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Organizaciones piden establecer fondo de emergencia para la CIDH

Foto: Agencias

Servindi, 8 de junio, 2016.- En estos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra desarrollando su sesión extraordinaria número 158 con audiencias públicas que tendrán lugar hasta el jueves, en el ex Congreso Nacional con sede en Santiago. Se trata de la última sesión garantizada por el organismo supranacional debido a que desde hace algunas semanas afronta una crisis de una gravedad nunca antes vista. 

A fin de analizar esta situación y plantear medidas concretas a la crisis, se reunieron el martes, en la capital chilena, representantes de organizaciones de derechos humanos de la región. 

En conferencia de prensa, reconocieron que lo primordial en este momento es establecer un fondo económico de emergencia que garantice la continuidad de sus funciones. 

En ese sentido, dieron a conocer una declaración pública firmada por un centenar de organizaciones de América Latina y Europa, además de personas de diversas nacionalidades, en la que solicitan la creación de dicho fondo y se tomen otras medidas de urgencia. 

Crisis de la CIDH

Para Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano de Chile, la crisis de la CIDH "no es tan solo financiera, sino fundamentalmente política, lo que en definitiva vulneraliza un elemento fundamental de la democracia, que es la defensa de los derechos humanos."

Según la abogada, se trata de una acción "concertada de algunos Estados" en respuesta a la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos, "que ha puesto en cuestión el modelo neoliberal y extractivo" que se ha instalado en los países. 

“La CIDH ha sido clave en la transición democrática de los países de la región tras las dictaduras, concitando gran respaldo de los Estados, pero la actitud cambia cuando hablamos de la industria extractiva y los impactos en las comunidades, retirando sus aportes y sumiendo a la Comisión en la actual crisis", agregó. 

Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, también destacó el papel del organismo “en contextos de dictadura". Aclaró también que “si bien esta no es la primera crisis de la CIDH, es sin duda la más grave”. 

Reconoció además la amplia agenda de temas que aborda la CIDH en materia de libertad de expresión, migraciones, pueblos indígenas, "en los que sigue siendo una institución fundamental para el ejercicio de derechos”.

Los exiguos aportes de los Estados

De acuerdo al representante del CELS de Argentina, la crisis que hoy afronta la Comisión "no habla bien de los Estados de la región, pues los aportes que entregan son ínfimos y hacen que en definitiva esta dependa de organismos internacionales o entidades Europa."

Asimismo alertó que "una Comisión debilitada, no es bueno para los pueblos de la región y sus derechos humanos." Seguidamente invocó a los Estados "a decir de una vez si están de acuerdo en sostener o no el funcionamiento del sistema." 

A su turno, María José Veramendi, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó que la suspensión de fondos de la cooperación internacional, principalmente europea, “llevará a la desarticulación de grupos con labores específicas, como el que tiene a su cargo la determinación de medidas cautelares”.

Criticó en ese sentido que es “inaceptable que los Estados no quieran financiar un sistema que ellos mismos crearon." y que "hoy solo 6 por ciento del presupuesto de la OEA está destinado a este sistema de protección."

Por su parte, Raphaela Lopes, miembro de Justicia Global de Brasil, recordó que como organización han “recurrido en forma reiterada ante la CIDH para defender derechos de comunidades" y que ahora la crisis les preocupa demasiado. 

"Algo que nos preocupa en el contexto actual de Brasil, con un golpe dado por las fuerzas conservadoras y una presidencia temporaria que es representante de grupos de grandes empresarios y de violadores de derechos humanos, es que se agudice la trasgresión de estos derechos, sin un sistema regional de protección fuerte que los reguarde”, alertó. 

Finalmente, José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano de Chile, afirmó que si bien la presidenta Michelle Bachelet manifestó el compromiso de Chile de cumplir con sus aportes a la Comisión, los que viene reduciendo respecto a años anteriores (a la mitad el 2015, respecto de 2014), esto no es suficiente.

Al respecto se mostró favorable a buscar un mecanismo permanente de financiamiento.

Advirtió de otro lado que “Chile no solo tiene un déficit de carácter financiero respecto a este sistema de protección, sino también con las sentencias de la Corte Interamericana a las que no ha dado cumplimiento."

Cabe precisar que la declaración pública firmada por un centenar de organizaciones de América Latina y Europa fue entregada en Chile al Presidente de la CIDH, James Cavallaro, así como al ministro de Relaciones Exteriores chileno, el canciller Heraldo Muñoz.

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Con información del Observatorio Ciudadano de Chile
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