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Congresistas aprueban no presentar declaraciones juradas al Ejecutivo

Foto: ANDINA/Marco del Río

Con los votos de la mayoría parlamentaria, el Congreso de la República aprobó excluirse de la medida que obliga a los funcionarios a presentar su declaración jurada de intereses en la plataforma de la PCM. El documento permite identificar los vínculos que tuvieron los funcionarios antes de llegar a ocupar un cargo público.

Por Renzo Anselmo

Servindi, 8 de abril, 2020.- En una maniobra sospechosa, el Pleno del Congreso de la República, aprobó un proyecto que permite que los parlamentarios sean los únicos que no cumplan con la medida que obliga a los funcionarios a presentar su declaración jurada de intereses (DJI).

El Proyecto de Resolución Legislativa N°5129 que modifica el Reglamento del Congreso de la República para evitar presentar la DJI en una plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), fue aprobado en primera votación con 95 votos a favor, 32 en contra y 1 abstención.

Los partidos políticos que votaron a favor fueron Acción Popular (24), Alianza Para el Progreso (22), Fuerza Popular (15), Unión por el Perú (13), Podemos Perú (10) y Somos Perú (11).

El Frente Popular Agrícola del Perú (15), el Partido Morado (9) y el Frente Amplio (8) votaron en contra. La legisladora independiente Arlette Contreras se abstuvo.

En la primera parte de la primera sesión plenaria virtual del parlamento, se aprobó previamente exonerar de cuestión previa al proyecto, impidiendo así que sea analizado por una comisión. Luego también se la exoneraría de una segunda votación.
 

Foto: Parlamentarios de Fuerza Popular y Podemos Perú votaron a favor del proyecto; mientras que los representantes de Frente Amplio y el Partido Morado votaron en contra / Composición: La República

Modificaciones

El proyecto que fue presentado por el parlamentario de Acción Popular, Ricardo Burga, no hace más que autoexcluir a los legisladores del Decreto de Urgencia N°020-2019 que establece la obligatoriedad de la presentación de la DJI en el sector público.

Dicho decreto fue emitido en diciembre pasado por el gobierno tras superar una crisis institucional que culminó con el cierre del desaprobado Congreso de la República el 30 de setiembre, una medida que fue respaldada por el 70% de los peruanos.

La DJI es un documento que permite identificar los vínculos que tuvieron los funcionarios antes de llegar a ocupar un cargo público. Al obligar a los trabajadores del Estado a presentar dicho documento, el gobierno buscaba evitar casos de corrupción derivados de conflictos de intereses y evitar así el aprovechamiento de la función pública con fines personales.  

En su proyecto inicial, Ricardo Burga planteaba que los legisladores, así como el personal del servicio y de la organización parlamentaria, ya no se vean obligados a presentar su declaración jurada en la plataforma de la PCM, sino que ahora lo harían en un máximo de 30 días ante un Consejo Directivo integrado por los propios parlamentarios.

Sin embargo, en un último texto sustitutorio generado a raíz de diversos cuestionamientos y que fue el que finalmente se aprobó, se añadió que los funcionarios del servicio parlamentario —mas no los congresistas— presenten dicha declaración ante la Contraloría General de la República.

Foto: Proyecto inicial no contemplaba la declaración jurada de intereses ante la Contraloría de la República, sino solo ante el Consejo Directivo integrado por los propios parlamentarios

Motivos cuestionados

El documento sustitutorio fue sustentado por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), quien desde junio del 2016 hasta julio 2017 se desempeñó como contralor, cargo del que fue destituido por acusaciones de infracción a la Ley de la Contraloría, entre las que figura la compra de 90 vehículos sin declararlas.

Foto: El congresista Edgar Alarcón que sustentó el proyecto como presidente de la Comisión de Fiscalización, fue un excontralor que terminó destituido por presuntas irregularidades y que hoy es acusado de haber utilizado fondos públicos para gastos personales / Fuente: GEC

En su alocución, Alarcón —quien recientemente fue acusado de utilizar fondos públicos para sus gastos personales— alegó que el Congreso cuenta con la autonomía suficiente para manejar por su cuenta las declaraciones juradas de intereses y no estar sujeta a una plataforma administrada por el Ejecutivo ya que «las normativas permiten que el Congreso se autorregule».

Esta posición fue reiterada por el autor de la propuesta, Ricardo Burga, quien señaló que el decreto de urgencia del Ejecutivo no respeta la separación de poderes.

Por su parte, el parlamentario del Partido Morado, Alberto De Belaunde, negó que dicho decreto afecte la autonomía del Congreso y señaló que a la fecha son más 40 mil funcionarios del Estado los que han presentado su declaración jurada de intereses.

«[La han presentado] funcionarios y autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo, organismos que al igual que el Congreso, son constitucionalmente autónomos. No es cierto que el único organismo autónomo que se estaría viendo involucrado con esta norma seamos nosotros», expresó De Belaunde durante el pleno.

De los 130 congresistas, hasta el momento solo 9 habían presentado su declaración jurada de intereses. Ellos son Gino Costa, Alberto de Belaunde, Francisco Sagasti y Daniel Olivares del Partido Morado; Mirtha Vásquez, José Luis Ancalle, Absalón Montoya y Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio; y María Gallardo de Podemos Perú.

Rechazan proyecto

Pese a que el proyecto aprobado no señala explícitamente que los congresistas también están obligados a presentar su declaración jurada de intereses ante la Contraloría de la República —sino solo los funcionarios del servicio parlamentario—, algunas bancadas como Alianza Para el Progreso (APP) afirmaron que eso sí sucederá en la práctica.

«APP hará la declaración jurada de intereses ante la Contraloría General de la República. Nosotros no defendemos a las AFP y el cobro de los peajes. Nosotros trabajamos para la población», se lee en un mensaje que difundieron mediante su cuenta oficial de Twitter.

Foto: APP se defiende pero no asegura que el proyecto por el que votaron a favor obligue a los parlamentarios a presentar su declaración ante la Contraloría General de la República

Por su parte, la congresista del Frente Amplio, Mirtha Vásquez, cuestionó que la mayoría parlamentaria haya decidido aprobar un proyecto que limitaría la transparencia de información de los congresistas.

«Fui una de las primeras congresistas que presentó su declaración jurada de intereses. Lamento que solo 9 lo hayamos hecho, y que se trate de evadir esta obligación modificando la ley. ¿Por qué no se quiere transparentar información? ¿Peligran los lobbies? ¿El Congreso tiene corona?», escribió en su cuenta de Twitter.

Desde el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), el legislador Daniel Oseda Yucra también expresó su rechazo a la aprobación del proyecto.

«Mayoría del Congreso excluyó al Congreso del régimen ordinario de presentación de declaración jurada de intereses. Frepap votó en contra y rechaza política de “otorongo no come otorongo”, que debilita la transparencia y la lucha contra la corrupción».

La norma ahora deberá ser remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación en el diario oficial El Peruano.

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Proyecto de Ley N° 5129 presentado por congresista Ricardo Burga (proyecto inicial)

Texto sustitorio que se aprobó finalmente (proyecto modificado y aprobado)

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