los centros de fabricación en China, y en cantidades pequeñas a India, Japón, Corea del Sur y Vietnam.
Sin embargo, a pesar de que existe una prohibición de EE. UU. para el comercio de madera ilegal sustentada en la Ley Lacey, el informe determinó que algunas empresas estadounidenses y chinas comercializaban, entre otros productos, el parqué de piso, hecho a partir de la madera papuana, sin verificar su procedencia.
The US bans wood logged illegally under #LaceyAct but is illegal #PNG timber reaching US in products from China? https://t.co/afHKZDYXrR pic.twitter.com/GIAYetCukF
— Global Witness (@Global_Witness) 2 de agosto de 2017
Cabe señalar que Papúa Nueva Guinea es una nación de terratenientes, que pese a que su Constitución garantiza a las personas la propiedad legal de la tierra donde tradicionalmente han vivido, en el 2011, el 12 por ciento de esta tierra fue entregada por el gobierno como concesiones agrícolas.
Bajo el nombre de Arrendamientos Especiales de Agricultura y Negocios (SABL, por sus siglas en inglés), los contratos permitieron a las compañías controladas por Malasia talar y limpiar vastas áreas de la selva tropical para luego exportar la madera.
De acuerdo a una investigación gubernamental que cita Global Witness, en el 2013 se detectó que la mayoría de las concesiones habían violado las leyes destinadas a proteger los derechos de las personas sobre la tierra; sin embargo, el gobierno hizo caso omiso a las recomendaciones.
Hace un año, el Tribunal Supremo anuló un SABL, que representaba el 10% de los troncos exportado bajo la modalidad de arrendamientos, y lo declaró ilegal por haber sido emitido sin el consentimiento de los terratenientes indígenas y haber violado la ley papuana.
Sin embargo, a pesar de aquella medida, en los meses posteriores, apunta el informe, por lo menos seis buques que transportan millones de dólares de madera ilegal cortada bajo el contrato de arrendamiento zarparon para China.
En este sentido, Global Witness recomienda al gobierno de los Estados Unidos aumentar su escrutinio de los productos de madera que involucran cadenas de suministro complejas de fabricación, como las de China, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Ley Lacey.
Testimonios
Mary Bailonakia, del distrito de Pomio, provincia de Nueva Bretaña, declaró a Global Witness que ellos no querían los SABL ni la palma aceitera. “Queremos nuestras tierras de vuelta. Es nuestra madre, sin la tierra no podemos vivir”, sostuvo en el 2014.
Abuse of a land-leasing scheme has seen 12% of PNG given away to foreign logging/agro interests for up to 99 years https://t.co/afHKZDHm3h pic.twitter.com/9qzbe7LsHZ
— Global Witness (@Global_Witness) 3 de agosto de 2017
Por su parte, Peter Wuni, de la provincia de Sepik, declaró en el 2016 que, antes del ingreso de los SABL, sus antepasados y ancestros, solían usar esta selva para la caza, medicina, pesca y los troncos para construir casas.
Acceda al informe completo de Global Witness, disponible en idioma inglés (PDF: 48 Páginas): Stained trade
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