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Huánuco: ¡Grave! Intentan quitar protección a líder indígena amenazado

Jesús Cahuasa, líder de la comunidad nativa Unipacuyacu de Huánuco.

Jesús Cahuasa, líder de la comunidad nativa Unipacuyacu de Huánuco, sospecha que personas pidieron anular las garantías que lo protegen con el fin de asesinarlo.

Servindi, 8 de enero, 2021.- El líder de la comunidad nativa Unipacuyacu de Huánuco, Jesús Cahuasa, denunció que dos personas pidieron que le retiren las garantías personales que lo protegen desde octubre de 2020.

El apu detalló que Esteban Beingolea Rivera y Miguel Quispe García se apersonaron el 6 de enero a la prefectura de Huánuco para solicitar que se anulen sus garantías.

Aunque este pedido no prosperó, el apu indicó a Servindi que este viernes fue informado de nuevas amenazas de muerte en su contra, por lo que iniciará acciones para pedir una mejor protección al Estado.

Intento frustrado

En diálogo con Servindi, el apu Jesús Cahuasa narró que el intento para quitarle las garantías que lo protegen fue realizado entre los días 6 y 7 enero.

Estas garantías, le fueron otorgadas al apu luego de que el entonces jefe de la comunidad Unipacuyacu, Arbildo Meléndez, fuera asesinado en abril pasado, en plena pandemia.

Tras el crimen, Cahuasa asumió el liderazgo de la comunidad y desde entonces no ha dejado de recibir amenazas de muerte por exigir la titulación de tierras de Unipacuyacu.

El líder indígena, además, ha denunciado públicamente y con coraje la presencia de narcotraficantes en su comunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Jesús Cahuasa fue uno de los líderes que participó de la audiencia pública ante la CIDH, en octubre de 2020.

Según contó el apu, Beingolea Rivera y Quispe García se acercaron el 6 de enero hasta la prefectura de Huánuco a pedir que se anulen sus garantías personales.

Estas personas viven en el caserío Nueva Libertad, en un área que es reclamada por la comunidad Unipacuyacu, indicó el apu Cahuasa.

Además de que este caserío se opone a la titulación de tierras de Unipacuyacu, refirió que hace dos meses en esta zona ocho presuntos colonos amanecieron asesinadas.

Tras el pedido que ambos hicieron, las autoridades informaron sobre este hecho al apu que, al día siguiente, 7 de enero, fue citado a la prefectura para un “careo” con estas personas.

Sin embargo, aquel día, ya no solo eran Beingolea y Quispe quienes querían anular las garantías de Cahuasa, sino también otras cuatro personas más que aún no han sido identificadas.

El apu, consciente del peligro que implicaba asistir a un encuentro como ese, optó por no apersonarse y prefirió dar cuenta de lo ocurrido a otras instituciones.

Finalmente, cuenta que la noche del 7 de enero, representantes de la prefectura lo llamaron para informarle que el pedido para anular sus garantías no procedería, por lo que debía “sentirse contento”.

Mejor protección

“Cómo me voy a sentir contento si sospechoso que han querido quitarme las garantías para acabar con mi vida”, dice indignado el apu Jesús Cahuasa a Servindi.

Su sospecha se ha reforzado luego de que la mañana de este viernes 8 de enero, recibiera información sobre nuevas amenazas de muerte en su contra.

“Hoy en la mañana me visitó un comunero y me dijo: apu Jesús, tienes que tener mucho cuidado porque el señor Quispe está hablando que te van a asesinar”, cuenta el apu.

Frente a esta situación, Cahuasa afirmó que iniciará acciones para pedir una mejor protección al Estado.

 

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Álvaro Másquez, que lo acompaña en este proceso, detalló a Servindi que están preparando un escrito que enviarán al ministro del Interior, José Elice, el lunes 11 de enero.

“Lo que vamos a pedir es que se dispongan que las medidas de protección policial, sean coordinadas a nivel nacional”, señaló Másquez.

El letrado explicó que, pese a las garantías que tiene Cahuasa, a la fecha, si él desea salir de la provincia de Puerto Inca —donde reside— hacia otra provincia, tiene que presentar un nuevo pedido allí para que la policía lo proteja.

“Aquí lo que se tiene que lograr es que el Ministerio del Interior establezca cierto nivel de coordinación entre todas las prefecturas”, agrega Másquez.

Esto, con el fin de evitar que, cada vez que el dirigente se traslade de una provincia a otra, tenga que presentar un nuevo pedido para ser protegido.

Al ser consultado sobre si era legal convocar a un “careo” al dirigente indígena, el abogado señaló que esto se debe a la naturaleza de las garantías personales, creada para atender casos de violencia doméstica.

“En esos casos, antes de otorgarse las garantías, se puede solicitar un “careo” entre las partes —entre quien la solicita y la persona ante quien busca protegerse—“, indicó.

Sin embargo, recalcó que, en el caso del apu Jesús Cahuasa, este “careo” no debió solicitarse porque las garantías no se las otorgaron en función a una persona en particular.

Además, agregó que no debieron convocarlo al “careo” porque se trata de una persona que se encuentra en “alto riesgo” de ser afectada.

La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau) responsabilizó al Estado por lo que le pueda ocurrir al apu Jesús Cahuasa. Foto: Feconau

En esa línea, también indicó que —a diferencia de los casos de violencia doméstica— en el caso de la garantía a los defensores ambientales no caben posibilidades de solicitar que se anulen.

“Como en este caso no hay una persona en particular ante la que el defensor ambiental busque protegerse, no hay ninguna legitimidad para que alguien pida que se anule o suspenda la garantía”, apuntó.

El apu Jesús Cahuasa, por su parte, pidió a las autoridades prestar atención a su caso y responsabilizó a Beingolea Rivera y Quispe García si algo le llega a pasar a él o a su familia.

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