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Conversatorio sobre retrocesos en las salvaguardias sociales y ambientales

Servindi, 8 de mayo, 2021.- El jueves 13 de mayo, de 5 a 6.30 p.m. se realizará un conversatorio virtual para presentar y reflexionar sobre los retrocesos en las salvaguardias sociales y ambientales en Perú durante la pandemia COVID-19 y sus consecuencias para los pueblos indígenas y sus territorios”.

El conversatorio reunirá a Rocío Arana del Observatorio Puinamudt, una de las coautoras del informe; la antropóloga Frederica Barclay de la asociación Perú Equidad y Zoila Merino, de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).

Asimismo, Miguel Guimaraes, de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) y Melania Canales de la organización de mujeres ONAMIAP. 

El conversatorio será transmitido por el Facebook Live y la cuenta de You Tube de Servindi.  

La pandemia del COVID-19 ha develado las profundas inequidades estructurales en que viven los pueblos indígenas y las comunidades de los bosques.

Estas se han visto agravadas por las actividades extractivas legales e ilegales que se han intensificado en sus territorios.

A la falta de acceso a los servicios de salud, educación, agua, energía e internet se agrega el impacto en las economías familiares de las medidas de aislamiento y la inseguridad territorial, y el inesperado flujo migratorio del ámbito urbano al rural.

Además de la precarización de los medios de vida han aumentado las amenazas a las personas defensoras del ambiente, los territorios y las comunidades.

Comunidad del pueblo Wampis. Foto: Dan Haworth-Salter

En ese contexto el Programa para los Pueblos de los Bosques (Forest Peoples Programme -FPP) produjo el informe “Perú: Retrocesos en tiempos de COVID-19. Evaluación de los cambios en las salvaguardias sociales y ambientales en Perú durante la pandemia COVID-19 y las consecuencias para los pueblos indígenas y sus territorios”.

Además del FPP, contribuyeron a la elaboración del documento la Clínica Lowenstein de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale (Lowenstein International Human Rights Clinic at Yale Law School) y la Universidad de Middlesex (Middlesex University).

El documento recoge valiosos testimonios de líderes y lideresas indígenas, analiza de manera exhaustiva y expone las omisiones y acciones estatales que han incrementado el riesgo y la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos.

Las acciones estatales no fueron diseñadas con un enfoque territorial ni intercultural, sino que prevalece la visión por la cual los recursos naturales son concebidos como parte de ‘la despensa’ natural del país, y no como parte de los medios de vida de los pueblos indígenas.

Una muestra de ello es la conformación del Grupo de Trabajo Multisectorial para la reactivación económica, que contó con representantes de sectores del Estado y de la sociedad civil, pero no consideró la participación de ningún representante indígena.

Este tipo de medidas, así como los marcos normativos impulsados por Perupetro, el Ministerio Energía y Minas (MINEM) y otros gremios empresariales, no tomaron en cuenta el impacto ambiental y social que estas iniciativas conllevan.

La preocupación prioritaria del sector público y privado por incentivar a la reactivación económica enfatizando la actividades forestales, mineras y de hidrocarburos dejaron en un segundo plano los procesos de consulta previa y los impactos sociales y ambientales.

Foto: FECONAU

Es importante destacar que la pandemia no impidió el avance de las actividades ilegales y legales que operan sin el consentimiento local, lo que incrementa la situación de riesgo de líderes y defensores ambientales indígenas y la deforestación en la Amazonía peruana.

Ello ocurre en un contexto donde el Estado peruano se encuentra prácticamente inactivo y con una débil capacidad de supervisión de las actividades corporativas, limitado en su rol garantista de derechos, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

El conjunto de estos problemas ha impactado significativamente en la vida de los pueblos y sus territorios durante el periodo de emergencia nacional. No obstante, las comunidades y organizaciones indígenas han tejido estrategias de resistencia frente a las amenazas y vulneraciones de sus derechos, así como lo han hecho a lo largo de su historia.

Es fundamental que desde la sociedad civil se generen espacios para la reflexión y difusión sobre la crisis ambiental y territorial, así como el deterioro de las salvaguardias sociales y ambientales y la urgente necesidad que los tomadores de decisión consideren medidas para actuar frente a dicho deterioro.

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