Servindi, 8 de diciembre, 2016.- Los representantes del Estado de Venezuela admitieron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el proyecto del Arco Minero del Orinoco carece de un estudio de impacto ambiental.
"Cuando lo tengamos lo difundiremos y someteremos a consulta" dijeron muy sueltos de huesos, a pesar que es una obligación constitucional tanto realizar dicho estudio así como respetar el derecho a la consulta previa.
La audiencia sobre el Arco Minero del Orinoco realizada en el 159 Periodo de Sesiones de la CIDH fue solicitada por las oenegés Provea, Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA (GTAI-ULA) y Laboratorio de Paz quienes también formularon recomendaciones a los comisionados.
Los principales temas expuestos por los peticionarios fueron: violación por parte del Estado venezolano a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y la violación del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo, informado y de buena fe.
Asimismo, temas relacionados al Arco Minero del Orinoco (AMO) como la demarcación de territorios indígenas; los derechos laborales; los decretos sobre estado de excepción y emergencia económica y la militarización de los territorios indígenas.
¿Mala fe?
Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho indígena y coordinador del GTAI-ULA, informó que en los últimos meses, el gobierno realiza reuniones dedicadas a informar a los pueblos indígenas sobre “los beneficios” que van a recibir con el proyecto AMO.
Aguilar describió que el gobierno “ha realizado un proceso de cooptación partidista de algunas organizaciones y comunidades indígenas provocando una aculturación, división interna y desviación de la lucha histórica indígena por sus territorios".
Ello en respuesta a la demanda de demarcación territorial planteada por algunos líderes indígenas en reuniones con el alto gobierno.
La posición indígena sostenía que no habrá discusión sobre el Arco Minero hasta que sus territorios hayan sido demarcados y titulados.
Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, describió las violaciones a los derechos laborales, libre asociación y manifestación pacífica generados por el decreto que crea el Arco Minero del Orinoco.
Además detalló como el decreto de estado de excepción y emergencia económica, vigente desde mayo de 2016, permite que las contrataciones para el Arco Minero no deban ser autorizadas por la Asamblea Nacional.
Uzcátegui aludió a la militarización de los territorios indígenas y sostuvo que el artículo 30, numeral 2, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas establece que los Estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.
Finalmente el activista relató los casos de criminalización estatal a quienes cuestionan o se oponen al Arco Minero del Orinoco.
Respuesta estatal
Los representantes del Estado venezolano, liderizados por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Larry Devoe, describieron las motivaciones económicas y sociales que los impulsaba a desarrollar el megaproyecto extractivo.
Asimismo, afirmaron que en un futuro, cuando estuviera listo, se realizaría la difusión de los estudios de impacto ambiental.
En su intervención final Provea recordó que uno de los componentes de la Consulta Previa era ser informada. Al no existir los estudios de impacto ambiental como lo ordena la Constitución, es imposible que el Estado promueva alguna consulta con las comunidades.
Los comisionados de la CIDH rechazaron la criminalización de los defensores de derechos humanos que advierten las contradicciones del Arco Minero del Orinoco y afirmaron que continuarían monitoreando el proyecto, por ser uno de los temas de interés para la Comisión.
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